El reporte identifica cambios concretos en Atlántico, Cesar, Quindío, Risaralda y Sucre. En estos territorios, la suma de las participaciones de Tigo y Movistar supera la cuota de Claro en banda ancha fija, lo que modifica el mapa competitivo por departamento. No se trata de una proyección futura sino de un ejercicio aritmético sobre la base de participaciones actuales.

El documento, coordinado por Joaquín Guerrero, director de Nae, analiza cómo quedaría estructurado el mercado tras la fusión en móvil y fijo. En internet fijo, la empresa combinada alcanzaría alrededor del 35 % de los accesos a nivel nacional, cifra muy cercana a la de Claro. Sin embargo, al desagregar por territorio es donde aparecen los movimientos más visibles.

En Atlántico y Cesar, por ejemplo, la suma de las bases consolida una posición que desplaza al competidor que encabezaba el mercado. En Quindío, Risaralda y Sucre ocurre una dinámica similar. La integración une huellas geográficas que hasta ahora operaban de forma separada y que, en conjunto, logran mayor densidad de clientes.

Cinco departamentos cambian de líder

El informe también muestra que la presencia territorial de Tigo y Movistar ha sido históricamente distinta. Mientras uno tenía mayor concentración en ciertos departamentos, el otro fortalecía su red en zonas diferentes. Al fusionarse, esas coberturas se complementan y generan un operador con alcance comparable al de Claro en varias regiones.

Este cambio regional es relevante porque la competencia en telecomunicaciones no se define solo por cifras nacionales. En muchos casos, las decisiones comerciales, las promociones y el despliegue de infraestructura responden a realidades locales. Un nuevo líder en un departamento puede influir en precios, inversiones en fibra óptica y estrategias de retención.

En banda ancha fija, el reporte destaca además la importancia de la migración hacia redes FTTH. Movistar aporta una base significativa de fibra, apoyada en acuerdos mayoristas como el de On Net, mientras Tigo cuenta con una estructura tecnológica diferente. La integración abre la posibilidad de acelerar la expansión de fibra en las zonas donde ahora suman liderazgo.

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Desde una mirada crítica, el avance en cinco departamentos no implica dominio absoluto del mercado nacional. Claro mantiene una posición fuerte en varias regiones y conserva el liderazgo agregado en segmentos móviles. No obstante, la redistribución territorial reduce la distancia en fijo y fortalece la capacidad competitiva del nuevo operador.

Para los usuarios en esos departamentos, el efecto dependerá de cómo se gestione la transición. Si la nueva compañía aprovecha la escala para mejorar cobertura y calidad, podría consolidar su posición. Si la integración genera ajustes operativos complejos, los clientes podrían evaluar alternativas.

El informe no anticipa consecuencias regulatorias adicionales ni emite juicios sobre la conveniencia de la operación. Lo que sí deja claro es que, con la fusión en marcha, el liderazgo regional ya no será el mismo en al menos cinco departamentos del país.

¿Por qué Wom ya no podrá llamarse así en Colombia?

Un poco de contexto: la compañía que opera en el país bajo el nombre de Wom es realmente Partners Telecom Colombia S.A.S., pero desde su llegada decidió utilizar la marca comercial. La razón de esto es que, en 2020, tanto WOM Chile como WOM Colombia funcionaban bajo la bandera de una misma firma de inversiones: Novator.

Sin embargo, hace un año se hicieron evidentes los problemas financieros de ambas filiales, lo que las llevó a iniciar procesos de bancarrota. El resultado final fue que ambos operadores pudieron seguir funcionando, pero bajo el mando de dos compañías diferentes. En el caso de Colombia, la empresa SUR Holding fue la que tomó el control del operador.

En enero de 2026, WOM SpA —propietaria de los derechos de la marca— denunció que Partners Telecom Colombia está usando su nombre sin autorización. De acuerdo con la compañía, en julio de 2025 expiró el contrato de licencia que permitía el uso del nombre; por esta razón, el uso actual de la marca se estaría realizando de forma ilegal.

En respuesta a esta denuncia, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) le ordenó a Partners Telecom Colombia que deje de utilizar la marca WOM, iniciando con la remoción de cualquier material promocional o referencia comercial. Esto también implicaría el cambio o bloqueo de sus dos dominio web en el país wom.co.

¿Qué es lo que sigue ahora para WOM en Colombia?

En respuesta a las acciones de la SIC, Wom Colombia aseguró que “defenderá vigorosamente sus derechos legales y continuará prestando servicios de telecomunicaciones de alta calidad a sus clientes”.

No obstante, la declaración no resuelve las principales dudas de los usuarios sobre cómo se solucionará el pleito legal. Todo parece indicar que, si el operador en Colombia no responde, WOM Chile instará a la SIC a tomar acciones más drásticas para forzar la medida.

Es un panorama complejo, especialmente porque la denuncia de WOM Chile no solo incluye el uso no autorizado de la marca, sino también el incumplimiento de responsabilidades, como pagos pendientes y una denuncia por gastos administrativos.

Todo esto ocurre poco después de que la empresa saliera de una crisis financiera que requirió la intervención del gobierno. Un año después del rescate, la situación no parece mejorar para la compañía, que sigue asegurando que su supervivencia es improbable a menos que se controlen los supuestos monopolios del mercado. WOM, por ejemplo, ha sido uno de los mayores detractores de la fusión entre Movistar y Tigo, asegurando que dicha unión llevaría a un duopolio que asfixiaría a los operadores más pequeños en el país.

WOM Colombia asegura que se está transformando

A través de una comunicación en sus redes sociales la compañía aseguró que sus servicios están funcionando con normalidad y que se encuentra en un proceso de transformación que “va más allá de su nombre”, que tomará algunos meses. También informó a sus usuarios que la URL de su página cambio y que ahora los podrán encontrar en www.movilPT.co

¡Nos estamos transformando!💪

Nuestros servicios siguen funcionando con total normalidad.

Ahora nuestra URL temporal es 👉 https://t.co/5UWxh5bWLa 📲 pic.twitter.com/cjvj62nyR9

— WOM Colombia (@womcolombia) February 9, 2026

Imágenes: Wom

La solicitud presentada ante la SIC busca que la autoridad de competencia analice el alcance de la alianza, sus eventuales efectos en el mercado y las condiciones bajo las cuales podría desarrollarse. Según lo informado por ETB, se trata de un esquema de colaboración comercial que, por ahora, no contempla modificaciones en la estructura societaria de ninguna de las dos compañías.

En términos prácticos, la alianza apuntaría a fortalecer la oferta de televisión de ETB mediante la integración de contenidos y capacidades de DirecTV, una empresa con amplia experiencia en distribución audiovisual y plataformas de televisión satelital y digital. Para ETB, este movimiento se alinea con su proceso de transformación hacia un modelo Techco, con el que busca diversificar su portafolio más allá de la conectividad tradicional.

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Desde la perspectiva de los usuarios, el acuerdo podría traducirse en una oferta más integrada de servicios, con paquetes que combinen internet, televisión y eventualmente otros productos digitales. También abre la puerta a una mayor disponibilidad de contenidos bajo demanda y a esquemas de contratación más flexibles, en respuesta a los cambios en los hábitos de consumo audiovisual.

No obstante, estos posibles beneficios están sujetos a la evaluación de la SIC. Durante el análisis, la entidad puede solicitar información adicional, imponer condiciones o incluso objetar la operación si considera que afecta la libre competencia. El regulador deberá determinar si la alianza genera concentraciones indebidas o barreras de entrada para otros actores del mercado.

¿Cómo encajaría esta alianza frente a Tigo y Movistar?

La notificación llega en un momento de alta reconfiguración del sector. Tigo y Movistar han avanzado en procesos de consolidación y fortalecimiento de sus ofertas convergentes, integrando televisión, internet fijo y móvil bajo una misma marca y estrategia comercial. Frente a ese escenario, una alianza entre ETB y DirecTV podría convertirse en una respuesta para competir en igualdad de condiciones, especialmente en el segmento de televisión y entretenimiento.

A diferencia de sus competidores, ETB no cuenta con una operación nacional de televisión robusta. La posible alianza le permitiría ampliar cobertura y enriquecer su catálogo sin asumir, al menos en esta fase, una inversión directa en infraestructura audiovisual. Para DirecTV, el acuerdo representa una vía para reforzar su presencia en mercados donde ETB mantiene una base sólida de clientes de conectividad.

Si la SIC da luz verde, el reto estará en cómo se materializa la alianza en precios, calidad de servicio y experiencia de usuario. En un entorno marcado por la competencia con plataformas de streaming y operadores integrados, la sostenibilidad del acuerdo dependerá de su capacidad para ofrecer valor real al consumidor y no solo una suma de marcas.

Por ahora, el proceso está en manos del regulador. El desenlace definirá si esta alianza se convierte en un nuevo actor relevante del mercado o queda como un intento estratégico condicionado por las reglas de competencia.

