En Colombia, el habeas data está definido como el derecho que tiene cualquier ciudadano de exigir el acceso a sus datos personales a las empresas que los administran. Esto quiere decir, de acuerdo al concepto de la Corte Constitucional, que los colombianos pueden decidir no solo si incluir, corregir, agregar, corregir, actualizar o certificar sus datos, sino también limitar las posibilidades de su publicación.
Mediante un documento publicado en la tarde del 19 de mayo, la misma institución se pronunció sobre una tutela que cuatro ciudadanas presentaron en contra del registro en la aplicación CoronApp como requisito obligatorio para el ingreso a un aeropuerto, haciéndole un llamado al Ministerio de Salud y al Instituto Nacional de Salud (INS).
La Corte advirtió que el marco jurídico del derecho al habeas data procura proteger al máximo el cumplimiento de sus principios, «incluso en situaciones de crisis o emergencias sanitarias» y por lo tanto, obligó a ambas carteras del Gobierno y a la Corporación Agencia Nacional Digital a eliminar los datos de las demandantes en un plazo máximo de 15 días.
La Sala Tercera de Revisión fue la encargada de revisar el caso y determinó que la exigencia de un registro en CoronApp por parte de los operadores de la terminal era innecesaria por considerar superada la crisis sanitaria. La decisión se basó en la Resolución 777 de 2021, que eliminó de la lista de protocolos de bioseguridad para utilizar el transporte aéreo, la descarga y uso de la aplicación CoronApp.
¿Para qué sirvió la recolección de datos que hizo CoronApp?
CoronApp fue la aplicación desarrollada por el Gobierno Nacional con el fin de hacer un rastreo epidemiológico y crear una especie de mapa que diera cuenta del comportamiento y la propagación del covid-19, y así mitigar el impacto de la pandemia.
Esta aplicación, que hasta junio del 2021, había costado $ 2.234 millones de pesos, ha sido blanco de críticas, no solo porque a dos años de su lanzamiento no existen datos oficiales que demuestren su efectividad, sino porque tanto la Agencia Nacional Digital y el Instituto Nacional de Salud se han negado en varias oportunidades a abrir el acceso al código fuente. Una exigencia que han pedido organizaciones jurídicas como Dejusticia, quienes buscan que expertos en programación puedan verificar qué hace realmente la app con los datos de los ciudadanos.
Imágenes: MinSalud
