Pese a que las numerosas protestas de los usuarios de Internet hicieron que el Tribunal Supremo español aceptara estudiar un recurso en contra de la medida, la Ley Sinde-Wert acaba de entrar en vigor tras más de dos años de trámites y altibajos. A partir de hoy entró a funcionar la comisión encargada de ‘tumbar’ los sitios web que violen los derechos de autor en España.
El músico español Eme Navarro fue el encargado de hacer la primera denuncia una vez puesta en marcha la ley antidescargas española. Navarro presentó una notificación contra más de 200 sitios web que facilitan un enlace a una canción suya con derechos de autor, para mostrar de forma práctica la ineficacia de la ley. Utilizando los ideales de la iniciativa ‘La lista de Sinde’, el músico pretende demostrar que el cierre de determinados sitios web por fomentar las descargas «no servirá de nada».
Sin embargo, los movimientos que han surgido y las miles de críticas y protestas de las que ha sido protagonista la Ley Sinde-Wert no fueron ningún obstáculo para que el gobierno pensara en otra alternativa de regulación en la Red, pues según la vicepresidenta de España, Soraya Sáenz de Santamaría, con la aprobación de la ley España entra “en el estándar internacional en la lucha contra la piratería”.
La Ley Sinde, que cambió su nombre a Ley Sinde-Wert por ser impulsada entre la exministra Gónzalez-Sinde y el ministro Wert, es el nombre con el que se conoce popularmente un apartado de la Ley de Economía Sostenible llamado Disposición final segunda con el que se pretende combatir los sitios web infractores de derechos de autor con la ayuda de un órgano gubernamental denominado Comisión de Propiedad Intelectual.
Según ALT1040, un blog muy crítico de esta norma, «en la práctica estamos ante un peligroso nuevo sistema administrativo-judicial, gestionado por una Comisión de Propiedad Intelectual que a su vez está formada por personas dependientes del Ministerio de Cultura, con el que el Estado gana en poder para controlar lo que circula por la red al disminuir la capacidad de análisis y decisión de los jueces en este tipo de caso (hasta ahora en líneas generales la justicia española ha exculpado a las webs de enlaces)».
Dicha comisión, que depende del Ministerio de Cultura, será la encargada de determinar si los sitios web que han sido objeto de denuncia están infringiendo los derechos de autor. Además, los autores que denuncien estas faltas, tendrán que acudir a este órgano y pedirle que se inicie un procedimiento, que podrá tener una duración entre 20 días y tres meses. Si sale bien el proceso, se podrán retirar los contenidos señalados, o incluso si la falta es más grave, el servicio del sitio web podría ser interrumpido durante un año.
La Ley Sinde nació en noviembre de 2009, cuando el gobierno del PSOE presentó el anteproyecto de ley de Economía Sostenible que incluía una norma antidescargas y la creación de una comisión de propiedad intelectual. Y aunque a partir de ese momento los internautas empezaran a demostrar su inconformidad a través de las redes sociales y protestas en las calles, hoy se han encontrado con que la reglamentación de la ley ha entrado en vigor.
