Durante años, la información financiera de una persona ha estado fragmentada entre bancos, aseguradoras, fondos de inversión y otras entidades. Una cuenta de ahorros puede tener un historial de movimientos en un banco, un crédito en otra institución y un seguro en una tercera. Cada empresa conoce una parte distinta de la vida financiera de su cliente. El modelo de Open Finance o finanzas abiertas pretende cambiar esa lógica.
La idea es que una persona pueda autorizar que su información financiera sea compartida de manera estandarizada con otra entidad para recibir una oferta, acceder a un crédito o encontrar un producto que se ajuste mejor a su perfil.
Pero hay una diferencia importante: que las finanzas sean “abiertas” no significa que los datos queden disponibles públicamente.
El sistema colombiano establece que el consumidor debe autorizar previamente, de manera expresa e informada, el acceso y tratamiento de sus datos personales. Además, puede negarse a compartirlos, actualizar o revocar la autorización y solicitar explicaciones sobre el uso que se haga de esa información.
La transformación tiene ahora una fecha importante. En abril de 2026, el Gobierno expidió el Decreto 0368, que modificó el marco de las finanzas abiertas y estableció un sistema obligatorio para las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia.
Hasta entonces, el país tenía un modelo voluntario establecido desde el Decreto 1297 de 2022. La nueva regulación busca que las entidades vigiladas actúen bajo unas reglas comunes para compartir información y que el mercado pueda aprovechar esos datos de manera más amplia.
¿Cómo funcionaría para una persona?
El ejemplo más sencillo es el de alguien que necesita un crédito.
Supongamos que una persona tiene ingresos constantes, utiliza una cuenta bancaria desde hace años y ha cumplido puntualmente con sus obligaciones, pero quiere solicitar financiación en otra entidad. En lugar de empezar de cero, podría autorizar que esta segunda empresa consulte determinada información financiera que ya existe sobre ella.
El sistema contempla información sobre productos y servicios a nombre del consumidor, datos asociados a su vinculación con las entidades e información sobre las características de los productos ofrecidos. Dentro de los productos incluidos están los de depósito, crédito, seguros e inversión.
En determinados casos, la información sobre productos a nombre del titular puede incluir su historial transaccional de los últimos 12 meses. Si la relación con la entidad es más reciente, puede abarcar todo el historial disponible.
Esto podría permitir que una empresa tenga una visión más completa del comportamiento financiero de un potencial cliente. Para un deudor, eso puede traducirse en más posibilidades de encontrar una oferta de crédito, seguros o inversión acorde con su situación.
No significa, sin embargo, que una persona tenga garantizado un préstamo o una tasa más baja. La decisión seguirá dependiendo de las políticas de cada entidad y de la evaluación que haga sobre el riesgo.
El cambio también afecta a las empresas
Para las entidades financieras, el cambio implica dejar atrás sistemas en los que buena parte de la información permanece encerrada dentro de cada organización.
El Decreto 0368 establece que los participantes deberán utilizar mecanismos de intercambio automático de información mediante APIs, bajo estándares comunes de arquitectura, seguridad y tecnología definidos por la Superintendencia Financiera.
Esto abre espacio para nuevos servicios. Una empresa podría, por ejemplo, construir herramientas que permitan comparar productos financieros o desarrollar soluciones que utilicen información autorizada para ofrecer productos más ajustados al perfil de cada consumidor.
También cambia la competencia.
Si una entidad puede acceder, con autorización del cliente, a información que antes estaba concentrada en otra institución, el consumidor tendría más facilidad para comparar alternativas. La Superintendencia Financiera señala precisamente que uno de los objetivos del sistema es aumentar la competencia y la innovación, además de favorecer la inclusión financiera y crediticia.
El modelo no está limitado exclusivamente a los bancos. La regulación contempla entidades vigiladas de diferentes segmentos y permite la participación de terceros no vigilados bajo esquemas voluntarios y las condiciones establecidas por la normativa. Esto abre la puerta a una participación progresiva de actores como fintech e insurtech.
¿Y qué pasa con los datos de los deudores?
Aquí aparece uno de los aspectos más sensibles.
Tener más información sobre una persona puede ayudar a una entidad a evaluar mejor su capacidad financiera. Pero también significa que una empresa puede construir un perfil mucho más detallado de sus hábitos económicos.
