Más de la mitad de los hogares rurales en Colombia ya tiene acceso a internet. El dato, presentado durante las discusiones del Estudio Económico OCDE 2026, marca un cambio importante para un país donde la conectividad fuera de las ciudades ha sido una deuda histórica. Ahora, el reto dejó de ser únicamente conectar territorios: también pasa por lograr que esa conexión genere empleo, productividad y acceso real a servicios digitales.
Durante una mesa de trabajo entre el Ministerio TIC y economistas de la OCDE, el Gobierno presentó cifras que muestran avances en infraestructura digital y reducción de brechas. Según los datos expuestos, el 56,9 % de los hogares rurales ya cuenta con acceso a internet, mientras la cobertura nacional de red llegó al 73,9 %. Además, la diferencia de acceso entre zonas urbanas y rurales se redujo cerca de 30 puntos porcentuales, según cifras de la Encuesta de Calidad de Vida 2025 del DANE.
Aunque las cifras muestran progreso, el debate que acompaña la revisión de la OCDE apunta a otro problema: tener conexión no garantiza aprovecharla.
Del acceso a la utilidad digital
Uno de los mensajes que dejó la reunión es que el país necesita pasar de medir cobertura a medir impacto. El Ministerio TIC explicó que parte de las medidas recientes buscan facilitar el despliegue de redes y ampliar la competencia, especialmente en territorios apartados.
Entre ellas aparece un decreto que permite compartir espectro radioeléctrico para telecomunicaciones móviles internacionales, una decisión orientada a reducir barreras para expandir infraestructura y mejorar la conectividad en regiones rurales. También se mencionó el uso de la banda de 900 MHz para ampliar cobertura y mejorar calidad del servicio.
Otro dato relevante es que Colombia mantiene una de las tarifas móviles más bajas de América Latina, algo que influye directamente en la adopción digital y el acceso a servicios conectados.
Productividad, IA y habilidades digitales
La discusión con la OCDE también giró alrededor de qué hacer con esa infraestructura ya instalada. El Ministerio planteó que la digitalización debe traducirse en productividad económica, modernización estatal y desarrollo de habilidades.
Por eso se presentaron iniciativas relacionadas con servicios ciudadanos digitales, autenticación electrónica e interoperabilidad entre entidades públicas. A eso se suman programas de formación como Ciberpaz y SenaTIC, enfocados en programación, inteligencia artificial y tecnologías emergentes.
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La inteligencia artificial también apareció dentro de las prioridades oficiales. Según lo presentado, el país trabaja bajo el CONPES 4144 de 2025 para desarrollar políticas alrededor del uso ético y productivo de estas tecnologías.
Las conclusiones de estas conversaciones no se conocerán de inmediato. El Estudio Económico OCDE 2026 será revisado en julio ante el comité económico de la organización y su publicación final está prevista para el último trimestre del año. Ese documento servirá como guía para futuras decisiones económicas y tecnológicas del país.
