De acuerdo con el Ministerio no se encontró suficiente evidencia que comprobara que la Karen Abudinen no cometió alguna conducta irregular durante el proceso de licitación de Centros Poblados. En un documento de 45 páginas se presentaron argumentos para asegurar que a pesar de las fallas y el escándalo por la pérdida de los $70.000 millones de pesos no se puede adjudicar responsabilidad directa a la ex funcionaria del gobierno.

Dicho de otra manera, la procuraduría asegura que no hubo fallas en las normas de contratación pública, de manera que Karen Abudinen no amerita algún tipo de sanción disciplinaria.

¿Qué sigue ahora y qué pasó con la el dinero de Centros Poblados?

Independiente de la decisión de la Procuraduría, se puede entender la frustración de muchos colombianos al recibir la noticia y confirmar muchas predicciones pesimistas que anticipaban que no solo iba a haber pocos castigados, sino que el dinero no se iba a recuperar.

En agosto del 2021 el país se conmocionó cuando se destapó un escándalo de corrupción que comprometían $70.000 millones de pesos. El monto, que el Ministerio de las Tecnologías y las Comunicaciones había desembolsado en febrero, originalmente tenía el objetivo de llevar el servicio de Internet a 7.277 colegios rurales de Colombia.

Sin embargo, y gracias a una denuncia pública realizada a través de W Radio, se descubrió que mientras Claro, que había ganado la otra mitad de la licitación, llevaba 700 puntos conectados, Centro Poblados no llevaba ninguno.

En su momento, el entonces presidente de Colombia, Iván Duque prometió a los colombianos que el Estado iba a recuperar el dinero que se había perdido. Sin embargo, en marzo de este año el MinTIC entregó un panorama mucho más desalentador: el gobierno solo había recuperado $2.000 millones de Centros Poblados y había perdido los otros $68.000 millones de pesos.

“El Gobierno recuperó el proyecto, el proyecto se salvó, hoy está operando, pero el dinero se perdió“, aseguró Mauricio Lizcano en una presentación que realizó sobre el balance del proyecto de Centros Digitales.

Hasta el momento la fiscalía ha acusado y procesado a varios de los involucrados en el caso de Centros Poblados, incluyendo a el contratista condenado por corrupción Emilio Tapia y el representante Luis Fernando Duque. Sin embargo, Lizcano criticó el alcance de la investigación de la fiscalía asegurando que las personas capturadas solo representaban una pequeña porción del dinero que se perdió:

“Muchos de estos están en la casa por pequeñas cantidades que han pagado, pero en total no suman ni 20% del dinero“.

Imágenes: Archivo ENTER.CO

El proyecto Escuelas Potencia Digital estaba en vilo luego de que MinTIC hubiera aplazado en varias ocasiones la licitación, atendiendo a la alerta emitida por parte de la Procuraduría. El ente de control había emitido una alerta ante lo que parecía una irregularidad técnica en las modificaciones de los pliegos definitivos. 

El contrato por casi medio billón de pesos colombianos busca llevar conexión Wifi a 3.000 escuelas alrededor del país, de manera que tengan la capacidad de vincular un alto número de dispositivos independientes. Fue justo en este punto en el que la polémica se presentó. 

El pliego inicial de la contratación indicaba que cada institución educativa dentro del proyecto debía soportar hasta 250 dispositivos conectados a internet en los puntos AP, esto hace referencia a celulares, computadores, tablets,etc. Sin embargo, el 30 de mayo se amplió la capacidad mínima a 300 dispositivos con una capacidad de crecimiento de hasta 700 dispositivos.  

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Aunque desde el Ministerio señalaron que no hubo una extralimitación de la ley de contratación, sino que fue una simple respuesta a uno de los competidores que era Claro, la Procuraduría alertó sobre las posibles irregularidades. Por su parte, el ministro TIC, Mauricio Lizcano, comentó para nuestros colegas de El Colombiano, que la modificación se realizó de manera técnica, pero que no afectaba ninguno de los componentes que otorgaban puntaje a los oferentes. En otras palabras, la modificación no brindaría ningún tipo de beneficio hacia ninguna de las empresas que participaba de la licitación. 

Sin embargo, atendiendo a las preocupaciones por parte de la Procuraduría, el Ministerios de las TIC tomó la decisión de revocar la licitación hasta reorganizarla con los nuevos parámetros de dispositivos conectados. “Reiteramos que esta licitación cumplió todos los criterios de legalidad, transparencia y pluralidad, a la luz de los principios de la contratación estatal y de la Función Pública. No obstante, la determinación de revocarlo busca dar más garantías al proceso y respetar el papel de la Procuraduría atendiendo sus comentarios”, escribió el ministro en su cuenta de X.

Tras una revisión y un análisis riguroso de la respuesta de la Procuraduría (@PGN_COL) al informe técnico que el @Ministerio_TIC le hizo llegar sobre la licitación de Escuelas Potencia Digital, el Ministerio ha decidido revocar el proceso ante las valoraciones e interpretaciones… pic.twitter.com/5yGdaMEtbR

— Mauricio Lizcano (@MauricioLizcano) July 22, 2024

El ministro invitó a los oferentes interesados a presentarse nuevamente ante la licitación pública que se abrirá nuevamente dentro de un mes. El proyecto Escuelas Potencia Digital es la continuación de Centros Poblados, licitación por la que la que Karen Abudinen tuvo que renunciar a su cargo de ministra TIC en el gobierno de Iván Duque. Motivo por el que este nuevo proyecto también está en el ojo del huracán.

Imagen: MinTIC

De acuerdo con MinTIC con los cambios, el país  ya cuenta con 13.243 Centros Digitales, que equivale al 94,21% de avance en un proyecto que se recibió con el 41,89% de ejecución. Esto quiere decir, que en 18 meses, la cartera logró doblar lo realizado desde el inicio del proyecto, en 2020.

Con los nuevos centros ya instalados más de 991.000 estudiantes deberían conectarse de manera gratuita. El Gobierno dice que la meta es tener el 100% de los centros operativos para finales de este año, y seguir recuperando los recursos que se comprometieron en 2021.

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En el momento de la estructuración del proyecto, el país fue dividido geográficamente en dos: la Región A y la Región B. La Región A fue adjudicada en diciembre de 2020 a Comunicación Celular S.A. – Comcel S.A., y deben conectar 7.468 Centros Digitales en 17 departamentos. “A la fecha, tenemos instalados el 100% de los centros”, dijo Néstor Berguero, vicepresidente de Claro.

La Región B, por su parte, es desarrollada por la ‘Unión Temporal ETB Net Colombia Conectada’, tras la caducidad del contrato con la Unión Temporal Centros Poblados, que se dio en julio de 2021. Su compromiso es conectar 6.589 Centros Digitales en 15 departamentos del país. “Actualmente vamos sobre el 91% de Centros Digitales instalados en las diferentes zonas que nos corresponden”, aseguró Alex Blanco, presidente de ETB.

¿Qué tiene  un Centro Digital?

Cada Centro Digital cuenta con dos puntos de conectividad: una zona wifi interna, ubicada generalmente en las salas de informática o cómputo de las instituciones públicas, y una zona wifi externa, para que las comunidades que habitan cerca o transitan alrededor del colegio también puedan acceder al servicio de manera gratuita, desde sus dispositivos, siempre que lo necesiten.

