La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) anunció el viernes 20 de diciembre, durante una audiencia, la orden de “el cese de la prestación de servicio de Uber”. La decisión tiene como argumento que, de acuerdo con la entidad, la plataforma incurrió en competencia desleal.
La orden de la SIC tiene efecto de cumplimiento inmediato, pero procede el recurso de apelación ante la sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá.
La decisión viene acompañada de una multa que se impuso el miércoles 18 de diciembre a Uber por 414.058.000 pesos (o 500 salarios mínimos legales vigentes). Es una sanción radical, considerando que es la máxima multa a una empresa por la facilitación y promoción de servicios de transporte no autorizados en el país. Es una lucha que la plataforma perdió cuando, por ejemplo, en los últimos meses se le ordenó el desmonte de vallas publicitarias en algunas de las ciudades más importantes de Colombia.
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Se trata de un conflicto que ha escalado, en parte por la decisión de la plataforma de no cesar sus actividades frente a las solicitudes repetidas de diferentes entidades del Estado. Ya en 2015 y 2017 la Supertransporte había impuesto sanciones a Uber por la prestación de servicios ilegales.
En 2017, según la SIC, Uber obstruyó una visita que se realizó en octubre. Según la entidad, a los empleados se les instruyó para no entregar información del negocio o acceso a hardware (como computadores). El resultado en su momento fue una multa por 2.130 millones a Uber y tres personas naturales. Sobre esta acusación, la plataforma afirmó que no recibió notificación de la decisión de primera instancia adoptada por la Superintendencia de Industria y Comercio.
El 6 de diciembre de este año, la SIC solicitó explicaciones a Uber por el incumplimiento de una orden que esta entidad había emitido para que cesara la facilitación y promoción de servicios de transporte terrestre no autorizados. Las acciones más recientes parecen ser la respuesta a la negativa del servicio de acatar con las órdenes de la entidad.
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