¿Puede un agente de tránsito revisar el celular de un conductor para comprobar si está usando Uber, DiDi o Cabify? Esa es una de las preguntas que busca resolver una propuesta que llegaría al Congreso y que plantea cambiar la forma en que las autoridades controlan a quienes trabajan con plataformas de transporte.
La iniciativa, anunciada por el representante a la Cámara Daniel Briceño, busca que los conductores no tengan que entregar su teléfono para demostrar si están prestando un servicio mediante una aplicación. También plantea que los pasajeros no sean interrogados durante el procedimiento para establecer qué relación tienen con quien conduce.
El debate gira alrededor de los controles por el comparendo D12, utilizado cuando una autoridad considera que un vehículo particular está prestando un servicio de transporte sin autorización.
Para los conductores que dependen de estas aplicaciones, el celular es precisamente la herramienta que permite recibir solicitudes, consultar recorridos y gestionar los servicios. La propuesta busca que su contenido no pueda convertirse, por sí solo, en el mecanismo utilizado para comprobar una infracción.
La autoridad tendría que demostrar la infracción
Según Briceño, el objetivo no es eliminar los controles a los vehículos que trabajan con plataformas. La modificación estaría en la forma de comprobar que se está cometiendo una infracción.
El representante ha señalado que algunos conductores han reportado que los agentes les solicitan el celular durante los procedimientos y revisan si tienen abierta una aplicación de transporte. Su propuesta pretende impedir este tipo de revisión.
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Algo similar ocurriría con los pasajeros. En lugar de preguntarles qué relación tienen con el conductor o por qué están viajando en el vehículo, la iniciativa plantea que las autoridades recurran a otros mecanismos para obtener evidencia.
La discusión también toca directamente al comparendo D12. La sanción contempla una multa cercana a $1,2 millones y la inmovilización del vehículo. La primera infracción puede significar cinco días de inmovilización; la segunda, 20 días, y la tercera, hasta 40.
Por eso, un cambio en el procedimiento tendría consecuencias para quienes utilizan su vehículo como fuente de ingresos a través de las plataformas.
Taxistas rechazan que cambien las reglas
La propuesta ya generó una respuesta del sector de los taxis. Sus representantes cuestionan que los conductores de plataformas puedan quedar sometidos a condiciones de control diferentes y defienden que se mantengan las obligaciones asociadas al servicio tradicional.
El conflicto refleja una discusión que lleva años en Colombia: cómo controlar el transporte solicitado mediante aplicaciones cuando los vehículos no pertenecen al servicio público tradicional.
Por ahora, la iniciativa de Briceño es una propuesta anunciada y no una nueva regulación vigente para Uber, DiDi o Cabify. Falta conocer el texto que será presentado ante el Congreso y qué medidas quedarán finalmente incluidas.
Ese documento será el que determine hasta dónde llegaría el cambio: si un agente podrá solicitar información del vehículo, qué pruebas podrá utilizar para establecer una infracción y cuáles serán los límites durante un control de tránsito.