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Los estudiantes, comunidad educativa y demás habitantes de las veredas y corregimientos beneficiados cuentan con Internet gratuito las 24 horas del día, de manera fácil y rápida. Solo deben activar el wifi de sus dispositivos móviles, ubicar la red “Mintic Conecta”, diligenciar los datos solicitados, y aceptar los términos y condiciones para comenzar a navegar. Cada Centro Digital tiene una cobertura de hasta 7.800 m2, que es el equivalente a una cancha de fútbol, aproximadamente. Las personas que están fuera de este rango no podrán conectarse a la red.

Imagen: MinTIC

Coronell, reveló parte de los audios en La W Radio. Allí explicó que Tapia hace categóricos señalamientos contra Abuchaibe, porque al parecer buscó a uno de sus socios en el contrato de Centros Poblados y le habría solicitado “un gran pedazo porcentual por la adjudicación”.

Así mismo, la revista Cambio, reseña que la madre de la exfuncionaria del gobierno de Duque, “pidió 70.000 millones de pesos, siendo un contrato por un billón, y que esta cifra le resultó muy elevada cuando le informaron al respecto al contratista”.

“A nosotros. A mí me habían abordado. Yo no había accedido al tema. Nunca quise asistir a ninguna reunión, porque no me interesaba, no me interesaba. El socio me dijo ‘mira me está hablando la mamá de la ministra’, la mamá, aquí en Barranquilla. Y tal. Y me está llamando que para organizar el tema, que no sé qué. Yo le dije ‘mira, si tú quieres escucha pero yo no asisto a eso’. Efectivamente, se reúne, habla ¿Y sabe cuánto le pidió? 7 por ciento”, se escucha en la grabación.

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Sin embargo el periodista, señala que las acusaciones del contratista no están probadas, y la madre de la exministra, “tampoco puede dar su versión de los hechos, debido a que falleció de covid-19 en mayo de 2021”. Según la investigación periodística la presunta conversación que menciona Emilio Tapia habría tenido lugar en 2020.

Por su parte, la exministra Karen Abudinen, respondió las acusaciones de Tapia, y explicó en un comunicado que ella siempre fue una “piedra en el zapato” para el plan delictivo del contratista. “Creí que por hacer el bien, por actuar correctamente había pagado ya todos los precios que me quisieron cobrar, pero escuchar al dos veces capturado Emilio Tapia, ‘el gran ciudadano’ para muchos, pretendiendo enlodar la memoria de mi madre (…) es sencillamente una canallada”, reseña la misiva.

¿Un preacuerdo para Emilio Tapia?

Coronell, además de los audios revelados donde el contratista acusa a la mamá de la exministra por pedir coimas, también señala que que la Fiscalía tenía listo un preacuerdo con Tapia en el caso de Centros Poblados, en el que solo beneficiaba al contratista.

El periodista explica que por “su multimillonario acto de corrupción” tan solo le darían 55 meses de cárcel, con lo cual el año entrante estaría en detención domiciliaria y poco después libre como el viento”.

Además, el contratista no tendría que “entregar información, ni delatar a nadie”. Y que iba a entregar una suma de dinero simbólica a manera de restauración”.

Por su parte, la Fiscalìa negó haber acordado con Tapia, sin embargo Coronell reveló al día siguiente los “primeros audios del procesado contando de viva voz los términos del insólito convenio con el ente acusador”.

Actualmente, la DIAN tiene en su poder lotes de mercancías del proyecto que suman al menos 9 mil millones de pesos colombianos. Ahora, la DIAN pretende recuperar ese dinero por medio de la subasta que iniciará el día de hoy 3 de agosto  sobre las 2:30 de la tarde por la página web www.elmartillo.com.co. Desde hoy hasta el día de mañana, 4 de agosto a las 2:30 pm estará habilitada la subasta a todos los colombianos y extranjeros. Dicha mercancía fue interceptada por las direcciones seccionales de aduanas suscritas a la DIAN en enero del presente año. Los entes encargados encontraron la mercancía en Buenaventura, Cartagena y Bogotá.

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Entre la mercancía a subastar se encuentran UPS, kits satelitales, componentes de soluciones de energía solar, paneles solares y baterías de litio. Así mismo, la DIAN cuenta con otros lotes de mercancías del mismo tipo que están a la espera de ser nacionalizados; en caso de que esto no suceda, se declarará mercancía abandonada. Toda esta mercancía estaba precisamente destinada por Unión Temporal para adelantar la conexión en las escuelas rurales.

Cabe recordar que según MinTic y Karen Abudinen, quien ejercía como Ministra, los 70 mil millones se habían girado a la Unión Temporal Centros Poblados. Ésta entidad había sido contratada para realizar la conexión de internet en escuelas rurales.

Imagen: DIAN

Hoy el presidente Duque respondió, en una entrevista con el programa 6AM de Caracol Radio sobre el estado de la recuperación de este dinero “Ya están en desarrollo los embargos del MinTIC, esperamos que, con la mesa en la Contraloría, con embargos adicionales, podamos monetizar sobre esos bienes y recuperar esos recursos”, aseguró el mandatario. La respuesta llega en un momento importante, pues la recuperación de esta inversión puede quedar en el limbo jurídico si no se concreta para antes del fin de la administración actual.

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El embargo del que habla el presidente, sin embargo, es un procedimiento que no es nuevo. El embargo se decretó en agosto del año pasado y lo que se espera es su ejecución. También sorprende que el presidente asegure que el monto que representan son de 65.000 millones de pesos, cuando las estimaciones del MinTIC era que estos bienes representaban tan solo 39.000 millones.

Por supuesto, el mayor problema en las contrataciones está en que a falta de resolución la deuda por estos contratos sigue creciendo y, de manera segura, terminará afectando los bolsillos de los colombianos. La semana pasada se advertía que los bancos habían iniciado los procesos para el cobro de los prestamos realizados a Centros Poblados, de los que el Estado es Garante. En caso de que se deba pagar este dinero, los contribuyentes tendríamos que pagar otros 7.000 millones de pesos y que saldrían de nada más que del Emergencia (FOME).

En agosto del 2021 el país se conmocionó cuando se destapó el escándalo de corrupción que comprometían 70.000 millones de pesos. El monto, que el Ministerio de las Tecnologías y las Comunicaciones había desembolsado en febrero, originalmente tenía el objetivo de llevar el servicio de Internet a 7.277 colegios rurales del país. Todo, pese a las advertencias enviadas con meses de anticipación por la periodista de W Radio, Paola Herrera. Ella, desde 2020 quien seguía de cerca ese contrato billonario, el cual se había adjudicado a Centros Poblados.

Dichas alertas tenían que ver con los antecedentes de varias de las empresas que constituían la unión temporal. Pues en el pasado ya había sido ganadora de otros contratos públicos que presentaban irregularidades. A pesar de esto, Niutelco, Intec de la Costa, que hacían parte de Centros Poblados y que además ya habían estado envueltas en situaciones irregulares que involucraban (como en el caso de Intec de la Costa) la presentación de “certificación falsa y errada del representante legal y el supervisor fiscal al reportar paz y salvo en el pago de la seguridad social de algunos trabajadores”, volvían a ganar un contrato público, por encima de otras compañías de telecomunicaciones reconocidas y fiables.

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El compromiso de la licitación era llevar Internet a 15 zonas alejadas de Amazonas, Arauca, Bogotá, D. C., Bolívar, Boyacá, Casanare, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Magdalena, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca y Vichada.