La decisión recae sobre un establecimiento comercial que durante años comercializó cables que imitaban a la marca Centelsa by Nexans, uno de los referentes del mercado eléctrico. Además de la sanción económica, el proceso civil permitió el embargo del local, una medida que no solo detiene la actividad ilícita, sino que busca evitar su reaparición bajo nuevas fachadas comerciales.

Este caso no surgió de la noche a la mañana. Es el resultado de más de dos años de investigaciones, denuncias y trabajo articulado entre la empresa afectada, la SIC y la Policía Nacional. Uno de los momentos clave ocurrió a comienzos de 2024, cuando se aplicaron medidas cautelares que permitieron retirar del mercado cerca de 1.800 rollos de cable falsificado en distintos puntos de Bogotá. El decomiso incluyó más de cinco toneladas de cobre y mercancía valorada en unos 300 millones de pesos.

Más allá del impacto económico, el trasfondo del caso tiene una dimensión de seguridad pública. La falsificación de cables no solo vulnera la propiedad industrial o distorsiona la competencia, también representa un riesgo directo para hogares, comercios y obras de infraestructura. Datos de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios muestran que una parte significativa de los incidentes asociados al uso ilegal de energía termina en quemaduras, muchas de ellas con consecuencias irreversibles.

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Desde Centelsa by Nexans, el fallo es leído como un precedente histórico. Para la compañía, la decisión de la SIC confirma que la venta de productos eléctricos falsificados no es una falta menor, sino una práctica que atenta contra los derechos de los consumidores y la seguridad colectiva. La estrategia de la empresa ha combinado acciones legales con campañas de prevención y verificación en la cadena de comercialización.

Como parte de ese enfoque, se habilitó un canal de denuncias confidencial para reportar productos o establecimientos sospechosos, una herramienta que busca involucrar a instaladores, distribuidores y ciudadanos. Cuando existe un riesgo inmediato, la recomendación es acudir también a las autoridades locales.

De cara a 2026, el reto sigue siendo el mismo: cerrar el paso a un mercado ilegal que se alimenta del desconocimiento y el bajo precio, y consolidar una red eléctrica más segura, legal y transparente en Colombia.

Aunque la entidad sostiene que la fusión permitirá competir mejor contra Claro y mejorar la calidad del servicio, también reconoció riesgos que podrían afectar los precios y la competencia. Para mitigarlos, impuso medidas obligatorias que acompañarán el nacimiento de este nuevo gigante de telecomunicaciones.

Las reglas que la SIC impuso para autorizar la integración

El primer foco de atención está en el Roaming Automático Nacional (RAN), servicio del cual depende WOM para operar en zonas donde aún no tiene red propia. La SIC encontró que la empresa integrada podría aumentar estas tarifas, afectando los costos operativos de competidores más pequeños.

Para evitar esto, ordenó descuentos obligatorios entre el 12,5% y el 24,3% sobre la tarifa que hoy paga WOM. Esta reducción debe aplicarse desde el momento en que Tigo y Movistar comiencen a operar como un solo grupo, con el objetivo de proteger al usuario final de aumentos indirectos.

Los operadores móviles virtuales (OMV) también quedaron bajo supervisión. Como dependen por completo de redes ajenas, son especialmente vulnerables. La SIC impuso descuentos entre el 11% y el 46% en sus contratos de acceso y eliminó cláusulas que puedan restringir la competencia.

En los servicios móviles minoristas, la superintendencia expresó su preocupación por un mercado que quedará dominado por dos grandes actores: Claro y la empresa fusionada. Existe el riesgo de que se produzcan coordinaciones implícitas que afecten a operadores pequeños. Para reducir ese riesgo, la SIC prohibió campañas dirigidas específicamente a arrebatarles clientes y obligó a que los paquetes fijo–móvil detallen el precio individual de cada servicio.

En los servicios fijos, la SIC detectó 82 municipios donde la competencia podría reducirse. La empresa fusionada deberá mantener en esos territorios los precios de referencia usados en ciudades con competencia efectiva, como Bogotá, Popayán, Pasto y Soacha. También deberá conservar la calidad actual del servicio para evitar degradaciones.

Otro punto clave es OnNet, la red mayorista de fibra óptica donde Movistar tiene participación y poder de veto. La SIC temía que esto pudiera usarse para frenar rivales o acceder a información sensible. Como respuesta, impuso un esquema estricto de manejo de información y la empresa integrada renunció formalmente al derecho de veto en decisiones estratégicas.

Los riesgos que la SIC intenta evitar con sus condicionamientos

La entidad explicó que, aunque la unión de Tigo y Movistar ofrece beneficios como mayor eficiencia y mejor cobertura, también plantea riesgos claros para la libre competencia. El más evidente es la concentración del mercado móvil.

Con Claro por encima del 50% y la empresa integrada cercana al 40%, el país quedaría con dos gigantes capaces de influir en precios, empaquetamientos y estrategias comerciales. Esto, según la SIC, justifica las medidas preventivas aplicadas en segmentos móviles, fijos y mayoristas.

El organismo también busca impedir que la empresa fusionada tenga incentivos para bloquear o dificultar el acceso a infraestructura de fibra óptica. Por esa razón, la renuncia al veto en OnNet se consideró indispensable. La idea es evitar un cuello de botella que limite la expansión de internet fijo para otros operadores.

Además, la SIC quiere mantener la transparencia en ofertas comerciales. Al exigir que se detalle el precio de cada servicio dentro de un paquete, se evita que la empresa integrada use descuentos artificiales para desplazar a competidores más pequeños.

La respuesta de WOM: preocupación, advertencias y acciones legales

WOM fue el operador que reaccionó con mayor fuerza a la decisión. Stan Chudnovsky, uno de sus inversionistas, aseguró que la tarifa de RAN definida por la integración —entre 0,6% y 1,5%— “es la que más golpea al usuario”. Para la compañía, la SIC debió imponer tarifas más bajas que permitieran trasladar reducciones al consumidor final.

La empresa advirtió que la integración crea un mercado altamente concentrado, con dos empresas que superarían el 90% de participación combinada. WOM afirma que esto se traduce en un duopolio con la capacidad de elevar precios, disminuir oferta y afectar especialmente a los estratos 1 y 2.

Según la compañía, la decisión “crea un segundo monstruo” que aleja a Colombia de las mejores prácticas de la OCDE. Insiste en que esta estructura le da demasiado poder a dos actores y reduce la capacidad de operadores emergentes para competir en igualdad de condiciones.

WOM también recordó que ha invertido más de USD 40 millones para entrar al país, expandir cobertura y ofrecer más competencia. Por eso anunció que evalúa acciones regulatorias y legales para proteger tanto la libre competencia como el bolsillo de los usuarios colombianos.

La empresa asegura que no busca frenar los avances del sector, sino evitar que la competencia se debilite al punto de dejar el mercado móvil en manos de dos grandes compañías. De momento, estudian escenarios y mecanismos legales para responder a la aprobación de la SIC.

La integración Tigo–Movistar avanza, pero su impacto real se medirá en los próximos años. Entre condicionamientos, advertencias y vigilancia, el mercado colombiano entra a una nueva etapa donde los usuarios serán los primeros en sentir si estas medidas funcionaron o no.

En teoría, la unión busca fortalecer a dos compañías que enfrentan deudas, caída de ingresos y dificultades para sostener su infraestructura. Ambas argumentan que solo trabajando juntas podrán competir en un mercado dominado por Claro, que concentra más de la mitad de los usuarios y casi el 60 % de los ingresos del sector.

Pero el dilema no se reduce a una ecuación financiera; de la decisión de la SIC depende si el país avanza hacia una mayor competencia o si se consolida un duopolio que terminaría concentrando más del 90 % del mercado.

El presidente Gustavo Petro ha sido claro en que no quiere un país dominado por monopolios. Hace unas semanas escribió en X que la Constitución ordena “competencia, comunidades y Estado”, y que su instrucción a la SIC es atacar cualquier forma de cartel o concentración empresarial. Su mensaje dejó entrever que no habrá carta blanca para las grandes compañías, aunque el Gobierno tampoco ha tomado una posición pública definitiva.

El problema es que esta decisión llega en un momento crítico, pues los datos más recientes del ENTIC 2024 del DANE confirman que el 45 % de los colombianos no tiene conexión a internet por los altos costos. Eso significa que casi la mitad del país sigue desconectada, no porque no quiera conectarse, sino porque no puede pagarlo. Y si la competencia se reduce, ese número podría crecer.

Un país dividido entre los conectados y los que esperan señal

Las cifras oficiales dicen que el 70 % de los hogares colombianos tiene algún tipo de conexión, pero esa media nacional esconde una brecha profunda. En las grandes ciudades, el acceso es casi universal, mientras que en el campo apenas tres de cada diez personas logran conectarse. En muchas veredas, la señal llega débil, intermitente o simplemente no llega. Esa desigualdad digital refleja la misma fractura que atraviesa el país: un territorio con islas de modernidad rodeadas de desconexión.

