La expedición del Decreto 0368 de 2026 marca un cambio en la forma en que circula la información financiera en Colombia. La norma establece la implementación obligatoria de un sistema de finanzas abiertas que permitirá a los usuarios autorizar el uso de sus datos para acceder a nuevos productos y servicios, con el objetivo de ampliar la competencia y facilitar el acceso al crédito.
El modelo parte de una premisa sencilla: los datos financieros pertenecen al usuario. Bajo este esquema, las entidades solo podrán compartir esa información cuando exista un consentimiento previo, expreso e informado. Esto incluye datos sobre productos financieros, historial transaccional y procesos de vinculación como cliente, entre otros .
La medida también introduce un cambio en las reglas del mercado. Según lo establecido, todas las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia deberán participar obligatoriamente como proveedoras o receptoras de datos. Esto implica que bancos, aseguradoras, fiduciarias y otras instituciones deberán habilitar el acceso a la información bajo estándares comunes.
Para el usuario, el funcionamiento será progresivo. Una persona podrá autorizar a una entidad —por ejemplo, una fintech o un banco— a consultar su información financiera en otra institución. Esa autorización deberá detallar qué datos se comparten, con qué finalidad y por cuánto tiempo. Además, el sistema exige una doble verificación: primero la autorización y luego una confirmación antes de que los datos sean efectivamente transferidos .
Un sistema con reglas comunes y nuevos actores
El decreto establece que la Superintendencia será la encargada de definir los estándares técnicos, tecnológicos y operativos que permitirán la interoperabilidad del sistema. También deberá publicar, en un plazo máximo de seis meses, un cronograma para implementar estos estándares de forma gradual.
Otro de los elementos centrales es la creación de un directorio de participantes. Esta herramienta permitirá identificar a las entidades que forman parte del sistema y los roles que desempeñan, lo que facilitará la transparencia y el control del ecosistema.
Aunque la participación es obligatoria para las entidades vigiladas, el modelo abre la puerta a terceros no vigilados, como empresas tecnológicas, que podrán integrarse de manera voluntaria. Para hacerlo, deberán cumplir con requisitos definidos por la regulación y acordar su vinculación con proveedores de datos, sin que existan condiciones discriminatorias .
Cómo podrán participar los usuarios y las empresas
Para las personas, el proceso será directo: podrán decidir si autorizan o no el uso de sus datos. También tendrán la posibilidad de revocar esa autorización en cualquier momento, solicitar información sobre el uso de sus datos o negarse a compartirlos sin que esto afecte el acceso a servicios básicos.
En el caso de las empresas, la participación dependerá de su rol. Las entidades vigiladas deberán adaptarse obligatoriamente a los estándares y habilitar el intercambio de información en los plazos definidos. Por su parte, las compañías no vigiladas que deseen acceder a datos deberán cumplir requisitos técnicos, operativos y de seguridad, además de formalizar su vinculación dentro del sistema.
El decreto también establece límites sobre los costos. Las entidades podrán cobrar por el uso de su infraestructura, pero no por los datos en sí, y estos cobros deberán responder a criterios objetivos y verificables .
Con este marco, el Gobierno busca promover la innovación, facilitar la entrada de nuevos competidores y ampliar las opciones para los consumidores. La expectativa es que, con más información disponible y en condiciones equitativas, aumente el acceso a productos financieros y se mejoren las condiciones para quienes hoy tienen mayores barreras para acceder al sistema.