Hasta ese momento, las aguas permanecían un poco mansas. Pero , en mayo del 2021, se supo que mientras Claro, que había ganado la otra mitad de la licitación, llevaba 700 puntos conectados, Centro Poblados no llevaba ninguno. A pesar de que en ese mes, el MinTic informó que Centros Poblados había incumplido con el contrato, el escándalo de corrupción terminó de mostrar sus dimensiones cuando se hizo público que las garantía presentadas por la UT para acceder a los 70.000 millones como adelanto habían sido falsificadas. El mismo día el MinTIC inició un proceso en la fiscalía contra Centros Poblados, así como se traslado el caso a la procuraduría y a la Contraloría.

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La investigación publicada en varias entregas por La W Radio le costó la salida a la abogada Karen Abudinen del Ministerio de Telecomunicaciones. También terminó con la detención del contratista Emilio Tapia, quien en la actualidad se encuentra recluido en la Cárcel de la Picota.

La actual ministra de esa cartera, Carmen Ligia Valderrama, aseguró el pasado 17 de diciembre que el contrato caducado a Centros Poblados pasará a manos de Colombia Conecta: una unión temporal constituida por la compañía de internet satelital, SkyNet y por ETB. Según Valderrama, entre ambas empresas deberán conectar las instituciones de la llamada Región B en 16 meses. Además sostuvo públicamente que el Gobierno Nacional continúa «con la ejecución de todas las acciones para sancionar a los contratistas incumplidos».

¿Dónde están los $70.000 millones que se entregaron a Centros Poblados?

A pesar de que en un principio, el representante legal de Centros Poblados, Luis Fernando Duque advirtió que los recursos disputados no podrían ser devueltos en dinero, puesto a que «ya se habían invertido en la consecución de equipos de soluciones solares que primero debían llevar energía a las zonas adjudicadas» (sin contar el resto de las supuestas compras que el proyecto supuestamente necesitaba), el periódico El Colombiano sostuvo que el contratista Emilio Tapia, estaría evaluando devolver los $70 millones de pesos para lograr un preacuerdo con la Fiscalía. Este dinero, según el medio antioqueño, podría salir de sus cuentas en Panamá.

La negociación habría tenido lugar 26 horas después de que Tapia, quién aún permanece recluido, revelara algunos nombres de presuntos implicados en el caso.

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Imágenes: MinTic 

El traspaso del contrato de $1.07 billones de pesos, que le costó la salida a la abogada Karen Abudinen del ministerio, fue anunciado el jueves 17 de diciembre por la nueva ministra, quién además sostuvo públicamente que el Gobierno Nacional continúa “con la ejecución de todas las acciones para sancionar a los contratistas incumplidos”. De acuerdo a Valderrama, Centros Poblados “tendrá que devolver integralmente los más de $70 mil millones de pesos del anticipo”, además de realizar un pago de $39.015 millones de pesos contemplado en la cláusula penal del contrato, como informó Caracol Radio.

Vamos a cumplirle a los niños y niñas de las zonas rurales con los Centros Digitales a través de un nuevo contrato con la ETB. Continuamos con la ejecución de todas las acciones para sancionar a los contratistas incumplidos #ConectivadEsEquidad @infopresidencia pic.twitter.com/aa6dJnG4Ao

— Carmen Ligia Valderrama Rojas (@CarmenLigiaV) December 16, 2021

¿Dónde están los $70.000 millones que se entregaron a Centros Poblados?

A pesar de que en un principio, el representante legal de Centros Poblados, Luis Fernando Duque advirtió que los recursos disputados no podrían ser devueltos en dinero, puesto a que “ya se habían invertido en la consecución de equipos de soluciones solares que primero debían llevar energía a las zonas adjudicadas” (sin contar el resto de las supuestas compras que el proyecto supuestamente necesitaba), el periódico El Colombiano sostuvo que el contratista Emilio Tapia, estaría evaluando devolver los $70 millones de pesos para lograr un preacuerdo con la Fiscalía. Este dinero, según el medio antioqueño, podría salir de sus cuentas en Panamá.

La negociación habría tenido lugar 26 horas después de que Tapia, quién aún permanece recluido en la Cárcel de la Picota por este escándalo de corrupción, revelara algunos nombres de presuntos implicados en el caso.

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Con la nueva adjudicación se espera que sean más de 14.000 escuelas rurales (y no únicamente la mitad como estaba previsto en el contrato caducado) que puedan contar con el servicio de Internet. Estos colegios se encuentran en Arauca, Cundinamarca (incluida Bogotá), Bolívar, Boyacá, Casanare, Cauca, Chocó, Magdalena, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca y Vichada.

Imágenes: Radio Nacional

“Yo me encontré con un contrato caducado”, aseguró Carmen Ligia Valderrama Rojas, la nueva ministra, durante una rueda de prensa durante Andicom 2021. “El análisis responsable, es que es un contrato en el que se realizó un anticipo de $70.000 millones de pesos. Esto del billón de pesos, estaba originalmente destinado. Así que ahora el reto es tomar la decisión jurídica de ve qué vamos a hacer con estos dineros”.

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De acuerdo con Valderrama, se está realizando un análisis financiero (para saber qué hacer con el dinero), y técnico (para decidir desde qué punto se debe retomar). La ministra también aclaró que ETB no está confirmado como la compañía que retomará el contrato de Centros Poblados. Según sus declaraciones, el hecho de que la compañía haya quedado como segundo en la licitación del contrato asegura que la empresa es uno de los candidatos a retomar el contrato, pero aclaró que no se ha tomado una determinación al respecto. “Por supuesto es necesario saber qué ocurrió con los 70.000 millones de pesos. Pero yo no puedo trascender a las decisiones que corresponden a las autoridades de control. Estamos entregando todos los documentos”.

Cuando se le preguntó a la ministra TIC si tenía conocimiento de cuándo se retomaría el proyecto de Centros Poblados, la funcionaría no entregó una estimación. En vez de eso, se centró en los otros proyectos que en estos momentos el ministerio está trabajando.

Valderrama también aclaró que Centros Poblados es tan solo una de las compañías a cargo de los proyectos que en estos momentos tiene el MinTIC para conectar a los niños del país con las tecnologías.

Por último, la ministra aseguró que no se descarta el tener que realizar una nueva licitación para asignar el proyecto de Centros Digitales. Esto, cuando se le preguntó si era posible entregar una ventana para las respuestas que los colombianos. “Necesitamos rigurosidad. No podemos dar una respuesta acelerada”, aseguró la funcionaria al no confirmar una fecha para reanudar el proyecto.

En una entrevista para Caracol , Abudinen aseguró que su salida del país se realizó por ‘motivos personales’. La ex ministra también se defendió y aseguró que tiene el derecho a salir del país “como cualquier otro ciudadano”.  Medios nacionales también confirmaron con Migración Colombia que la ex ministra TIC no tenía ningún impedimento para abandonar Colombia.

El momento de su salida, sin embargo, ha despertado críticas por parte de las redes sociales. La razón es que el mismo día en el que se le vio saliendo del país, la Corte Suprema de Justicia en Colombia citó a Abudinen para que rinda su versión en la investigación que se adelanta en contra de los congresistas Armando Benedetti, Antonio Luis Zabaraín Guevara, Daira de Jesús Galvis Méndez y Mauricio Gómez Amín por supuesto tráfico de influencias dentro del caso.