En los barrios populares, las familias dependen de un solo celular con un plan prepago. Los jóvenes estudian con datos limitados, los adultos trabajan desde conexiones inestables y las pequeñas empresas no pueden digitalizarse. Mientras tanto, en los estratos altos hay fibra óptica, teletrabajo y hogares conectados a múltiples dispositivos. El acceso a internet se volvió un marcador de clase.

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La fusión de Tigo y Movistar podría agravar ese panorama si no se imponen reglas claras. Si solo dos compañías controlan el 90 % del mercado, los precios podrían subir y la innovación frenarse. Expertos advierten que en economías concentradas, las empresas pierden incentivos para mejorar su servicio y los usuarios quedan atrapados sin alternativas reales.

Mauricio Toro, excongresista y exdirector del Icetex, coincide. Dice que la CRC ha fallado en su papel regulador y que la confianza institucional está en entredicho. “Cuando el regulador no actúa, el mercado se acomoda solo, y eso suele ser en contra del usuario”, afirma.

Las opciones sobre la mesa y la posición de la Superintendencia

La SIC tiene tres caminos posibles. El primero, aprobar la fusión sin restricciones, lo que consolidaría a un segundo jugador con músculo suficiente para enfrentar a Claro, pero también dejaría a los usuarios a merced de un mercado cerrado. El segundo, aprobar con condiciones, imponiendo límites a la concentración, obligaciones de cobertura rural o topes en tarifas. El tercero, rechazar la operación, obligando a las empresas a buscar salidas distintas y, posiblemente, a enfrentar crisis financieras que pondrían en riesgo la estabilidad del sector.

En su más reciente pronunciamiento, la SIC afirmó que el análisis “se enfoca en los efectos sobre la competencia y el bienestar de los consumidores”. La entidad reconoció que esta no es una fusión cualquiera, porque sus efectos se extenderán a todo el ecosistema digital: desde los empleos indirectos hasta los ingresos fiscales del Estado.

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A esto se sumó la declaración de la superintendente Cielo Rusinque, quien aclaró que la Superintendencia no ha tomado aún ninguna decisión sobre la integración y que el proceso continúa en evaluación técnica. Según explicó, la entidad adelanta el control previo de la operación entre Tigo y Movistar con el objetivo de garantizar que no se generen afectaciones a la competencia. Rusinque precisó que las alternativas son tres: autorizarla si no afecta el mercado, aprobarla con condicionamientos para controlar los riesgos o objetarla si las afectaciones no pueden ser mitigadas.

La superintendente también pidió respeto por el trabajo técnico de la institución y subrayó que la decisión se tomará con base en la información recaudada y la participación de empresas, autoridades y terceros interesados, sin presiones externas ni juicios anticipados.

El desenlace de este proceso marcará la ruta del sector por la próxima década. Si la SIC aprueba la fusión sin controles, los usuarios podrían pagar más por menos servicio. Si impone condiciones firmes, el país podría ganar un equilibrio que garantice cobertura, precios justos y pluralidad.

A un mes del plazo final, el reloj corre y la incertidumbre crece; los operadores esperan una señal. Los usuarios, una garantía. Y el país, una decisión que demuestre si la competencia y la equidad digital son algo más que un discurso.

Imagen: Archivo ENTER.CO

Según la entidad, estas fallas habrían permitido casos de SIM Swapping, una práctica que facilita fraudes financieros. Las multas podrían alcanzar hasta 15.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) por operador.

Ahora bien para entender  de qué trata, cabe mencionar que el SIM Swapping es una técnica usada por delincuentes para tomar control del número telefónico de una víctima, engañando al operador móvil para que transfiera la línea a una nueva tarjeta SIM bajo su poder. Con el número en sus manos, los estafadores pueden acceder a servicios bancarios, redes sociales o cualquier plataforma que dependa de la autenticación por SMS.

La SIC cita un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), que advierte sobre el aumento de este tipo de fraudes a nivel internacional. Según el documento, “la víctima, cuya identidad es objeto de abuso, puede ver comprometidos sus fondos o verse involucrada en operaciones fraudulentas con recursos robados”.

Este tipo de suplantaciones no solo afecta a las personas, sino que también pone en entredicho la capacidad de los operadores para proteger la información y los servicios de sus usuarios.

Fallas en los controles de los operadores

La Dirección de Investigaciones de Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones de la SIC identificó que las compañías habrían incurrido en tres tipos de fallas.

Primero, no contar con mecanismos tecnológicos confiables para verificar la identidad de los titulares al momento de entregar una nueva SIM. Segundo, no realizar controles internos regulares que garanticen la efectividad de los protocolos de seguridad, pese a conocer los riesgos de suplantación. Y tercero, no brindar respuestas claras o suficientes a los usuarios que reportaron reposiciones no autorizadas.

Estas deficiencias, advierte la Superintendencia, habrían permitido que delincuentes se hicieran pasar por los titulares legítimos, accediendo a sus números y, con ello, a sus cuentas bancarias o redes personales.

Un llamado a reforzar la seguridad

El proceso administrativo se da en el marco de las funciones de vigilancia y control de la SIC, entidad encargada de proteger los derechos de los consumidores en el sector de las telecomunicaciones. Las empresas investigadas disponen de quince días hábiles desde la notificación para ejercer su derecho de defensa y presentar sus descargos.

Más allá de las sanciones, el caso revela un problema de fondo: la insuficiencia de los mecanismos de verificación de identidad que todavía dependen de documentos físicos o de preguntas de seguridad fácilmente vulnerables. Expertos en ciberseguridad recomiendan que las operadoras adopten autenticaciones biométricas, validaciones por video o cruces de datos en tiempo real con entidades financieras, medidas que, aunque implican inversión, pueden prevenir fraudes complejos como el SIM Swapping.

La Superintendencia reiteró que su actuación busca garantizar que los operadores fortalezcan sus protocolos de seguridad y atención al cliente. En palabras de la entidad, las decisiones adoptadas “reafirman el compromiso de la autoridad para identificar y detectar prácticas comerciales que afectan los intereses de los usuarios”.

El inicio de esta investigación contra los cuatro operadores móviles más importantes del país marca un precedente en materia de protección digital. En una época donde el número de teléfono se ha convertido en una llave de acceso a la identidad virtual, la seguridad en la reposición de una SIM no puede depender solo de la confianza: debe basarse en tecnología, verificación robusta y responsabilidad corporativa.

Imagen: Archivo ENTER.CO

La portabilidad numérica permite a cualquier usuario de telefonía móvil cambiar de operador conservando su número telefónico. Este derecho, vigente en Colombia desde 2011, promueve la libre competencia entre empresas y empodera a los consumidores, quienes pueden optar por un mejor servicio sin perder su número.

Para hacer efectiva esta portabilidad, el usuario debe solicitar a su operador actual un Número de Identificación Personal (NIP). Este es un código único, que se envía al teléfono móvil y sirve para validar que la solicitud fue hecha voluntariamente por el titular de la línea. En otras palabras, es la “clave” que autoriza el cambio de operador y protege al usuario de posibles fraudes.

Portabilidad en cifras

El uso de la portabilidad numérica está más vigente que nunca. Según datos oficiales:

• En el primer trimestre de 2025, más de 1,81 millones de líneas móviles cambiaron de operador en Colombia.
• Solo en marzo de 2025 se registraron 591.000 portaciones, lo que equivale a un promedio diario de 19.000 cambios.
• Desde que se implementó en 2011, se han realizado más de 57 millones de portaciones en el país.

Estas cifras demuestran que millones de colombianos están ejerciendo su derecho a elegir, lo que convierte cualquier intento de obstaculización en un asunto de interés público.

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¿Qué está en juego?

La investigación de la SIC se centra en dos prácticas que, de comprobarse, podrían violar las normas que regulan este proceso:

• Retrasos o bloqueos en la entrega del NIP: Movistar estaría demorando o incluso negando el envío del NIP, pese a que los usuarios cumplen con todos los requisitos. El NIP es un código de validación que confirma que el titular de la línea autoriza el cambio de operador. Sin este código, el proceso no puede avanzar. Por eso, su retención o retraso frena directamente la portabilidad y genera una barrera para que el usuario cambie libremente de operador.

• Ofrecimiento de beneficios durante la portabilidad: También se señala a la compañía por supuestamente ofrecer promociones o incentivos a usuarios que ya habían solicitado el cambio de operador. Esta práctica está prohibida, ya que puede interferir en la decisión del consumidor y distorsionar la competencia.

Medidas y consecuencias

Como parte del proceso, la SIC ordenó a Movistar cumplir estrictamente con los tiempos para el envío del NIP —que no deben superar los 10 minutos desde la solicitud— y abstenerse de enviar mensajes promocionales a usuarios en proceso de portación.

Si se comprueban las faltas, la compañía podría recibir sanciones de hasta 15.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Por ahora, Movistar tiene 15 días para presentar pruebas y ejercer su derecho de defensa.

No es un caso aislado

Esta no es la primera vez que la SIC actúa contra Movistar. En septiembre de 2024, la compañía fue sancionada con una multa superior a $718 millones por irregularidades similares: activaciones sin tarjeta SIM y procesos de portabilidad no solicitados.

