Marcela Buitrago Monsalve, magíster en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) Sede Medellín, lideró una investigación que arrojó luz sobre las condiciones de los trabajadores de estas plataformas, destacando la falta de reconocimiento de derechos básicos en esta ciudad.
El estudio se estructuró en tres bloques. En primer lugar, se realizó una caracterización sociodemográfica para identificar a la población trabajadora en términos de nacionalidad, edad, estrato socioeconómico y nivel educativo. En el segundo bloque, se indagó sobre la naturaleza del trabajo en sí, determinando la autonomía, jornada laboral, tiempo de dedicación, condiciones laborales y más. El tercer segmento se centró en la estructura de ingresos y costos, valor de servicios, propinas, y percepciones de los trabajadores sobre su actividad.
Los resultados revelaron que la mayoría de los trabajadores son hombres de 18 a 28 años, en su mayoría migrantes, con un 54% provenientes de Venezuela y un 41% colombianos. Esta población vulnerable encuentra en las plataformas una opción de empleo de fácil acceso y permanencia, dadas las dificultades para acceder al mercado formal.
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Uno de los hallazgos destacados es la subordinación inherente al trabajo por plataformas. A pesar de presentar rasgos de trabajo clásico, los trabajadores no son autónomos, sino que dependen de las directrices de la plataforma para realizar sus servicios. Esto se traduce en limitaciones salariales, sanciones, y una delegación de costos hacia los trabajadores.
La falta de reconocimiento de derechos laborales también es evidente. La ausencia de estatus formal implica la negación de derechos asociativos, seguridad social, prestaciones y estabilidad laboral. El trabajo por plataformas se convierte, en muchos casos, en la única fuente de ingresos para estos trabajadores, quienes laboran extensas jornadas de 8 a 11 horas al día, los siete días de la semana.
En términos económicos, la mediana del ingreso diario, incluyendo propinas, es de 54.597 pesos, mientras que los costos asumidos por los trabajadores representan el 40% de esos ingresos. Esto deja un ingreso neto de aproximadamente 29.828 pesos, lo que subraya la precariedad económica de esta modalidad laboral.
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La investigadora propone soluciones basadas en el diálogo con los trabajadores, sugiriendo la implementación de tarifas justas de acuerdo al kilometraje y costos mínimos de domicilios, así como garantías de un número mínimo de servicios asignados. Estas propuestas buscan abordar las brechas laborales y mejorar las condiciones de vida de quienes dependen de estas plataformas para sustentar sus medios de vida. La investigación destaca la urgencia de reflexionar sobre la regulación y protección de los derechos de los trabajadores en este sector emergente de la economía.
Imagen: Archivo ENTER.CO