#UnaVulgaridadEs Que aunque la exministra Karen Abudinen fue llamada para declarar por el escándalo de Centros Poblados, aún así fue vista en el Aeropuerto El Dorado, preparada para abordar un vuelo con destino a Washington. pic.twitter.com/8Lq66s1yBh

— Revista Primera Línea Colombia (@PrimeraLineacol) October 20, 2021

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En el caso de Centros Poblados todavía no se da cuentas los más de 70.000 millones de pesos que fueron adelantados. Aunque el proyecto ahora ha sido retomado por parte de ETB, el dinero adelantado permanece embolatado, pese a la promesa de la ex ministra y de Iván Duque, presidente de Colombia. También se ha criticado la falta de castigos a los responsables políticos de la asignación de estos contratos. Aunque se ha comprobado que hubo inconsistencias importantes en la licitación de estos, todavía no hemos escuchado de sanciones para la ministra o los miembros de su gabinete acusados.

Finalmente, a la diligencia también fue citado el senador de Cambio Radical, Antonio Zabaraín, quien había solicitado a la Corte ser escuchado en versión libre para conocer detalles sobre su presunta injerencia dentro del caso.

Noticia en desarrollo.

Imágenes: MinTIC

De acuerdo con el presidente, Carmen Ligia Valderrama tendrá la responsabilidad de continuar todos los proyectos de conectividad en marcha, avanzar en la formación de los 100.000 programadores, llevar internet de alta velocidad al 70% del país y avanzar en la consolidación de una economía y gobierno digital. Las metas propuestas son bastante ambiciosas, considerando que la ministra actual solo se desempeñará en el cargo por el tiempo restante de la administración actual.

He designado a la Dra. @CarmenLigiaV como nueva ministra TIC. La Dra. Valderrama se venía desempeñando como Vice Ministra de Transporte y también ha sido Superintendente de Transporte, Superintendente delegada para la protección del consumidor y Secretaria General de la @sicsuper

— Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) September 28, 2021

Aunque el presidente no mencionó directamente el caso de Centros Poblados, sí aseguró que “la nueva Ministra TIC tiene la tarea de apoyar la labor de todos los organismos de control para llevar hasta las últimas consecuencias a quienes de manera fraudulenta querían desfalcar al Estado”.

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Carmen Ligia Valderrama, antes de ser nombrada como la nueva ministra TIC, se desempeñaba como viceministra de transporte. Es abogada y especialista en derecho de los negocios de la Universidad Externado de Colombia, y magíster en derecho empresarial del Centro Europeo de Estudios y Formación Empresarial Garriguez & Andersen de Madrid-España. De hecho, antes de unirse al MinTIC, la nueva ministra estaba vinculada con el Ministerio de Transporte desde 2018. Ella fue una de las piezas clave y una vocera activa del Gobierno durante los bloqueos viales ocasionados por las marchas en 2021.

También tiene otra experiencia en cargos de gobierno como Superintendente de Transporte, Superintendente delegada para la protección del consumidor y Secretaria General de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Durante el gobierno del presidente Duque han sido nombradas tres ministras de la TIC. Inicialmente el cargo estuvo ocupado por Silvia Constaín, que se desempeñó en el cargo desde 2018 hasta abril 29 del 2020, cuando fue remplazada por Karen Abudinen. El 9 de septiembre el Presidente Duque le pidió la renuncia a la ministra Abudinen, en medio de una ola de críticas por el caso de corrupción de Centros Poblados y los 70.000 millones de pesos ’embolatados’.

Noticia en desarrollo

Imágenes: Ministerio de Transporte

Esta mañana, el empresario Emilio Tapia Aldana, representante de la empresa ICM Ingenieros, una de las compañías que hacen parte de la UTCP, fue capturado por agentes del CTI de la Fiscalía y será acusado de detrimento patrimonial de los recursos del contrato del MinTIC. También se confirmó la captura en Barranquilla de Luis Fernando Duque, representante de Centros Poblados.

ICM Ingenieros fue investigada por la Fiscalía por el pago de sobornos para recibir obras civiles e infraestructura vial en Bogotá. Por su parte, Duque aseguró en una entrevista con El Espectador que solo conocía una de las cuatro empresas pertenecientes al consorcio de la UTCP.

La Unión Temporal Centros Poblados fue adjudicado con un contrato para conectar zonas rurales y para esto recibió un anticipo de $70.000 millones de pesos. Las zonas digitales no fueron construidas; aunque UTCP afirma tener 840 sitios, que el MinTIC no ha confirmado. Además, Karen Abudinen renunció a su cargo como ministra de las TIC y estamos a la espera de un nombramiento oficial del nuevo jefe; por ahora, Iván Durán será el ministro encargado, mientras que el Gobierno encuentra una mujer para esta posición.

Noticia en desarrollo…

Imágenes: Montaje ENTER.CO.

Abril 29 de 2020 – Colombia tiene nueva Ministra TIC

El presidente confirma la renuncia de la anterior Ministra TIC, Sylvia Constaín. Para muchos, la asignación de Abudinen despertó dudas. La funcionaría había servido antes aren como consejera presidencial para las regiones, y exdirectora del ICBF. Más importante, para muchos era relevante que fuera una de las cuotas políticas de la administración actual, así como su cercanía con clanes políticos en la costa.

9 de diciembre de 2020 – Se adjudica el contrato de Centros Poblados

Pese a comentarios recientes del MinTIC, desde la adjudicación del contrato ya había dudas. El contrato tenía como fin el conectar a 7.277 colegios de zonas rurales en Colombia. Los 15 departamentos escogidos fueron: Amazonas, Arauca, Bogotá, D. C., Bolívar, Boyacá, Casanare, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Magdalena, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca y Vichada.

Mayo 27 – el MinTIC informa del incumplimiento del contrato

El MinTIC informa que Centros Poblados ha incumplido con el contrato. Se inicia un proceso contra la empresa.

Junio 25 – Las garantías falsas

El 25 se realiza la primera audiencia contra la compañía frente a la falta de cumplimiento del contrato. Es en este punto que se conoce que las garantía presentadas para acceder a los 70.000 millones como adelanto fueron falsificadas. El mismo día el MinTIC inició un proceso en la fiscalía contra Centros Poblados, así como se traslado el caso a la procuraduría y a la a Contraloría

Agosto 10 – ¿Dónde están los $70.000 millones de Centros poblados?

Medios colombianos, en particular la periodista Paola Herrera de la W, que hizo públicas las irregularidades en el contrato con la empresa Centros Poblados. De la contratación llamó la atención que, pese al adelanto, a la fecha había 0 puntos instalados. También se descubrió que muchas de las licencias solicitadas para la licitación habían sido falsificadas. Un punto adicional que puso la lupa en el contrato estuvo en que una parte importante del dinero había salido del país, a través del pago a otra empresa en los Estados Unidos.

Agosto 12 – Duque afirma su apoyo a la ministra

El presidente apoya a la Ministra Abudinen asegurando que ‘confiaba en su carácter’ y ofreció su ayuda para lograr el reintegro. Además, aseguró que ya se hicieron solicitudes a organismos internacionales.

Agosto 13 – se da caducidad al contrato con Centros Poblados

Después de una sesión que inició el 11 de agosto, se dio caducidad al contrato. Con esta decisión, todos los contratos con los miembros del consorcio y el Estado cesaron, así como se le vetó de trabajar con el país por cinco años.

Agosto 18 – La Fiscalía abre un proceso de responsabilidad Fiscal

La Fiscalía abrió un proceso de responsabilidad fiscal contra varios de los funcionarios a cargo de la contratación con Centros Poblados.