¿Qué pueden hacer los usuarios?

Si un operador móvil pone trabas al proceso de portabilidad, los usuarios pueden acudir a la SIC para hacer valer sus derechos. El trámite es gratuito y está respaldado por la legislación colombiana.

Para más información, quejas o consultas, se puede ingresar a www.sic.gov.co o revisar el tablero de datos oficiales en www.postdata.gov.co.

Imagen: Generada con IA / ChatGPT

Intervención de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC)

Para proteger a los usuarios y garantizar una transición ordenada, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) intervino, emitiendo órdenes administrativas tanto a Flash Mobile como a Tigo. Según la SIC, el operador virtual debía informar de manera clara y oportuna a sus clientes sobre la desconexión y ofrecer alternativas para migrar a otros operadores.

Por su parte, Tigo recibió la instrucción de posponer la desconexión del servicio hasta el 1 de febrero de 2025. Adicionalmente, se le exigió mantener el servicio de mensajería SMS activo hasta el 16 de febrero de 2025, permitiendo a los usuarios recibir notificaciones importantes mientras realizan su cambio de operador.

La SIC también advirtió sobre posibles sanciones a ambas compañías debido a la falta de comunicación oportuna hacia los usuarios. La desconexión de una operadora móvil virtual como Flash Mobile puede afectar seriamente la experiencia de los clientes si no se toman medidas adecuadas para informarles sobre sus derechos y opciones.

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¿Qué deben hacer los usuarios de Flash Mobile?

Si eres usuario de Flash Mobile, es fundamental que tomes medidas para evitar quedar sin servicio:

• Revisa las comunicaciones oficiales: el operador está obligado a informar a sus clientes sobre el estado del servicio y las alternativas disponibles.
• Considera la migración: evalúa trasladar tu línea a otro operador. Puedes conservar tu número de teléfono gracias al sistema de portabilidad numérica.
• Contacta al servicio al cliente: tanto Flash Mobile como Tigo deben ofrecer canales de atención para resolver dudas y facilitar la transición.

¿Cuál es el panorama futuro?

El desenlace de esta situación dependerá en gran medida del cumplimiento de las órdenes de la SIC y de las negociaciones que puedan surgir entre Flash Mobile y Tigo. Mientras tanto, los usuarios deben estar atentos a las actualizaciones y tomar decisiones informadas para no quedar desconectados.

Este caso subraya la importancia de una regulación clara y firme para proteger a los consumidores en el sector de telecomunicaciones, especialmente cuando se trata de operadores móviles virtuales que dependen de terceros para ofrecer sus servicios.

Imagen: Flash Mobile

Entre las principales infracciones identificadas por la SIC, se destacan la vulneración del derecho de información, el incumplimiento de promociones ofrecidas, cobros por servicios no autorizados, la falta de continuidad y calidad en los servicios, así como la facturación de más de un período en una sola factura. Además, se detectaron problemas con el servicio pospago de Netflix, como la falta de información clara sobre sus características y condiciones, la activación del servicio sin la autorización del titular y la facturación por valores superiores a los pactados durante el proceso de fidelización.

La investigación evidenció que Claro no cumplió con diversas normativas legales y regulatorias, afectando a usuarios que confiaron en sus servicios. La empresa justificó algunas de sus acciones, como la desactivación de líneas móviles, argumentando que se trataba de medidas para prevenir fraudes, aunque la SIC consideró que tales prácticas violaban los derechos de los consumidores.

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Esta multa refuerza el compromiso de la SIC por proteger los derechos de los usuarios y garantizar que los servicios de telecomunicaciones se brinden con transparencia y calidad. Claro tiene la opción de interponer un recurso de reposición ante la Dirección de Investigaciones de Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones y otro de apelación ante la Superintendencia Delegada para la Protección del Consumidor.

Este no es el primer problema que enfrenta Claro con la SIC. En 2023, la empresa fue sancionada con una multa de $730.800.000 por publicidad engañosa relacionada con una promoción de tarjeta SIM prepago. Claro defendió su actuación, asegurando que toda la información estaba claramente disponible en los términos y condiciones de los servicios ofrecidos.

Además, la SIC ha abierto investigaciones similares contra Claro y otras operadoras, como Movistar, por presuntas prácticas irregulares en el proceso de portabilidad numérica, como el uso de productos como el “Bono de fidelización” y “Datos plus”, que habrían dificultado a los usuarios el cambio de proveedor. Estas acciones subrayan el compromiso de las autoridades por asegurar que las empresas de telecomunicaciones cumplan con la normativa vigente y garanticen un mercado competitivo y justo.

Imagen: archivo ENTER

¿Cuáles son los argumentos de la SIC contra las apps de transporte?

De manera sencilla, la SIC asegura que Uber, Didi y Cabify están promoviendo la prestación ilegal de servicios de transporte. De acuerdo con el documento las apps están incumpliendo la ley porque ofrecen un sistema de tarifas, un sistema para recaudar el dinero y además ofrecen una compensación monetaria a los conductores.

La SIC asegura que debido a que estas plataformas están operando de manera ilegal y bajo sus propias reglas cuentan con ventajas que los otros servicios de transporte no tienen.

¿Qué sigue ahora para Uber, Didi y Cabify?

El primer paso la formulación del pliego de cargos. De manera sencilla, este paso es una investigación formal para determinar si las plataformas en cuestión están operando y son culpables de competencia desleal.

¿Y si la SIC sale ganando el pulso contra Uber, Didi y Cabify?

Si se determinar que las empresas son culpables, entonces estarían sujetas a millonarias sanciones (estamos hablando de multas de hasta 100.000 salarios mínimos mensuales).

¿Cómo afecta esta investigación a los usuarios?

¿De ninguna manera? Desde hace mucho que las aplicaciones de transporte en el país están en limbo particular en el que se han declarado como ilegales, pero de igual manera siguen operando. En teoría hay sanciones potenciales para los usuarios y conductores que las utilicen… pero en la práctica este tipo de multas no son aplicadas porque hay otros precedentes legales que las anulado.

Dicho de otra manera: absolutamente nada cambia para los usuarios, porque estamos en la misma situación que hace años.

¿Qué han respondido las apps de transporte?

A través de un comunicado de AlianzaInn (el gremio de apps en Colombia) expresó su respeto por la decisión, pero nuevamente solicitó que se busquen el camino de la regulación, en vez del de la persecución y la prohibición:

“Es importante recordar que la Corte Suprema de Justicia, en sentencia SC-370 de finales de 2023, indicó en este tema que ‘los administradores de justicia deben proceder con cautela examinando si las disposiciones correspondientes responden a las nuevas problemáticas, pues lo contrario se traduciría simplemente en un obstáculo jurídico e irrazonable al ofrecimiento y disfrute de productos mediante las TIC s’”.

Imágenes: Foto de charlesdeluvio en Unsplash

La Superintendencia de Industria y Comercio SIC resolvió tres demandas de infracción de derechos a la propiedad industrial, las cuales fueron presentadas por Ericsson contra Motorola. La medida cautelar que se tomó frente al tema fue la prohibición de importación, promoción, venta y publicidad dentro del país de ocho referencias específicas de celulares de la compañía. 

El alegato por parte de la compañía sueca es el mismo que tenía contra Apple: las compañías están haciendo uso de ciertos estándares de telecomunicaciones que, de alguna forma, les pertenecen a Ericsson. Y es que la empresa ha sido una de las que más se ha visto inmersa en la construcción de nuevos estándares de telecomunicaciones como las redes 4G, 5G y 6G. 

La disputa inició en el 2014, cuando Lenovo adquirió Mobility Holdings, desde entonces, la compañía debería ser la encargada de suscribir un acuerdo con Ericsson para el uso de sus patentes a nivel global. Sin embargo, según la información del demandante, Lenovo no ha accedido a suscribir una licencia del uso de dichas tecnologías, aún así, siguen usándolas. 

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Así, los celulares que saldrán del mercado son: 

 ThinkPhone (Modelo XT2309-2)

– Razr 40 Ultra (Modelo XT2321-1)

– Razr 40 (Modelo XT2323-1)

– Motorola Edge 40 (Modelo XT2303-2)

– Motorola Edge 30 Ultra (Modelo XT2241-2)

– Motorola Edge 30 Fusion (Modelo XT2243-1)

– Motorola Edge 30 Neo (Modelo XT2245-1)

– Motorola Edge 30 Pro (Modelo XT22101-1)

– Moto G200 (Modelo XT2175-1).

“Motorola deberá informar a supermercados, minoristas, redes sociales, medios de comunicación masiva y plataformas de comercio electrónico dentro del territorio nacional sobre la existencia de la medida cautelar para que tomen las medidas necesarias para cumplir con las órdenes de la SIC”, señaló la Superindustria.

Imagen: Motorola oficial

Así que en ENTER.CO hemos hecho un resumen de las entidades que al parecer fueron afectadas y que en estos momentos tienen algunos o varios de sus servicios suspendidos. El conteo previo hasta el momento indica que el número de páginas y servicios que no están funcionando son más de 20 plataformas afectadas.

