El Ministerio TIC impuso una multa de más de $7.422 millones a Telecall Colombia por incumplimientos relacionados con las obligaciones adquiridas tras la subasta 5G de 2023. Aunque la empresa corrigió posteriormente las faltas detectadas, la sanción quedó en firme y el Gobierno adoptó medidas para garantizar que los proyectos de conectividad comprometidos continúen adelante.
La decisión tiene relevancia porque Telecall obtuvo uno de los bloques de espectro en la banda de 3.500 MHz, una de las frecuencias más importantes para el despliegue de redes 5G en el país. A cambio del permiso de uso durante 20 años, la compañía asumió compromisos económicos y de conectividad orientados a ampliar la cobertura de internet y fortalecer la infraestructura de telecomunicaciones.
Entre las obligaciones adquiridas figuraban la expansión de infraestructura móvil, el fortalecimiento de la cobertura en corredores viales, la conexión mediante fibra óptica de 343 instituciones educativas y la ampliación progresiva de servicios en ciudades y municipios de gran tamaño.
¿Por qué fue sancionada Telecall?
Según informó el Ministerio TIC, durante el seguimiento al proyecto se detectaron dos incumplimientos principales. El primero fue la falta de pago oportuno de la cuota inicial asociada al permiso de uso del espectro. El segundo correspondió a la ausencia de las garantías exigidas para respaldar la ejecución de las obligaciones adquiridas.
Estas situaciones dieron lugar a varias actuaciones administrativas iniciadas durante 2024. Tras agotarse las etapas legales y los recursos presentados por la compañía, la Dirección de Vigilancia, Inspección y Control abrió en marzo de 2026 un proceso sancionatorio formal.
Posteriormente, Telecall realizó el pago pendiente, cercano a $46.921 millones incluyendo actualización monetaria, y presentó las pólizas exigidas por la autoridad. Las garantías fueron revisadas y aprobadas por el Ministerio en mayo de este año.
Sin embargo, el cumplimiento posterior no eliminó la responsabilidad derivada de los incumplimientos ya verificados. Por esa razón se impuso la multa, cuya decisión quedó ejecutoriada el pasado 11 de junio.
Las obligaciones de conectividad siguen vigentes
Más allá de la sanción económica, una de las principales preocupaciones era el futuro de los proyectos asociados a la asignación del espectro.
Para evitar afectaciones en las metas de conectividad, el Ministerio expidió una resolución que ajusta el cronograma de ejecución de las obligaciones de hacer asumidas por Telecall. La medida busca asegurar que las inversiones comprometidas se materialicen y que los beneficios lleguen a las comunidades previstas.
El ajuste no modifica ninguno de los compromisos fundamentales adquiridos por la empresa. Se mantienen el plazo del permiso, los valores económicos pactados, las metas de cobertura, la conectividad para instituciones educativas y los proyectos de despliegue de infraestructura móvil.
La decisión envía además un mensaje al sector de telecomunicaciones: el acceso al espectro radioeléctrico implica obligaciones que deben cumplirse. Para el Gobierno, el objetivo es que las inversiones derivadas de la subasta 5G se traduzcan en más cobertura, mejor infraestructura y mayores oportunidades de acceso a internet, especialmente en las regiones que aún presentan brechas de conectividad.