Agosto 18 – Nuovo Security

Se llama atención a la compañía que recibió 50.000 millones, de los 70.000 entregados a Centros Poblados. La empresa en los Estados Unidos al parecer sirvió como proveedor de equipos de seguridad. Sin embargo, esta compañía despierta más dudas por la ausencia de experiencia como proveedor y que uno de sus dueños ya estuviera involucrado con otro escándalo por el uso de recursos en programas del Gobierno.

Agosto 20 – Superfinanciera entra en el caso 

La Superfinanciera, en medio de este enredo, pide a los organismos de control e involucrados que compartan los documentos para verificar las garantías y su autenticidad. Mencionamos solamente este capítulo, porque la entidad también pidió que todas incluyeran un punto de contacto telefónico (físico o virtual) para solicitar información adicional.

Agosto 24 – ETB toma control del contrato

El MinTIC anuncia que después de la caducidad del contrato, ETB tomará control del contrato que había sido asignado a Centros Poblados. El dato, por supuesto, es que la compañía había quedado en segundo lugar, siendo seleccionados Centro Poblados por encima de ellos.

Agosto 24 – Se ordena la suspensión de la caducidad del contrato

Ese mismo día y para sorpresa de todo el país, se informa que un juez ha ordenado la suspensión de la caducidad del contrato ordenado por el MinTIC. En medio de todo esto el MinTIC asegura que Centros Poblados está tomando todas las acciones legales posibles para dilatar el proceso.

Agosto 30 – ocho contratos de Centros Poblados con el Estado

La fiscalía encuentra al menos otros ocho contratos con Centros Poblados y el Estados. Se prenden las alarmas por nuevas irregularidades, así como la Fiscalía solicita que estos contratos también para verificarlos.

Septiembre 3 – la sesión de moción de censura a Karen Abudinen

La Ministra TIC es citada ante el congreso para responder y defenderse por la contratación de Centros Poblados. La moción de censura es un recurso mediante el cual se puede solicitar a un funcionario a retirarse de un cargo público (básicamente, una manera en la que el Congreso puede ‘despedir’ a alguien). La sesión inicia sin una decisión definitiva y con la mayoría de argumentos del MinTIC intactos: ellos fueron los que descubrieron las irregularidades y se recuperará el dinero. 

Septiembre 7 – Nuevas renuncias en el Ministerio TIC

Adriana Meza Consuegra, secretaria general del MinTIC, y Sandra Orjuela, subdirectora de Gestión Contractual, presentaron su renuncia al MinTIC. Ambas funcionarias estaban dentro del proceso de responsabilidad abierto por la Fiscalía.

Septiembre 09 – La Ministra TIC renuncia

A inicios del día la FM aseguró que el Gobierno solicitaría la renuncia a la ministra TIC. Antes de las 8:00 de la mañana varios medios nacionales confirmaban la noticia, asegurando que la Ministra sería removida del cargo. En horas de la tarde, a través de una interlocución, Abudinen confirmó que había presentado su carta de renuncia al presidente Iván Duque. 

Imágenes: MinTIC

La renuncia de ambas funcionarias es importante, pue estaban involucradas con la firma de los contratos cuestionados. De hecho, el pasado 18 de agosto la Fiscalía de la Nación abrió un proceso de responsabilidad fiscal. Dos de las personas vinculadas a esta investigación eran Consuegra y Orjuela. De acuerdo a fuentes cercanas a ambas, la renuncia fue presentada para que puedan preparar sus defensas frente a los procesos a futuro.

Así, todas las personas vinculadas a la investigación ya han presentado sus renuncias a la entidad. A finales de julio, cuando se destapó por primera vez las irregularidades en el proceso, Camilo Alberto Jiménez Santofimio ya había presentado su renuncia. Cabe mencionar que en el caso de este funcionario su retiró se dio mucho antes de que la Fiscalía estableciera medidas cautelares. Con estas se está buscando bienes y se cuentas bancarias de los involucrados.

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Lo anterior se da entre nuevas solicitudes que piden responsabilidad política a Karen Abudinen, Ministra de las TIC, por este caso de corrupción. La funcionaría ha reiterado en diversas ocasiones que no planea presentar su renuncia. Iván Duque, presidente de Colombia, no le ha solicitado tampoco el retiro del cargo y, por el contrario, ha mostrado su apoyo a Abudinen.

También vale la pena mencionar que esta semana se ha vuelto a llamar la atención la procuradora general, Margarita Cabello, a cargo del caso de Centros Poblados. La semana anterior se había presentado una solicitud de recusación para ella, considerando sus vínculos con Abudinen. Sin embargo, la Procuraduría negó la petición de la Red Nacional de Veedurías Ciudadanas Bien Común.

Imágenes: MinTIC

Lo que, por supuesto, ha creado solo más burlas y ha motivo a miles de personas a utilizar la frase. La solicitud es, además, extraña porque no es la primera palabra viral que ha sido documentada por la RAE, reconociendo el significado que tienen. En ENTER.CO hemos buscado en la Internet y nos hemos encontrado con palabras ‘virales’ (es decir, promovidas principalmente por la Internet) que han sido documentadas por la RAE.

Chihúan

Comencemos con otra expresión que tiene como origen un político. En 2018 Leyla Chihúan, una congresista de Perú, aseguró que su sueldo de 15 mil soles (cerca de 15 millones de pesos en Colombia) no alcanzaban para vivir. El apellido de la política luego fue utilizado para decir que alguien estaba necesitado de dinero o que no tenía suficiente dinero para vivir.

Ej. No tengo para almorzar. Estoy Chihúan

Trino

Si van por fuera de Colombia y le dicen a alguien que mire Twitter y vea su último trino los va a mirar con cara de confundido. Aunque en Colombia hemos normalizado el uso de la palabra para referirnos a un tuit, no se trata de una palabra que esté aceptada por la RAE, aunque su uso en nuestro país ha sido reconocido como válido por la institución.

Ej. Miren lo que trinó la ministra.

Suanfonson

Esta expresión, de hecho, se ganó algunos titulares el año pasado cuando la RAE también la documentó, después de ver su uso repetido en redes sociales. Suanfonson quiere decir algo que ‘va rápido’ o algo que ‘es veloz’. Se trata de la manera en la que escribe una onomatopeya que imita un vehículo que va muy rápido por la carretera.

Ej. La plata de Centros Poblados se fue en un suanfonson.

Wasapear

En esta categoría entran los hermanos de Wasapear, como ‘Wasapéalo’ o ‘Wasapazo’. Es la manera como nos referimos a escribir a través de WhatsApp o a uno de los mensajes que recibimos en la red social. ‘Facebuquear’ o ‘Yutubear’.

Ej. Nos la pasamos wasapeando toda la noche.

UwU

Esta es una reciente. Si alguna vez han estado en un foro de mensajes (en especial en uno de anime) se habrán encontrado con la palabra UwU. Más que una palabra, la combinación de letras y consonantes (que, por cierto, deben ir como mayúscula, minúscula y de nuevo mayúscula) pretende imitar una cara anime tierna. Esto es lo que quiere expresar: felicidad o ternura.

Ej: ayer me arrunche toda la tarde con mi gato. UwU.

Googlear y Guglear

Otro ejemplo de una herramienta web convertida en verbo. Hoy nos sale natural pedirle a alguien que googlee/guglee algo. La expresión significa buscar algo en Internet (no necesariamente en el buscador de Google) y por ahora no está en el diccionario de la RAE, pero ha sido reconocida la institución.

Ej. Dime que gugleas y te diré quién eres.