La mayoría de portales de la Rama Judicial

Uno de los golpes más importantes del ciberataque fue a la Rama Judicial. Al momento de publicación de este artículo el sitio de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial no está disponible y la mayoría de plataformas o servicios vinculados tampoco están disponibles: Página de liquidador de sentencias, Pagina Demanda en línea, Página del sistema de información documental nacional, ETC.

La Unidad de Informática de Dirección Ejecutiva de Admón Judicial trabaja en el restablecimiento del portal web y algunos sistemas de la #RamaJudicial, los cuales han presentado fallas en los servicios que presta el sitio web. Estaremos informando cuando se normalice el servicio.

— Rama Judicial (@judicaturacsj) September 12, 2023

SIC

En estos momentos el sitio de Superintendencia de Industria y Comercio se encuentra caído. La entidad a través de Twitter X confirmó que los trámites se encuentran suspendidos hasta el 13 de septiembre.

La #SIC informa a la ciudadanía que debido a las fallas presentadas en su página web https://t.co/uVGC9EGksO, suspenderá los términos procesales de las actuaciones que se adelantan ante sus distintas dependencias.

Conoce los detalles aquí⬇️ pic.twitter.com/LB2m8u1cIF

— Superintendencia de Industria y Comercio 🇨🇴 (@sicsuper) September 13, 2023

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Ministerio de Salud

El Ministerio de Salud a través de sus redes sociales también confirmó que debido al incidente de seguridad los servicios digitales no están disponibles. Por el momento no hay una fecha para su restablecimiento y el sitio web funciona sin problemas.

🚨¡Importante! Debido a un incidente de ciberseguridad, los servicios digitales del @MinSaludCol presentan fallas. Informamos a la ciudadanía que trabajamos para restablecerlos lo más rápido posible.

Los detalles👉https://t.co/xQzdImzszN pic.twitter.com/OnQGE10s7i

— MinSalud Colombia 🇨🇴 (@MinSaludCol) September 13, 2023

Super Salud

A través de Twitter X, LA Superintendencia Nacional de Salud anunció el fallo de sus servicios tecnológicos, el acceso a la plataforma donde se radican las quejas y la correspondencia, así como los sistemas de gestión de auditorias e inventarios.

#Noticia | La Superintendencia Nacional de Salud alerta por falla generalizada en sus servicios tecnológicos a los vigilados, usuarios y grupos de interés.

Seguiremos informando sobre los avances frente a la falla presentada. pic.twitter.com/GNEVuPMQVA

— Supersalud (@Supersalud) September 13, 2023

Noticia en desarrollo

Imágenes: montaje ENTER.CO

Publicidad engañosa, falta de respuesta ante las garantías y suplantación de identidad son algunos de los conflictos que más se presentan entre las empresas y los usuarios. Hasta el momento, los afectados se dirigían a la SIC para interponer derechos de petición, denuncias, tutelas, etc., para llegar a un acuerdo con la compañía denunciada. Eso ahora está cambiando con ‘SIC Facilita’, la nueva herramienta virtual de la entidad.

Vale la pena aclarar que, aunque SIC Facilita llegó con el fin de acelerar los procesos con ayuda de las alternativas tecnológicas, los ciudadanos pueden seguir haciendo uso de los procesos jurídicos si así lo desean. Eso sí, deben tener en cuenta que la resolución a este tipo de procesos puede tardar más días que la solución por medio de SIC Facilita.

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¿Cómo usar ´SIC Facilita’?

Los usuarios pueden dirigirse al sitio web de la entidad pública, donde encontrarán la sección ‘SIC Facilita’. Allí deberás registrarte como consumidor o como proveedor, llenando un formulario con tus datos personales o empresariales correspondientes. Luego de realizar el registro, deberás realizar una descripción con el debido reclamo que estás haciendo.

En este punto es necesario que verifiques la lista de proveedores que están inscritos en la SIC. Vale la pena recordar que, en teoría, todos los establecimientos que ofrecen productos y servicios en Colombia deberían estar allí inscritos. Al confirmar que la empresa a la que harás el reclamo está inscrita en la SIC, debes realizar el reclamo, en el que adjuntarás toda la información posible del caso.

Luego de recibir el reclamo, la SIC se pondrá en contacto con el proveedor y hará el respectivo seguimiento a la petición para que el ciudadano reciba una respuesta rápida y correcta. Si el proveedor no brinda una respuesta o la solución que brinda no es la mejor para el usuario, la SIC agendará una cita virtual. En ese espacio, la entidad opera como mediadora entre el proveedor y el usuario hasta llegar a un acuerdo satisfactorio para ambas partes.

Por último, tanto la empresa como el usuario recibirán un documento oficial donde queda constancia del acuerdo pactado. Con este documento, ambas partes podrán exigir que se cumpla el acuerdo a cabalidad.

Imagen: Sora Shimazaki vía Pixabay

La SIC emitió los lineamientos que deben seguir los usuarios afectados para poder guiarlos a la solución más óptima. En un primer momento, los usuarios podrán interponer una demanda ante la entidad por “presunta vulneración de sus derechos como consumidor”.

“En caso de haber comprado tiquetes de vuelos a la aerolínea Viva y haberse visto afectado por la suspensión de la operación aérea, puede acudir a la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, para resolver su caso mediante la interposición de una demanda por una presunta vulneración de sus derechos como consumidor”, comentaron desde la SIC.

La Superintendencia aclaró que los usuarios que pongan la demanda deben tener en cuenta qué tipo de vuelo había adquirido. Aquellos que adquirieron vuelos nacionales, deberán interponer la demanda contra la sociedad Fast Colombia S.A.S. Por otro lado, si el vuelo es internacional, la demanda debe ir en contra de Viva Airlines Perú SAC.

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En cualquiera de los dos casos, la denuncia debe hacerse a través del aplicativo “Demande aquí” de la SIC, puedes acceder a través de este link o directamente en la página web de la entidad. Posteriormente, debe radicarse en el correo electrónico contactenos@sic.gov.co o si el usuario lo desea, puede radicarla de manera presencial en las oficinas de la Superintendencia en la carrera 7 # 31 A- 36, piso 3, en Bogotá.

Para que el proceso sea más ágil, la SIC recomienda que el afectado pida a la Superintendencia que: ”en su calidad de juez, decrete medidas cautelares encaminadas a obtener de manera anticipada, ágil y expedita una solución a su caso de manera previa a proferir la sentencia”. Esta petición se debe presentar junto con la demanda y por escrito.

Eso, según la entidad, puede culminar en una devolución del dinero o la reubicación del vuelo en otra aerolínea. Adicional a esto, la SIC explica que, mientras se solucione el problema, también cabe la posibilidad de que se cubran los gastos de alojamiento, transporte y alimentación.

Imagen:

De acuerdo con la SIC, Movistar emitió publicidad engañosa y vulneró el derecho de los usuarios a la terminación de sus contratos. Específicamente, la campaña por la que fue multada Movistar es ‘IlimiDatos’ que incluía el servicio “Pasa Gigas pide y comparte tus datos con quien quieras”. Dicha campaña ofertaba planes por $63.868, $75.990 y $99.990 pesos colombianos, cada uno de ellos incluyó información que hizo creer a los usuarios que podrían compartir datos con líneas receptoras de cualquier modalidad, no importaría si eran prepago o pospago.

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Pero, desde la SIC se pudo establecer que las piezas publicitarias de esta campaña indujeron al error de comprensión por parte de los consumidores. Realmente, el servicio solo se podía compartir con otros usuarios pospago, de lo contrario no se podría compartir datos mediante el servicio. Por otro lado, la compañía vulneró y desconoció el derecho de los usuarios a terminar sus contratos cuando lo desearan. Así mismo, se determinó que Movistar obstaculizó el derecho de los mismos a presentar las respectivas preguntas, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS).

“Se determinó que Movistar omitió información relevante dentro de las piezas publicitarias y sus términos y condiciones, situación que generó confusión en los usuarios (…) Asimismo, luego del análisis de estas piezas publicitarias se observó que Movistar no dio el trámite adecuado a las solicitudes de terminación del contrato de los usuarios que se sintieron engañados con esta oferta, y que para otros casos exigía documentos y requisitos no previstos dentro de la regulación para atender este tipo de reclamos”, dijo la SIC.  Por su parte, Movistar no se ha pronunciado al respecto.

Imagen: Wiki Commons 

Entonces, ¿puede un medio de comunicación utilizar mi imagen sin problema? Sí y no. Es decir, como todo en Colombia (y en cualquier país) debemos ceñirnos a lo que las leyes nos permiten. Tradicionalmente, este tema se había abordado desde el Derecho de Autor pero, ¿si en la imagen salgo yo, pero no fue tomada por mí? Pensando en estos casos, en el 2012 entró en vigencia la Ley 1581, la cual exige considerar la imagen de cualquier persona como un dato personal.

