En una decisión histórica, la Corte Constitucional suspendió provisionalmente el decreto de emergencia económica del presidente Gustavo Petro. Por primera vez, el alto tribunal aplicó una medida cautelar a un estado de excepción, tras concluir que el Gobierno no cumplió los requisitos constitucionales para ejercer poderes extraordinarios en materia fiscal y económica.
#LaCorteInforma Actualización del Comunicado 01 respecto de D. 1474 / 2025 “por el cual se adoptan medidas tributarias destinadas a atender los gastos del Presupuesto General de la Nación necesario para hacer frente al Estado de Emergencia declarado por el decreto 1390 de 2024” pic.twitter.com/YO0V0Z2J2c
— Corte Constitucional (@CConstitucional) January 30, 2026
Seis magistrados respaldaron la ponencia del magistrado Carlos Camargo. La Corte concluyó que el Ejecutivo no demostró la existencia de una crisis sobreviniente, grave e imprevisible. Según el tribunal, esta situación podía atenderse por vías ordinarias, como lo exige el artículo 215 de la Constitución. Los problemas fiscales invocados son estructurales y previsibles, no excepcionales.
La Corte advirtió que la emergencia económica no puede sustituir el debate democrático en el Congreso ni servir para imponer reformas tributarias por decreto. Por esta razón, decidió suspender de inmediato los efectos del decreto mientras adelanta el estudio de fondo sobre su constitucionalidad.
Qué implica la suspensión y qué impuestos quedan en pausa
Con esta decisión queda congelado todo el paquete tributario incluido en el decreto, que contemplaba el IVA del 19 % a los juegos de azar, tanto presenciales como en línea, el IVA del 19 % a las bebidas alcohólicas, calculado sobre el precio al consumidor, y una sobretasa de 5 puntos porcentuales al impuesto de renta del sector financiero.
La medida incluía además nuevos gravámenes a vapeadores y dispositivos electrónicos de nicotina, con una tarifa fija de $2.000 por mililitro y un cobro adicional equivalente al 30 % del precio de venta, así como una reforma al impuesto a las bebidas alcohólicas, que combinaba un 30 % aplicado sobre el precio al consumidor, certificado por el DANE, con un cargo fijo de $750.
A esto se sumaba el IVA del 19 % a las compras online internacionales, que se iba a aplicar tras reducir el umbral de exención de US$200 a US$50, medidas que permanecerán sin cambios hasta que la Corte Constitucional adopte una decisión definitiva.
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Reacciones, debate institucional y qué viene ahora
La decisión fue respaldada por gremios empresariales y analistas económicos, que coincidieron en que no se cumplían las causales constitucionales para declarar la emergencia económica. Para la Andi, AmCham Colombia y el Consejo Gremial, la suspensión evita efectos irreversibles sobre ciudadanos, empresas y entidades territoriales y, además, refuerza la protección del Estado de derecho.
Desde estos sectores también se advirtió que varias de las medidas suspendidas correspondían a impuestos indirectos. En caso de que el decreto fuera declarado inexequible, su devolución sería prácticamente imposible. En ese contexto, la suspensión provisional protege a los contribuyentes de asumir tributos que luego podrían ser anulados sin una vía real de restitución.
La decisión de la Corte no es definitiva. El tribunal continuará con el estudio integral del decreto y revisará tanto los aspectos formales como los materiales de la declaratoria. No existe una fecha fija para la sentencia de fondo, que podría tardar varios meses, y mientras tanto el decreto no puede aplicarse en ninguna de sus disposiciones tributarias o económicas.
Al final del proceso, la Corte podrá declarar el decreto inexequible y dejarlo sin efectos de manera definitiva, o considerarlo exequible y levantar la suspensión para que las medidas entren en vigencia. Entre tanto, el Gobierno solo puede acudir a las vías ordinarias del Congreso para tramitar cualquier reforma tributaria que considere necesaria.
Más allá del impacto fiscal inmediato, la Corte Constitucional reiteró los límites al uso de los estados de excepción. En su análisis, señaló que estas facultades extraordinarias no pueden emplearse cuando existen mecanismos ordinarios de deliberación y decisión, como el trámite legislativo en el Congreso. Con ello, el debate sobre la política fiscal vuelve al escenario previsto por la Constitución.
Imagen: Editada con IA / ChatGPT
