La discusión sobre cómo deben operar las plataformas de transporte en Colombia suma un nuevo capítulo. Un proceso judicial impulsado por el gremio de taxistas volvió a poner al Ministerio de Transporte bajo la lupa, mientras crecen las exigencias para que aplicaciones como Uber, Didi, Cabify e inDrive sean más transparentes en la forma como calculan sus tarifas y refuercen las medidas de seguridad para usuarios y conductores.
De acuerdo con una primicia publicada por Portafolio, el líder gremial Hugo Ospina presentó este 1 de julio una solicitud ante el Juzgado 803 Transitorio de Familia de Bogotá para que verifique si el Ministerio de Transporte cumplió una sentencia de tutela emitida el pasado 24 de junio, luego de que la cartera fuera señalada de no responder de fondo un derecho de petición radicado desde enero de este año.
La tutela surgió tras varios meses sin una respuesta, pese a que el ministerio fue notificado del proceso judicial. Aunque la entidad presentó memoriales los días 24 y 30 de junio, el representante del gremio sostiene que esos documentos no resolvieron el asunto planteado inicialmente, por lo que pidió la intervención del juez para hacer cumplir la decisión.
El debate va más allá de la tutela
Según la información revelada por Portafolio, detrás de este caso existe otro proceso judicial que comenzó en 2025. En ese momento, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca resolvió una acción popular relacionada con la regulación de las plataformas tecnológicas de movilidad.
En esa decisión, el tribunal exhortó al Ministerio de Transporte y a varias empresas del sector, entre ellas Uber, Didi, Cabify, Beat, Easy Taxi e inDrive, para que adopten medidas orientadas a mejorar la transparencia de los algoritmos que determinan los precios de los viajes, fortalecer los mecanismos de atención de quejas y aumentar las garantías de seguridad tanto para pasajeros como para conductores.
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Uno de los puntos que más ha llamado la atención es el relacionado con la denominada transparencia algorítmica, es decir, que los usuarios conozcan con mayor claridad cómo se determinan los valores que pagan cuando las aplicaciones aplican incrementos por alta demanda, congestión vehicular o condiciones climáticas.
Sin embargo, el propio fallo no elimina las tarifas dinámicas ni obliga a las plataformas a modificar inmediatamente sus esquemas de cobro. Su alcance consiste en formular un exhorto mientras el Gobierno avanza en una regulación específica para este tipo de servicios.
Los taxistas quieren eliminar las tarifas dinámicas
Paralelamente al proceso judicial, la Asociación de Propietarios y Conductores de Taxis (Asoproctax) reiteró su posición frente al funcionamiento de las plataformas.
El gremio sostiene que las aplicaciones deberían cobrar exclusivamente las tarifas oficiales autorizadas por las autoridades locales y respetar los valores marcados por el taxímetro, junto con los recargos establecidos por la regulación vigente.
Según esa interpretación, cualquier cobro superior representaría una práctica contraria a las normas del transporte público individual.
No obstante, la información obtenida por Portafolio señala que esa exigencia específica no hace parte ni de la tutela ni del exhorto emitido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, documentos que centran sus recomendaciones en mejorar la transparencia de los algoritmos y reforzar las condiciones de seguridad, sin ordenar la eliminación de las tarifas dinámicas.
Con este nuevo paso judicial, el debate sobre el funcionamiento de las plataformas de movilidad vuelve a tomar fuerza y podría influir en la futura reglamentación del servicio en Colombia, un tema que enfrenta desde hace varios años a empresas tecnológicas, autoridades y al gremio de taxistas.