Dicha ley explica el debido tratamiento para el uso de imágenes personales. Lo primero es que, si se va a usar la imagen de una persona, ésta debe estar enterada de ello; es decir, se debe firmar una autorización previa. Así mismo, la persona de la foto puede conocer, actualizar, rectificar sus datos personales o revocar la autorización cuando no se respete lo acordado. Por otro lado, la omisión de los acuerdos establecidos o la no autorización por parte de la persona puede acarrear sanciones desde la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) para el medio de comunicación evasor. Dicho así, si un medio de comunicación utiliza alguna fotografía tuya sin tu autorización, puedes proceder legalmente.

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Hay que tener en cuenta que aquí también están contempladas las fotografías que se suben a redes sociales. Es decir, el medio no podrá utilizar una foto que publicaste en tus redes personales basándose en que es de “carácter público”. La Ley sostiene que, de igual manera, se debe obtener previa autorización por parte del titular, a menos de que la persona sea un personaje público y siempre y cuando tenga relación la noticia con la imagen usada.

Por su parte, la SIC hace una serie de recomendaciones en su ‘Guía sobre el tratamiento de las fotos como datos personales’: 

• Obtener Autorización previa, expresa e informada para tomar fotos y usarlas.
• Verificar la procedencia legítima de las fotos que le suministran terceros.
• Tener presentes las reglas especiales para tratar fotos de menores de 18 años.
• Informar al fotografiado (Titular del Dato) los fines específicos para los cuales se usarán las fotos.
• Exigir el respeto de la regulación de Protección de Datos a los terceros que contrate para tratar fotos.
• Abstenerse de obtener fotos de manera engañosa y no asumir que las fotos de acceso público puede usarlas libremente.

Para mayor información sobre el tratamiento de las fotos como datos personales te invitamos a que revises la Guía diseñada por la SIC.

Imagen: Unsplash

Tal vez una entidad o empresa privada te ofrece sus servicios porque alguna vez compartiste tus datos con ellos y no lo recuerdas. Pero tranquilo, que siempre que lo desees puedes hacer uso de tu derecho a “administrar, corregir o eliminar” tus datos de las bases de datos de las empresas. Así que presta atención que vamos a darte las ideas de cómo hacerlo. El Decreto 1377 de 2013, con el que se reglamentó parcialmente la Ley General de Protección de Datos Personales, nos arroja una idea de cómo hacer este proceso. En el artículo 9 dice: “Los Titulares podrán en todo momento solicitar al responsable o encargado la supresión de sus datos personales y/o revocar la autorización otorgada para el Tratamiento de los mismos, mediante la presen­tación de un reclamo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 15 de la Ley 1581 de 2012″.

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Dicho esto, entonces nos queda consultar cómo hacer este reclamo, para ello, consultamos el artículo 15 de la Ley 1581 de 20212 que dice así: “podrán presentar un reclamo ante el Responsable del Tratamiento o el Encargado del Tratamiento”. Este mismo artículo establece una serie de condiciones que debes cumplir para presentar dicho reclamo. Aquí te las contamos:

1. El reclamo se formulará mediante solicitud dirigida al Responsable del Tratamiento o al Encargado del Tratamiento, con la identificación del Titular, la descripción de los hechos que dan lugar al reclamo, la dirección, y acompañando los documentos que se quiera hacer valer.
2. Una vez recibido el reclamo completo, se incluirá en la base de datos una leyenda que diga “reclamo en trámite” y el motivo del mismo, en un término no mayor a dos (2) días hábiles
3. El término máximo para atender el reclamo será de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de su recibo.

¿Quién es el Responsable del Tratamiento de mis datos?

Para tener una certeza a esta pregunta, consultamos con la Superintendencia de Industria y Comercio, donde nos aclararon que: “El Responsable del Tratamiento de los datos personales es una persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí misma o en asocio con otros decida sobre la base de datos y/o el tratamiento de los mismos”.

En síntesis, si quieres eliminar tus datos de una base de datos y deshacerte para siempre de esas llamadas indeseadas, debes:

1. Redactar una solicitud dirigida a la empresa pública o privada que hace la comunicación, incluyendo tu nombre e identificación, solicitando que tus datos sean eliminados de su base de datos.
2. Radicarla de manera presencial o por los canales de comunicación establecidos por la entidad (como PQRS o correo electrónico).
3. Esperar unos 15 días hábiles a la respuesta. En caso de no obtener respuesta ni solución, tendrás que notificar a la SIC sobre esta vulneración a tu derecho.

Imagen: Taylor Grote en Unsplash

“A partir del análisis de las denuncias presentadas ante esta Autoridad, se advirtió que los usuarios habrían obtenido respuestas favorables de Claro a sus solicitudes. Sin embargo, el prestador del servicio optó por desconocer esa decisión inicial, en detrimento de la confianza de esos usuarios en que sus PQRs realmente fueran solucionadas”, argumentó la SIC en un comunicado.

La Superintendencia, como autoridad nacional de protección de los usuarios, afirma que la compañía ha pasado por encima de los derechos que tienen los consumidores para realizar sus peticiones, quedas y reclamos. Argumentaron que estas PQRs no fueron atendidas, ni resueltas de manera efectiva y definitiva, ya que no materializó de manera integral las decisiones emitidas en primera instancia a favor de los usuarios.

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La SIC finaliza el documento argumentando que se espera con esta multa, la empresa finalmente materialice las decisiones emitidas a favor de los usuarios. Cabe aclarar que estas quejas fueron presentadas principalmente ante el mal servicio o falta de este, por parte de la empresa.

Por su parte, Claro argumentó mediante un comunicado que la empresa cuenta con diferentes canales de atención en los que se atienden acertadamente los reclamos. Además, destaca que en 2021, la compañía alcanzó los 115 centros de atención y ventas en todo el país y 2.097 puntos de atención al cliente presencial.

“Claro, año tras año, realiza enormes inversiones para entregar la mejor experiencia y soportar el crecimiento de la demanda de los servicios fijos y móviles. Además busca siempre garantizar un excelente servicio al cliente fortaleciendo sus soluciones digitales como App Mi Claro y la línea de atención telefónica”. Detalla Claro en el comunicado.

Imagen: Claro

¿Por qué está sucediendo esto? Cuando un operador de telefonía desea ingresar al país, solicita a las demás compañías de red móvil la interconexión y Roaming Automático Nacional (RAN) para poder prestar sus servicios. Es decir, para que las llamadas se puedan conectar entre dos compañías de telefonía distintas, es necesaria dicha interconexión y RAN, así no habrá limitación técnica ni geográfica a nivel nacional.

En diciembre de 2019, WOM obtuvo los permisos necesarios para entrar a trabajar en el país. Al tener la condición de operador entrante, las tarifas de interconexión se reducen el 50%, comparadas con el valor que deben cancelar los operadores establecidos como Claro, Tigo, Avantel o Movistar.

En mayo del 2021, WOM anunció que la compañía se fusionaría con Avantel, la empresa que lleva al menos 23 años en el mercado, es decir un operador establecido. Entonces, la problemática empezó a surgir debido a que Tigo y Claro denunciaron que WOM mantiene las tarifas de operador entrante, aun cuando ya estaba usando el espectro de Avantel, que además contaba con más de 2 millones de usuarios.

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¿Qué responden Claro y WOM?

“Debido al proceso de fusión con Avantel, WOM está en la obligación de implementar un mecanismo que permita diferenciar la red de origen del tráfico que envía, con el fin de que los otros operadores puedan establecer correctamente las tarifas a cobrar. Esta implementación, que aún no se ha realizado, debe informarse por lo menos con tres meses de anticipación a la CRC y a los demás operadores, lo cual tampoco ha sucedido.” Comentó un portavoz de Claro a ENTER.CO

Por su parte, WOM ha denunciado que Claro ha obstruido la comunicación entre sus usuarios y los pertenecientes al operador líder en el país. El operador recién llegado al país, informó que tan solo en diciembre, época en la que las personas desean comunicarse con sus seres queridos, al menos 16 millones de llamadas no lograron realizarse con éxito, debido a la supuesta obstrucción de redes por parte de Claro.

El portavoz de WOM comentó a ENTER.CO que “La Directiva de Claro ha mencionado reiteradamente en medios de comunicación que WOM ha cometido estafas y fraudes, soportadas en supuestas denuncias hechas a las autoridades competentes, que a la fecha no tienen ningún tipo de decisión, lo que va en contra de la presunción de inocencia y establece juicios legales sin los debidos soportes, incluso yendo en contra de lo emitido por el regulador.”

Esta situación se puso en evidencia ante la CRC, desde donde se remitió la documentación al respecto tanto al MinTIC como a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). Esto, con el fin de que se resuelva de la mejor manera la problemática que, por el momento existe entre Claro y WOM principalmente.

Imagen: Montaje ENTER.CO

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) formuló pliegos contra Partners Telecom Colombia (Wom) por presunta publicidad engañosa que representa una “violación a las normas de protección al consumidor al realizar afirmaciones en el marco de una estrategia publicitaria con las que podría generar error o engaño en los consumidores sobre la entrada en operación de un operador inexistente y el servicio que el mismo podría prestar”.