Abudinar

El ejemplo más reciente. Después de que se denunciara el limbo de 70.000 millones de pesos destinados a llevar Internet a lugares alejados del país y de que se descubrieran inconsistencias en el proceso de contratación, se ha culpado a Karen Abudinen, la Ministra TIC, del desastre y se le ha pedido respuestas claras. Ante la ausencia de una renuncia, la Internet ha decidido utilizar ‘Abudinar’ como un sinónimo de ‘robar’ o ‘hurtar.

Ej. Se han abudinado los recursos del Estado.

Imágenes: RAE

¿Existe la palabra Abudinar?

Si es la primera vez que escucha de la expresión Abudinar no está solo. La palabra en realidad no ha sido creada, sino que se ha utilizado principalmente como broma al momento de hablar de la situación actual con Centros poblados y la Ministra TIC.

#RAEconsultas Documentamos las formas «abudinar» y «abudinear» en textos de redes sociales como verbos de reciente creación, usados en el habla popular de Colombia con el sentido de ‘robar, estafar’.

— RAE (@RAEinforma) September 1, 2021

¿Cómo llegó a la RAE entonces?

Un usuario en twitter escribió a la cuenta de @RAEInforma, que usualmente es utilizada para responder dudas del español, si tenían registro de la palabra Abudinar y abudinear. La Academia respondió que no, a lo que el usuario contestó que eran unas expresiones recientes utilizadas en redes sociales.

¿Qué hizo la RAE?

Las documentó como verbos de reciente creación o uso.

¿Es decir que las agregó al diccionario de español?

No. Documentar una expresión es reconocer que se trata de una palabra que se está utilizando dentro del idioma español, pero no necesariamente aprobar o incluir su uso en el español. Por ejemplo, otra palabra documentada es la expresión ‘trino’. En el diccionario el término es solo utilizado para referirse al canto de los pájaros, pero la RAE la ha documentado como un sinónimo de Tuit en Colombia.

¿Qué dijo la Ministra TIC, Karen Abudinen?

A través de redes le solicitó a la RAE que se pronuncie oficialmente y remueva la documentación de la expresión de su diccionario. También aseguró que el uso de esta expresión estaba causando daño a los miembros de su familia, “entre los que se encontraban menores de edad”.

¿Qué puede hacer la RAE?

Honestamente, nada. Es poco probable que a la RAE le importe el debate social alrededor de la palabra o las quejas de la Ministra TIC. Seguramente verificarán si la palabra en efecto es una expresión de uso reciente o si se trata de, en la palabra de la ministra TIC, es utilizada por las “jaurías digitales para incubar la falsa creencia de que mi apellido fue adoptado por ellos como verbo”.

La @RAEinforma fue utilizada por las “jaurías” digitales para incubar la falsa creencia de que mi apellido fue adoptado por ellos como verbo que significa “robar o estafar” en Colombia. Esto está llegando a límites inconcebibles. #SeguimosTrabajando

— Karen Abudinen (@karenabudi) September 6, 2021

¿En verdad se está usando el verbo Abudinar?

Es difícil decirlo. Lo cierto es que el trino parece más un intento por insultar a la ministra TIC que por dar reconocimiento a una expresión. De manera curiosa, al llamar la atención al tema lo que se ha hecho es promover su uso. Si ahora ingresas Abudinar en twitter encontrarás un centenar de tuits que lo están usando.

¿y qué pasó con los 70.000 millones de pesos?

No sabemos. De acuerdo con la ministra ya se han embargado bienes para garantizar la recuperación del dinero después de que se cancelara el contrato con Centros Poblados. Dicho esto, la ministra TIC ha fallado en responder sobre la falta de controles que se realizaron en la elección de empresas para el proyecto. La opinión pública también ha criticado la falta de acciones contra las personas involucradas en todo este escándalo, considerando las múltiples irregularidades encontradas.

Imágenes: MinTIC

Ernesto Matallana, apoderado de la interventoría, y Eliécer Mora, representante legal del consorcio PE2020 C Digitales, confirmaron que los centros digitales existen y están en operación. Sin embargo, la UTCP tendría que haber reportado con material audiovisual 773 puntos y no lo hizo; en su lugar pidió un tiempo para cumplir la meta asegurando que por la pandemia y el Canal de Suez se habían atrasado materiales; argumentos que se rechazaron en su momento.

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Los dos voceros le explicaron a El Espectador que la UTCP presentó prueba de 400 centros digitales cuando se iniciaron las audiencias por los documentos falsos e incumplimiento y siguió haciéndolo hasta que se declaró la caducidad del contrato.

¿Por qué la interventoría hasta ahora confirma los centros digitales?

De acuerdo con la interventoría no se han hecho visitas oficiales, pues el presupuesto para hacerlas se hace cuando se entrega terminado el proyecto. “El contratista solo llegó al primer paso: reportar los sitios instalados. Falta hacer pruebas remotas, revisar sistemas de gestión y luego ordenar una ruta de trabajo para ir a campo”, le explicó Mora al diario.

Sin embargo, se hicieron visitas aleatorias a varios puntos de Boyacá y todo parece estar en orden. El representante de la interventoría señala que se autorizó el anticipo de los $70.000 millones porque la UTCP presentó un plan de inversión viable y de acuerdo con los objetivos planteados por el proyecto.

La interventoría es investigada por incumplimiento. Ellos aseguran que se demoraron en procesar la información porque el contratista la entregó tarde. Matallana y Mora solicitaron al MinTIC la autorización de las visitas a los 840 puntos para confirmar su existencia y que funcionan correctamente.

Imagen: MinTIC. 

Ante los contratos vigentes actualmente, la Procuraduría solicitó a dichas entidades iniciar un proceso de cesión. Por su parte, Germán Vargas Lleras dejó muy en claro en su columna en el periódico El Tiempo que las fallas en el proceso de licitación eran una bandera roja enorme que no debió ser ignorada e inclusive durante la creación del contrato y conflictos de intereses. “Con tamaño conflicto de intereses, ¿cómo pudo adjudicársele este millonario contrato? ¿Nadie se enteró, nadie revisó? Qué conveniente”, escribe.

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Este mismo periódico asegura que encontraron documentos pertenecientes a las licitación, aprobación de desembolsos y otros que fueron revisados en cuestión de minutos, con garantes y personas necesarias en los procesos faltantes y en horas no hábiles; por ejemplo, aprobaciones hechas el 30 de diciembre cerca de medianoche. En un correo se evidencia cómo se aprobó el ‘Plan de Inversión del Anticipo’ para que Centros Poblados accediera a los más de $70.000 millones.

¿Rodarán cabezas en el MinTIC?

De acuerdo con reportes del MinTIC se han pedido renuncias por las fallas en el debido proceso; sin embargo, periodistas en redes sociales aseguran que los directos implicados aún no han salido. Tendremos que esperar a las investigaciones de la Procuraduría, Fiscalía y Contraloría para ver salir a los directos responsables.

Mientras tanto, la ministra de las TICs, Karen Abudinen, tendrá que presentarse ante la Cámara de Representantes el próximo viernes donde se definirá si sigue en el cargo. Ella, por su parte, aseguró que seguirá hasta que el presidente Duque tome la decisión de sacarla.

Imagen: MinTIC.  

Noticias original
Un juez de Atlántico frenó el proceso de caducidad que ordenó el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) el pasado 13 de agosto sobre el contrato adjudicado a la Unión Temporal Centros Poblados (UTCP). Esta decisión frenaría los procesos de embargo e, inclusive, congelaría la cesión de contrato a ETB.

