El pasado viernes 25 de marzo, Spotify anunció la suspensión indefinida de sus servicios de streaming en Rusia. La decisión se tomó, ante la Ley Federal sobre las Tecnologías de la Información que el regulador de telecomunicaciones de ese territorio sancionó a principios de mes, en la cual se contempla la restricción de acceso a los portales web «donde se difundan llamamientos a los disturbios masivos, a las actividades extremistas o a la participación en protestas masivas públicas».
De acuerdo a un comunicado emitido, la compañía considera que el nuevo marco normativo no solo es una barrera al acceso de información, sino que elimina el derecho a la libre expresión. «Spotify ha seguido creyendo que es de vital importancia intentar mantener nuestro servicio operativo en Rusia para ofrecer noticias e información independientes y de confianza en la región. Lamentablemente, la legislación recientemente promulgada pone en riesgo la seguridad de nuestros empleados e incluso de nuestros oyentes», se lee en el documento.
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Esta es la medida más radical que toma la empresa sueca, después de que el 2 de marzo cerrara sus oficinas ubicadas en Moscú en rechazo a lo que consideró «un ataque no provocado» contra Ucrania.
El cierre de puertas de esta sede de Spotify se dio a menos de un mes de su apertura. Sin embargo, esta decisión fue más representativa que operativa, pues respondió más que otra cosa al cumplimiento de una norma sancionada en el 2021 por Vladimir Putin, que obliga a las empresas tecnológicas extranjeras con más de 500.000 usuarios diarios a contar con oficinas locales para poder prestar sus servicios dentro del país. El plazo para acogerse a la nueva ley vencía en marzo y aunque Spotify había cumplido, compañías como Meta y Google aún estaban pendientes de abrir su sede.
Mientras tanto, y desde que empezó el conflicto, la empresa de streaming ha estado proporcionando apoyo personalizado a sus trabajadores en la región, mediante donaciones a organizaciones humanitarias en Ucrania.
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