Después de una mañana llena de controversias, el Gobierno ha salido a explicar su posición sobre el proyecto de ley que Alianza In y otras aplicaciones de transporte han denunciado. La respuesta ha sido directa: aseguran que su intención no es prohibir Uber u otras plataformas, sino generar mayores herramientas de control.
En una entrevista con Caracol Radio, Andrés López, asesor de la Superintendencia y uno de los autores del proyecto, aseguró que la normativa ni siquiera tiene la intención de crear leyes específicas para estas aplicaciones.
“Nosotros, siendo una norma de rango legal, realmente no nos aproximamos directamente al tema de las plataformas por una razón fundamental: las plataformas de transporte están actualmente reguladas y son legítimas”, aseguró López.
¿Le falta claridad al proyecto o al Gobierno?
El problema con la respuesta oficial es que ignora varios puntos críticos. El primero es que, aunque el Gobierno afirma que las aplicaciones son legales, la realidad es que operan en un vacío legal en el que no están prohibidas, pero tampoco cuentan con una regulación oficial.
Es por este motivo que el proyecto de ley abre la puerta a que estos servicios terminen siendo sancionados. Aunque López sostenga que no se menciona la intención de prohibir Uber por nombre, el texto estipula que cualquier servicio de transporte no autorizado puede ser objetivo de sanciones.
De hecho, en la sección de definiciones, el proyecto califica como transporte irregular o ilegal aquel que “se realiza desbordando los términos de la autorización conferida por la autoridad competente, por fuera del radio de acción de la modalidad o en servicios que no le han sido asignados”.
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Actualmente, esta descripción encaja con la forma en la que operan Uber, DiDi y otras plataformas. En la práctica, los vehículos particulares no cuentan con los permisos necesarios para el transporte de pasajeros. Por ello, la razón por la que hoy es posible utilizarlas se debe más a una falta de normativa que a una regulación de transporte real.
Por lo tanto, existe una contradicción cuando el Gobierno afirma que estas aplicaciones son plenamente legales. De ahí surge el problema y el pedido permanente de crear una ley que formalice su funcionamiento en el país.
Aunque la intención del Gobierno sea legítima en cuanto a combatir el transporte irregular, volvemos al punto de inicio: al no estar reguladas, estas leyes terminan incluyendo a las plataformas y crean escenarios de pesadilla en los que la normativa podría ser utilizada para perseguir a conductores y usuarios.
Imágenes: Imágenes Bogotá.Gov