Luis Fernando Duque Torres, representante legal, confirmó que interpuso una acción de tutela en contra de la decisión por violación al debido proceso y esta fue aceptada por un juez de Puerto Colombia (Atlántico) ayer 24 de agosto.

La notificación, que ya habría sido entregada al Ministerio, suspende las decisiones de las resoluciones 01747 del 19 de julio de 2021 y 02013 del 13 de agosto de 2021. Estos documentos son los que informan sobre la decisión de declarar la caducidad del contrato. Además, cualquier decisión u orden relacionada con este tema también queda congelado.

Esto quiere decir que cualquier actividad que se estuviera haciendo para lograr traer los $50.000 millones de pesos que se encuentran fuera del país, más el embargo de una propiedad (valuada en $40.000 millones) y la cesión del contrato a ETB, deberán parar hasta que se evalué la acción de tutela.

La Unión Temporal Centros Poblados dice que actuó de buena fe

El representante de la Unión temporal Centros Poblados asegura que la empresa iba a cumplir con el contrato y que, hasta el momento en que se declaró la caducidad, había actuado de buena fe. Además, aunque el dinero resultó en Delaware, el abogado afirma que esto fue usado para comprar material que sería usado posteriormente en las obras.

En cuanto a los documentos falsos presentados durante la licitación, el representante de UTCP insiste que usaron un intermediario para adquirir las pólizas presentadas y no son responsables de que se les haya engañado.

Mientras el juez toma una decisión frente a la acción de tutela, cualquier acción tomada por el MinTIC y promesa hecha por la ministra de las TIC, Karen Abudinen, no son más que palabras que se llevará el viento.

La ministra en la cuerda floja y sin red de seguridad

Ayer se confirmó la fecha de la moción de censura contra la ministra de las TIC. Mientras que expertos aseguraban que Abudinen podría tener los argumentos para salir bien librada, con la posible recuperación de $40.000 millones gracias a una propiedad en la costa colombiana, más los del abono dado a UTCP, con la acción de tutela la red de seguridad de la ministra parece desaparecer y dejarla en un peligro inminente para su presentación ante la Cámara de Representantes.

Por su parte, la ministra publicó en su cuenta de Twitter:

¡Esto es la tapa del descaro!
La caducidad está en firme. No permitiremos que con acciones temerarias dilaten decisiones adoptadas en derecho. Defenderemos a capa y espada los intereses del Estado. https://t.co/jrBLwxkFXO

— Karen Abudinen (@karenabudi) August 25, 2021

Abudinen aseguró que renunciar no es una salida viable y que seguirá dando la cara ante el actual escándalo.

«Es muy fácil renunciar, pero la responsabilidad con los ciudadanos, con la entidad, con el Gobierno Nacional, es resolver esta situación, es dejar que las entidades de investigación y control hagan su trabajo y avancen en él; pero en paralelo reorganizar el proceso, retomar el proyecto y ejecutar la conexión de las escuelas la rurales»

Mientras tanto, las más de 7.000 escuelas rurales seguirán sin Internet. El MinTIC sigue sin dar nombres o explicaciones de cómo paso esto internamente y seguiremos escuchando decir a los colombianos: “esa plática se perdió”.

Imagen: MinTIC. 

¿Qué significa esto? Que Centros Poblados ha sido removido del contrato, pero con la llegada de ETB se espera que se pueda cumplir con los elementos restantes del contrato.

¿Qué pasará con los 70.000 millones de pesos ‘desaparecidos’ del contrato?

La ministra Abudinen aseguró que la entidad tiene toda la intención de recuperar el dinero que fue desembolsado a Centros Poblados. “Ese dinero pertenece al Estado colombiano y vamos a recuperar hasta el último peso, junto con casi 40.000 millones de pesos adicionales, que corresponden a la cláusula penal pecuniaria que estaba prevista. Ya procedimos con los pasos jurídicos para obligar al contratista a pagar por los perjuicios causados”, aseguró la ministra.

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Sin embargo, en la declaratoria la ministra Abudinen falló en responder algunas de las preguntas más importantes. Incluso más preocupante que el anticipo entregado, fueron las irregularidades en el proceso. Aunque el MinTIC aseguró que se tomaron ‘con estricto rigor todos los procedimientos previstos en la Ley 80 de contratación estatal’. Sin embargo, hay puntos del contrato que han despertado escrutinio: la presentación de firmas y certificaciones falsas, la escala de la empresa contratada en comparación con otros candidatos de la licitación, el manejo que se le dio al dinero o el hecho de que fuera contratado. Estas preguntas no fueron respondidas en su totalidad.

Con todo, la ministra Abudinen también aseguró que no renunciará al cargo. “Es muy fácil renunciar, pero la responsabilidad con los ciudadanos, con la entidad, con el Gobierno Nacional, es resolver esta situación, es dejar que las entidades de investigación y control hagan su trabajo y avancen en él; pero en paralelo reorganizar el proceso, retomar el proyecto y ejecutar la conexión de las escuelas la rurales”, puntualizó la ministra de las TIC.

Imágenes: MinTIC

Con $70.000 millones en el limbo ($50.000 millones en cuentas en Delaware, Estados Unidos), aún después de decretar la caducidad del contrato, hay algo que está muy claro, el error estuvo en el momento en que no se confirmó la información dada por UTCP al MinTIC al entrar en la licitación. Por este error, por supuesto, alguien debe responder. 

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La moción de censura fue radicada hace 11 días, al mismo tiempo que el presidente Duque afirmaba “confiar en la ética de la ministra y poner a su disposición las ayudas necesarias para recuperar el dinero”. Por ahora, Abudinen no se enfrenta a cargos criminales y no ha sido llamada por la Fiscalía o la procaduría. El MinTIC por su parte, ordenó el embargo de las cuentas y bienes de la UTCP para tratar de recuperar parte del dinero dado como anticipo. El diario El Tiempo asegura que hay más de 20 cuentas pertenecientes a la empresa.

Y ahora ¿Quién podrá ayudar a la ministra Abudinen?

A la administración Duque le queda un año. Esto quiere decir que ya hay una campaña corriendo y que el ojo público está mucho más pendiente de las acciones de muchos políticos y sus acciones.

La actual moción de censura a la que se enfrenta la ministra de las TIC es delicada precisamente porque aquellos que se atrevan a defender sus acciones podrían ser criticados por la opinión pública fuertemente, un lujo que no pueden darse en este momento. Por lo tanto, todo dependerá de que la ministra llegue a la moción de censura con fuertes argumentos y en lo posible con hechos sobre cómo logrará recuperar el dinero entregado a la UTCP.

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Mientras tanto, teniendo en cuenta que Abudinen es cuota de los Char, muchos esperarían apoyo de varios partidos, pero hasta el momento todos parecen no llegar a un consenso. Todo parece depender del lobby que haga la misma Casa de Nariño en favor de la ministra. Pues, a pesar de todo, Duque es el único que se ha atrevido a hablar en su favor.

Imagen: MinTIC.

La actualización más reciente es el descubrimiento de cómo se movió este anticipo, que Centros Poblados recibió y que terminó por fuera del país, a pesar de que los reportes aseguran que el progreso en el programa es casi nulo. En ENTER.CO hemos preparado esta guía para entender mejor qué es lo que está ocurriendo.

¿Qué está pasando?

La Fiscalía en estos momentos está intentado verificar cómo se gastó el anticipo de los $70.000 millones de pesos y por qué Centros Poblados ‘transfirió’ este dinero a los Estados Unidos (haciendo más difícil su recuperación en caso de que se comprueben todas las irregularidades).

