El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) considera insuficientes los siete condicionamientos propuestos por COMCEL, empresa que opera bajo la marca Claro, para integrar las redes de Azteca Telecomunicaciones, incluida la infraestructura del Proyecto Nacional de Fibra Óptica (PNFO), que conecta a 788 municipios del país.
En un pronunciamiento enviado el 5 de noviembre de 2026 a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), el Ministerio advirtió que los compromisos presentados por COMCEL atienden parcialmente algunas de las preocupaciones sobre competencia, pero no ofrecen garantías suficientes para evitar posibles ventajas frente a los operadores que actualmente utilizan la infraestructura de Azteca.
La principal preocupación está relacionada con el papel que asumiría Claro después de la integración. La compañía pasaría a controlar una red que presta servicios mayoristas a otros operadores, algunos de los cuales compiten directamente con ella en el mercado de telecomunicaciones.
El MinTIC advierte que esta situación podría generar conflictos de interés, pues el operador integrado tendría acceso a información sobre sus competidores y, al mismo tiempo, capacidad para establecer condiciones técnicas y comerciales para el uso de la infraestructura.
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La dimensión del mercado también preocupa a las autoridades. De acuerdo con las cifras de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) citadas en el análisis sectorial, COMCEL concentra el 53 % de las líneas móviles del país y, junto con el segundo grupo empresarial, alcanza cerca del 92 %.
A esto se suma la dependencia de otros proveedores de la infraestructura de Azteca. Más de 250 operadores utilizan actualmente su red, mientras que en 778 de las 874 rutas analizadas COMCEL quedaría como único proveedor de fibra.
Por qué el MinTIC considera insuficientes los compromisos
Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con la duración de las garantías de acceso mayorista. COMCEL ofreció mantener disponibles las redes del Proyecto Nacional de Fibra Óptica y ACC bajo condiciones objetivas y no discriminatorias durante tres años, o hasta que la CRC adopte una regulación que cubra esas obligaciones.
Para el Ministerio, ese plazo no está suficientemente justificado, porque los riesgos derivados de la integración podrían mantenerse después de que terminen los compromisos.
También cuestiona que la oferta excluya la infraestructura que COMCEL ya tenía antes de la operación. Esto podría generar dificultades si, después de la integración, la compañía traslada servicios o funciones de la red de Azteca hacia sus propios activos, reduciendo el alcance de las garantías.
Otro punto es que algunos compromisos consisten en cumplir obligaciones que ya establece la regulación colombiana. El Ministerio fue contundente al respecto: «El condicionamiento no puede ser la promesa de cumplir la ley».
Por eso, considera que la SIC debería estudiar medidas adicionales, que podrían incluir intervenciones sobre las tarifas que actualmente se cobran por el acceso a las redes e incluso cambios en la estructura del agente integrado.
El MinTIC también reconoce que la propuesta de COMCEL incluye protocolos para proteger la información comercial de sus competidores. Sin embargo, pide que existan controles tecnológicos, auditorías y mecanismos de seguimiento que permitan comprobar que esos datos no se utilizan para obtener ventajas competitivas en otros mercados.
La preocupación no es menor: entre la información a la que podría acceder el proveedor mayorista están las rutas utilizadas por otros operadores, sus capacidades contratadas, planes de expansión, precios negociados y características de sus redes.
La SIC y el contrato con el Estado tienen decisiones separadas
El pronunciamiento también establece una distinción sobre el Contrato de Aporte 437 de 2011, relacionado con el Proyecto Nacional de Fibra Óptica.
Aunque COMCEL propone un periodo de estabilización técnica de hasta 30 meses para intervenir y mejorar las redes, el MinTIC advierte que ese plazo no puede modificar, suspender ni flexibilizar las obligaciones contractuales vigentes.
Además, una eventual autorización de la integración por parte de la SIC no significa que el Gobierno vaya a aprobar automáticamente la cesión de ese contrato. Esa solicitud deberá ser evaluada por separado por el MinTIC y el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (FUTIC).
Por ahora, la decisión sobre la integración corresponde a la Superintendencia de Industria y Comercio, que deberá determinar si los compromisos ofrecidos son suficientes o si necesita establecer condiciones adicionales para proteger la competencia en el sector de telecomunicaciones.