Por eso la regulación establece que los datos deben ser precisos, completos, actualizados y pertinentes. También incorpora un principio de trato no discriminatorio y exige mecanismos de seguridad y ciberseguridad para evitar accesos o usos no autorizados.
El consumidor conserva además derechos sobre esa información. Puede conocer la autorización que otorgó, obtener una copia, revocarla o actualizarla y pedir una explicación sobre el uso que se hizo de sus datos. La autorización tampoco puede convertirse en una condición para recibir un producto o servicio financiero.
La protección no es un detalle menor. La Superintendencia de Industria y Comercio recuerda que el tratamiento de datos personales debe contar, como regla general, con autorización previa, expresa e informada, además de respetar principios como finalidad, transparencia, calidad y circulación restringida.
Colombia todavía no tiene un sistema completamente desplegado
Aunque el Decreto 0368 ya está vigente, el sistema obligatorio todavía se encuentra en fase de implementación.
La Superintendencia Financiera debe definir los estándares técnicos, tecnológicos, funcionales y operativos. En junio de 2026 realizó las primeras mesas técnicas con representantes de 153 entidades, entre vigiladas y actores no vigilados, para recoger información y construir el cronograma de implementación.
La hoja de ruta contempla una implementación gradual.
Según la Unidad de Regulación Financiera, primero se definirán los estándares técnicos, en un periodo de seis meses. Después comenzarán a operar el Directorio de Participantes y los indicadores de seguimiento. Finalmente, cada categoría de información tendrá un plazo de hasta 12 meses, contado desde la expedición de su estándar, para que sea exigible el acceso efectivo a esos datos.
La Superintendencia ya tiene en trámite un proyecto de Circular Externa 10 de 2026 para actualizar las reglas del sistema a partir del nuevo decreto. Al 30 de julio de 2026, el proyecto continúa abierto para comentarios hasta el 10 de agosto.
Por eso, hablar hoy de que todos los datos financieros de los colombianos ya circulan entre entidades sería incorrecto. El país está construyendo la infraestructura y las reglas para que eso ocurra de manera gradual.
El siguiente paso va más allá de los bancos
El Gobierno también plantea una transformación más amplia.
La Unidad de Regulación Financiera explica que el sistema obligatorio de finanzas abiertas es apenas un primer paso hacia un esquema de datos abiertos para la inclusión financiera y crediticia.
Ese modelo podría incorporar progresivamente fuentes de información de otros sectores. Entre los desafíos mencionados por la URF están la coordinación entre banca, servicios públicos, telecomunicaciones, salud, información tributaria y empresas fintech e insurtech.
La intención es que información que hoy se encuentra dispersa pueda ayudar a caracterizar mejor a personas y pequeños negocios que tienen dificultades para demostrar su capacidad de pago ante una entidad financiera.
Ese punto es especialmente relevante para quienes tienen poco historial bancario.
Una persona que no ha utilizado muchos productos financieros puede resultar difícil de evaluar para un banco tradicional. Si en el futuro el sistema permite utilizar otras fuentes de información autorizadas, podrían aparecer nuevas formas de evaluar el riesgo y ampliar el acceso al crédito.
Pero ese avance también plantea una pregunta que Colombia tendrá que resolver: ¿hasta dónde debe llegar el uso de los datos para evaluar a una persona sin convertir su vida digital y financiera en un expediente permanente?
La regulación intenta responder mediante consentimiento, seguridad, calidad de los datos, transparencia y derecho a revocar las autorizaciones. Sin embargo, la efectividad de esas garantías dependerá de cómo se implementen los estándares técnicos y de la capacidad de las autoridades para vigilar a quienes participen en el ecosistema.
En ese sentido, Open Finance no consiste simplemente en abrir las bases de datos de los bancos. El verdadero cambio está en permitir que la información financiera pueda moverse entre entidades de forma estandarizada y segura, pero manteniendo al consumidor en el centro de la decisión.
Colombia ya dio el salto regulatorio hacia un modelo obligatorio. Ahora comienza la parte más compleja: construir la infraestructura, establecer los estándares y conseguir que esa circulación de datos produzca más competencia y acceso al crédito sin convertir la información financiera de los ciudadanos en un recurso disponible sin límites.