¿En qué se gastó?

De acuerdo con Centros Poblados, de este adelanto $53.301’922.67 (es decir, más de $53.000 millones de pesos) fueron asignados a la firma de seguridad Nuovo Security LLC. Un documento compartido por la empresa asegura que estas sumas se invirtieron en equipos de telecomunicaciones, equipos de energía y equipos eléctricos.

¿En dónde se encuentran?

De acuerdo con Centros Poblados, en unas bodegas. También aseguran que, entre otras cosas, se han realizado más de 4365 estudios de campo.

¿Quién es Nuovo Security LLC?

Este es el principal problema. Hasta esta semana solo se sabía que era una compañía radicada en Miami, Estados Unidos, a quien Centros Poblados había contratado como proveedor de servicios. Pero esta misma compañía tiene muchos elementos que han despertado las alarmas. Empezando por sus dueños.

¿Quiénes son sus dueños?

Información obtenida por el Tiempo apunta a que, aunque la empresa está radicada en los Estados Unidos, sus dueños son colombianos. De acuerdo con el medio uno de los dueños es Juan Carlos Ángel Cáceres Bayona. Es un nombre preocupante, pues no es la primera vez que una empresa suya está en la lupa por un desfalco. De hecho, el año pasado La Silla Vacía ya denunciaba que este empresario había ejecutado al menos $111 millones de pesos en contratos con el estado, en los contratos polémicos de bilingüismo en la Guajira, pensados para ‘enseñar inglés’ a personas en esta región del país.

¿Y qué pasa con la empresa?

Hay alarmas, porque la compañía no parece contar con los soportes para justificar su contratación para estos equipos. Para empezar, la información de la compañía es escasa. Su página web no cuenta con información de contacto o detalles de qué es exactamente lo que hacen. Su página web ofrece una serie de ‘servicios’, pero al hacer clic en estos enlaces el usuario es dirigido de nuevo al sitio principal. De acuerdo con una investigación realizada por el periodista Jorge Espinosa de Caracol Radio, la empresa en cuestión tiene tan solo 6 empleados, ingresos al año inferiores a los $197.000 dólares y la empresa solo ha realizado exportaciones a Colombia.

¿Qué es Nuovo Security?

Empresa de 6 empleados, fundada en el 2016, con sede física en la Florida, pero fiscal en Delaware, conocido paraíso fiscal.

Sus únicas exportaciones han sido a Colombia, entre 2019-2020. Trajeron cámaras desde China. El cliente fue VIRTUAL TICS SAS 👇

— Espinosa (@EspinosaRadio) August 17, 2021

Imágenes: MinTIC

Durante la audiencia, Adriana Vivas Robles, delegada por la ministra TIC, dio lectura a la resolución y sus consideraciones en donde se aclaró que a la empresa no se le “violó el debido proceso”, como lo argumentó su representante legal en la audiencia anterior.

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La Unión Temporal Centros Poblados quedará inhabilitado para participar en cualquier negociación con el Estado por cinco años. Karen Abudinen, señaló que fue el MinTIC el que denunció el contrato y solicitó su caducidad, entre otras medidas con la Fiscalía y otras entidades para llevar a cabo las investigaciones. “Iniciamos la caducidad del contrato y actuaciones con control interno para esclarecer si tuvimos una falla al firmar el contrato; estamos en un proceso”, explicó la ministra durante una intervención para la prensa.

El interventor del proceso también fue cambiado. “Avanzamos en el ‘Plan de Choque’ para revisar las bodegas y los colegios donde se encuentra la infraestructura tecnológica, para hacer un levantamiento y corroborar el plan de inversión del anticipo”, dijo Abudinen sobre cuáles solo serán los pasos a seguir para recuperar el abono de $70.000 millones de pesos. Además, aseguró que se pedirán la restitución mutuas por daños y perjuicios a favor de la entidad. “Pueden estar seguros de que haremos, ahora y en el futuro, respetar la ley”, agregó.

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Además, la ministra señaló que esta es una oportunidad para encontrar las fallas en los sistemas de contratación y no permitir que personas y empresas maliciosas se adueñen de recursos públicos.

Tendremos que esperar a que el proceso de recuperación culmine para conocer con detalle qué dinero la empresa ya había invertido en materiales para el proyecto. Cuánto del dinero que salió del país se podrá recuperar, pues para esto se necesitará la intervención de organismos internacionales. Además, del resultado de la cláusula penal pecuniaria en contra de la UT Centros Poblados y sus miembros, por la suma de hasta $ 39 mil millones.

Imagen: Captura de pantalla. 

Después de varios problemas con la adjudicación del contrato, en los que se resaltó la poca experiencia de una de las empresas y otras irregularidades por conflictos de intereses de Karen Abudinen y el interventor, el MinTIC siguió en marcha y adjudicó el proyecto. Seis meses después, y ante las acusaciones de los medios de comunicación sobre irregularidades y la evidente falta de desarrollo de los proyectos que debía llevar a cabo Unión Temporal de Centros Poblados, la ministra de las TIC decidió pedir la caducidad del contrato. Además, prometió que su cartera recuperaría los $70.000 millones que fueron entregados como anticipo (la inversión del proyecto es de $1 billón de pesos).

Por su parte, la empresa ha asegurado que está dispuesto a ceder el contrato. Ayer, 11 de agosto, iniciaron las audiencias para determinar si el MinTIC podría determinar la caducidad. De obtener lo que quiere, Abudinen podría recuperar un poco más de $40.000 millones, pero no todo el dinero. El abogado de Centros Poblados aseguró que la ministra tiene prejuicios contra la empresa y que de perder el caso demandarían al Estado porque se ha mostrado buena voluntad al querer ceder el proyecto.

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Ahora, Karen Abudinen se enfrenta a una moción de censura en el Congreso. 19 representantes han solicitado llamar a la ministra a una audiencia el próximo 24 de agosto. En esta se determinaría si podría seguir ocupando su cargo. Mientras tanto, Iván Duque, presidente de Colombia, aseguró que confía en el carácter de Abudinen y su gestión, por lo que ofreció su ayuda para lograr el reintegro. Además, aseguró que ya se hicieron solicitudes a organismos internacionales, pues una gran parte del dinero está en una fiducia en Delaware, Estados Unidos.

La Procuraduría también informó que abrió una investigación preliminar para determinar si se investigará lo que está sucediendo. Por ahora, el proceso parece estar en el limbo. Expertos aseguran que si los documentos de las pólizas –que fueron supuestamente emitidos por el banco Itau– son falsos, entonces el contrato no tendría validez jurídica. Esto significa que el MinTIC no podría exigir su caducidad.

Para leer otras noticias del MinTIC, visita este enlace.

Tendremos que esperar hasta que el proceso tenga todo su desarrollo para saber qué pasará con las más de 14.000 escuelas que esperaban estar conectadas y tener acceso a Internet gratuito con una operación garantizada hasta el año 2031. El abogado de Centros Poblados ha pedido extender el tiempo debido a un accidente de tránsito que no le permite atender el proceso como debería. Mientras tanto, Karen Abudinen y el MinTIC debería dejar de responder con promesas vacías a los medios de comunicación y dar respuestas más contundentes. El país merece respuestas y teniendo en cuenta que en Colombia se considera el acceso a Internet como un servicio público y esencial castigos que demuestren que esto no solo fue un papel más firmado para fotografías en los periódicos.

Imagen: Sala de prensa MinTIC.