En específico, la SIC se refiere a la publicidad que circuló en varios diarios del país en la que se leía: “CLAVOSTAR Nosotros primero siempre PROMO DEL AÑO SÚPER LIMITADA PORQUE NOS LLEGÓ COMPETENCIA (…)”. El mensaje transmitido por este anuncio no corresponde a la realidad y pudo confundir a los usuarios sobre la naturaleza del anunciante, resalta la entidad.

Wom en problemas con la SIC por su estrategia publicitaria

La SIC también evaluará los siguientes mensajes de Wom, por motivos similares:

● “cuenta oficial de otro operador móvil que viene a dar el mismo servicio porque sabemos que nada debe cambiar”,
● “(…) en navidad tenemos equipos con el 0.000005% de descuento y opciones de pago cómodas que terminarás de pagar en el 2025 (…)”,
● “(…) Dar un excelente servicio es nuestra prioridad, no nos importa el dinero. #Awomletengomiedo #nosotrosprimerosiempre (…)”,

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● “(…) siempre le informamos a los usuarios la verdad sobre sus servicios y cambios en sus planes (…)”; “(…) con nosotros solo debes esperar unos ‘segundos’ en línea para ser atendido (…)”; “(…) #felizviernesatodos por motivos de fuerza mayor sus PQR’s serán respondidas el día lunes. Gracias por seguir con nosotros ¡feliz finde! #Awomletengomiedo #nosotrosprimerosiempre #felizviernesatodos (…)”,
● “(…) no nos podemos dejar, tenemos más de seis semestres liderando el mercado. #Awomletengomiedo #nosotrosprimerosiempre (…)”,
● “(…) El cuarto operador para ser más exactos, ofrecemos lo mismo y no dejaremos entrar a WOM (…)”,
● “(…) te tenemos un plan de navidad para que tú y tu hijo tengan el mejor internet sin asteriscos y con súper velocidad (…)”.

Además, “se evaluará si la sociedad investigada inobservó las órdenes impartidas por esta Autoridad en ejercicio de las facultades consagradas en el numeral 9 del artículo 59 de la Ley 1480 de 2011, pues no ha atendido algunos de los requerimientos realizados por esta Dirección en radicado de 1 de diciembre de 2020, entre ellos, remitir las piezas publicitarias utilizadas”, resalta el documento publicado por la SIC.

De demostrarse los cargos, Wom tendría que pagar una multa de 2.000 SMMLV.

** Actualización

Wom explicó en un comunicado que:

“Es claro que el lenguaje y los mensajes transmitidos por Clavostar no contienen información, datos ni cifras que configuren una oferta de servicios y por lo mismo están lejos de representar algún tipo de oferta mercantil o comercial. Al contrario, al centrarse en la exageración y en la sátira, no pueden configurar un engaño o generar confusión en los consumidores sobre la entrada de un nuevo operador, ya que desde el inicio de la campaña se ha dejado claro que Clavostar no existe. Con esta propuesta, Wom busca evidenciar las frustraciones y problemas a los que se enfrentan los usuarios con sus servicios de telefonía móvil y proponer una nueva alternativa de servicio”. 

Imagen: Archivo ENTER.CO. 

El anuncio lo hizo la SIC después de que los datos de 533 millones de cuentas de Facebook fueran publicados en Internet con información como el número telefónico, Facebook ID, nombre y algunos con correos electrónicos. Estos fueron obtenidos por cibercriminales debido una vulnerabilidad de la plataforma en agosto de 2019 y ya fue corregida de acuerdo con información de la empresa.

En Colombia hay 30 millones de usuarios de esta red social y según cifras de expertos de los 533 millones, 17 millones serían colombianas.

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La SIC como Autoridad de Protección de Datos Personales, ha iniciado investigación oficiosa a @Facebook ante las presuntas fallas de seguridad y filtraciones de datos que pueden involucrar a nacionales colombianos.
Conoce más en el siguiente link: https://t.co/VGKKFV9D4T pic.twitter.com/z52DzdARlg

— Superintendencia de Industria y Comercio 🇨🇴 (@sicsuper) April 7, 2021

Aunque la red social insiste que esta filtración de datos es vieja y ya fue corregida; es importante resaltar que los usuarios afectados no fueron avisados y, por tanto, no conocen que sus datos pueden ser usados por los cibercriminales. Esta no es la primera vez que la lista sale al aire, un bot en Telegram estaba vendiendolos a cambio de tokens digitales.

Puedes leer el anuncia de la SIC en este enlace.

Imagen: Geralt (Vía Pixabay). 

La modelo y a DJ aseguró está semana en Instagram que la sustancia era “el remedio que te salva de vacunarte”. La SIC además le ordenó entregar la información del laboratorio que produce el dióxido de cloro que promociona en sus redes sociales y confirme su registro sanitario.

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La #SICSuper ordena a @NataliaParis_ cesar en todas sus redes sociales la promoción del dióxido de cloro para prevenir el contagio del COVID-19. Para más detalles acá te dejamos el comunicado de prensa👇👇👇 pic.twitter.com/PRp4hBfrPA

— Superintendencia de Industria y Comercio 🇨🇴 (@sicsuper) January 27, 2021

Finalmente, París debe enviar “todas las publicaciones utilizadas para recomendar o promocionar el producto”, aclarando los medios y fechas de difusión y los soportes documentales (técnicos y/o científicos) que sustentan los beneficios atribuidos al dióxido de cloro, especialmente las relacionadas con la prevención y curación del COVID-19.

Imagen: Facebook Natalia París.

De este modo, Comcel (los servicios de Claro se ofrecen bajo esta firma) deberá pagar el equivalente a 190 SMLMV; es decir, más de $170 millones de pesos; mientras que ETB responderá con 120 SMLMV, $109 millones de pesos.

En ambos casos la investigación se hizo a partir de quejas presentadas por los mismos usuarios ante la SIC, “en donde se logró comprobar que los proveedores no respondieron las PQR presentadas en los términos establecidos por la ley, por lo que las sancionadas deberán atender de manera favorable las pretensiones de los usuarios al haberse configurado el Silencio Administrativo Positivo”, explica la entidad en su comunicado.

Es importante mencionar que el Silencio Administrativo Positivo es una consecuencia prevista en favor de los usuarios para aquellos eventos en los que el operador:

1. No contesta la PQR en un periodo de 15 días hábiles.
2. Responde a la PQR superando el tiempo legalmente establecido.
3. El operador responde, pero no pone la decisión adoptada en conocimiento del usuario.
4. La respuesta del operador es incompleta. Cuando esto se configura, el operador debe atender en forma favorable las pretensiones formuladas por el usuario en la PQR y se puede ver sujeto a sanciones por parte de esta Autoridad, como en el presente asunto.

Por su parte, Claro le dijo a ENTER.CO que además del comunicado no ha recibido una notificación oficial de la SIC y que “analizará cuidadosamente los motivos esgrimidos por la SIC e interpondrá los correspondientes recursos de ley en defensa de los intereses de la compañía”.

Además, destacó que durante 2020, la Compañía realizó importantes mejoras para atender las PQR como la Implementación de herramienta de suministro de información no presencial vía WhatsApp, el fortalecimiento App “Mi Claro”, del Chat Bot, mejoras en el Call Center “Hogar”, incremento de capacidad de Atención telefónica y simplificación de mensaje de IVR, entre otros. 

Tanto Comcel como ETB tiene el derecho de pedir los recursos de reposición y apelación.

Imagen: Pressfoto (Vía Freepik).

La entidad aseguró que, aunque Zoom ha tomado medidas para mejorar la protección de los datos de los usuarios, aún no es suficiente. Por este motivo, tendrá un plazo de cuatro meses para mejorarla y presentar un documento certificando dicho proceso.

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Zoom es una de las principales herramientas del teletrabajo hoy en día. Recientemente, la plataforma activo el cifrado punto a punto para todos los usuarios. Esto después de meses de estar en el ojo del huracán por no ofrecer mejor protección.  Inicialmente, el cifrado sería solo para llamadas organizadas o iniciadas por clientes que pagan por los servicios.

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La SIC asegura que tan solo en abril en Colombia se llevaron a cabo 17 millones de reuniones a través de esta herramienta por lo que considera que la orden preventiva  para proteger los datos de los usuarios, teniendo en cuenta que la plataforma sigue siendo una de las más importantes para la nueva realidad.

Imagen: jagritparajuli99 (Vía Pixabay). 

Claro deberá pagar $983.139.360 pesos colombianos, o lo equivalente a 1.120 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La SIC especificó en su comunicado que la sanción se hacía después de estudiar 33 quejas hechas por usuarios de la compañía e información dada por la empresa. “Se comprobó que Claro no realizó la terminación del servicio en 3.416 casos dentro del ciclo de facturación correspondiente. Adicionalmente, omitió tramitar solicitudes de terminación recibidas a través de la línea de atención telefónica”, específica la entidad en su comunicado.

Para leer otras noticias sobre Claro, visita este enlace.

Las quejas además de no permitir terminar el contrato por servicios también aseguraban que la empresa no permitía hacer cambios de modalidad de pospago a prepago, en caso de las líneas telefónicas. Además, la SIC asegura que Claro les exigía a sus clientes un horario de atención diferente al establecido en la ley y, en otros casos, exigieron requisitos adicionales para el trámite de la solicitud de terminación del contrato. Así mismo, se generó el cobro de facturas posteriores a la solicitud de terminación del contrato por parte de los clientes.

Un vocero de Claro, por su parte, le dijo a ENTER.CO que no ha sido notificado formalmente de la resolución emitida por la Superintendencia de Industria y Comercio y no tiene más información sobre los argumentos que llevaron a la SIC a imponer la sanción más que la dada por medio del comunicado de prensa de la autoridad. “En cuanto conozcamos la Resolución que impone la sanción, analizaremos cuidadosamente los motivos esgrimidos por la SIC e interpondremos los correspondientes recursos de ley en defensa de los intereses de la compañía”, concluye.

Imagen: Claro Colombia. 

La primera sanción es por un monto de $1.755.606.000, equivalente a dos mil salarios mlv, por violación a las normas de protección al consumidor que regulan la calidad en la prestación del servicio, la información mínima, la información pública de precios, la publicidad engañosa, la disponibilidad de vueltas correctas, las cláusulas abusivas, las obligaciones legales que surgen con ocasión del desarrollo de ventas a distancia y el comercio electrónico.

Para leer otras noticias sobre Rappi, visita este enlace.

La segunda sanción fue impuesta por no cumplir con cinco de siete órdenes dadas por la entidad el pasado mes de agosto de 2019. Entre ellas que se informara la procedencia del derecho de retracto y de reversión de pago, se dispusiera de mecanismos de recepción de PQRS que permitieran el seguimiento a las mismas, se ajustaran las disposiciones contractuales de los términos y condiciones, se informara el precio total de los productos incluyendo todos los costos adicionales sin que fuera posible su modificación y se estableciera en los acuerdos con los aliados la intervención de cada uno frente a la efectividad de la garantía.

ENTER.CO contactó a Rappi para comentarios, pero hasta el momento la plataforma no ha dado respuesta.

Noticia en desarrollo.

Imagen: Rappi.

Para Paulina Fagoaga, Country Manager de Fluvip, compañía tecnológica que desarrolló la plataforma líder de Influencer Marketing en Latinoamérica, “un influenciador es alguien que tiene la capacidad de modificar el comportamiento de otras personas”. Lo que antes era el boca a boca entre las personas, ahora se ha trasladado a las diferentes plataformas sociales. Hoy existe una industria muy sólida en torno a este tema, que conecta a los clientes con los influenciadores y desarrolla estrategias que permitan conseguir grandes réditos, explica la experta.

Además, agrega que la recomendación que un familiar, persona cercana o persona que admires puede influir en un muy alto porcentaje en las decisiones que tomamos frente a un producto o servicio. El principio del Influencer Marketing es el poder de la recomendación y la cercanía que genera con su conversación. Esencialmente, esto lo hace a través de publicaciones, consejos y testimonios. Mientras tanto, el éxito de esto se mide con una mezcla de: cantidad de followers, alcance y engagement, costo por engagement, número de impresiones, datos de tráfico, entre otros; pero también existen una serie de criterios cualitativos que ayudan de determinar su real capacidad de influenciar como son la personalidad y la actitud, el detalle del perfil, la línea de comunicación y expertise frente a diferentes temas.

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Esta empresa tiene cuatro tipos de influenciadores identificados:

• Celebridades: personalidades que adquirieron su fama o reconocimiento con el público y nacieron en un lugar diferentes a las redes sociales. (actores, actrices, deportistas, etc).
• Influencers o Profesionales: nativos digitales que han crecido generando contenido en plataformas digitales sociales. Personas que se destacan por experticia en una determinada área, categoría, oficio o profesión y que por su valor resultan atractivos al momento de compartir su conocimiento.
• Profesionales o Microinfluencers: Son las cuentas que tienen más de 10.000 seguidores en una de sus redes sociales, ya que después de este número se puede redirigir o poner enlaces (swipe up) a los visitantes hacia otras páginas en el formato de historias de Instagram y Facebook. Los podemos catalogar como “perfiles en potencia”.
• Nanoinfluencers: Son las personas que al menos tienen un seguidor, pero que además generan contenido con alguna periodicidad y con valor para su audiencia.

Más allá de las categorías, los influenciadores son personas que usan las diferentes plataformas que existen para conectarse y contar historias, responder preguntas y crear una relación con sus seguidores.

La manera como influyen en las decisiones u opiniones de las personas es importante tenerla en cuenta y la transparencia que hay detrás de los productos que promocionan, recomiendan y usan y la diferencia entre estas debe ser clara.

Imagen: Mathew Henry (Vía Burst). 

Aunque la guía son recomendaciones para los influenciadores, creadores de contenido en redes sociales y anunciantes publicitarios, el superintendente Andrés Barreto aseguró en una entrevista radial con la W que deben estar pendientes y asegurarse que el producto que estén mostrando sea verdadero y cumplir con los requisitos o si no podrán ser sancionado con hasta 2.000 salarios mínimos u otro tipo de castigos legales.

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Entre las recomendaciones, se menciona que los creadores de contenido no deben hacer pasar anuncios comerciales como contenido orgánico y la agencia que los contrata deben dar especificaciones de cómo se hará la aclaración. Las publicaciones deben tener en alguna parte del mensaje la especificación de que es un contenido pago y este se debe acoger a la Ley 1480 de 201.

Recomendaciones para los influenciadores:

• Identificar cuándo hay una relación comercial con un anunciante.
• Exigirle al anunciante o a la agencia que contrata sus servicios que le indique cuáles son los lineamientos para identificar plenamente el mensaje como publicidad. Abstenerse de realizar publicidad cuando el anunciante le sugiera ocultar la naturaleza comercial del mensaje.
• Abstenerse de hacer pasar un mensaje publicitario como uno natural y espontáneo que surge de su experiencia.

Recomendaciones para los anunciantes:

• Identificar y conocer las normas generales y especiales que apliquen a los productos que comercializa y darlas a conocer a quienes le presten servicios publicitarios.
• Cerciorarse de que los mensajes comerciales emitidos en su nombre sean identificados claramente como publicidad.
• Exigir que se informe al consumidor de manera clara sobre su vínculo comercial con el influenciador.
• Implementar una política de transparencia en el marco de sus actividades publicitarias a través de influenciadores.
• Participar activamente en la creación, elaboración, emisión y difusión de los mensajes por parte de los influenciadores.
• Difundir la Guía de Buenas Prácticas en la publicidad a través de Influenciadores y darlas a conocer a quienes contrata para la creación, elaboración, emisión y difusión de mensajes publicitarios.
• Revisar periódicamente los comentarios y reseñas de los consumidores que constituyen la audiencia del influenciador.

Imagen: Bantersnaps (Vía Unsplash).

A la lista de naciones que de manera pública han acusado a Facebook de no hacer suficientes esfuerzos por proteger la información de sus usuarios se sumó ahora Colombia. A través de un comunicado, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) informó que presentó un ultimátum a la red social en la que le exige hacer mucho más fuertes las medidas que toma para la protección de datos.

De acuerdo con el documento, la red social de Mark Zuckerberg tiene hasta el 14 de junio de 2020 para implementar nuevas y más fuertes medidas de seguridad. Esto, con la finalidad de prevenir el acceso no autorizado o fraudulento de fuentes externas a la información sensible de sus usuarios, de manera que los 31 millones de colombianos que usan Facebook (cifra entregada por la SIC) tengan mayores garantías al momento de usar la plataforma. En este sentido, la respuesta de Facebook debe entregar garantías comprobadas para evitar: acceso no autorizado o fraudulento, uso no autorizado o fraudulento, consulta no autorizada o fraudulenta, adulteración no autorizada o fraudulenta y pérdida no autorizada o fraudulenta.

Otro elemento importante de la comunicación es que Facebook tendrá que certificar sus acciones ante la Superintendencia de Industria y Comercio a través de una firma de auditoría externa.

#ÚltimaHoraSIC | El 14 de junio de 2020 vence el plazo para que @Facebook #Colombia S.A.S. implemente medidas de seguridad útiles y eficaces. Detalles en https://t.co/83KxNcepRm | #SICSuper pic.twitter.com/rvGtYOFYn0

— Superintendencia SIC (@sicsuper) February 17, 2020

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“Una empresa tan determinante en la ciberseguridad del mundo como lo es Facebook, en razón de la cantidad y calidad de información que maneja, tiene el deber de ser más que diligente en el tratamiento de datos, a fin de garantizar la protección de las personas y su privacidad. Por eso, esa empresa no debería ahorrar esfuerzos para mejorar los niveles de seguridad que exige la regulación para todos los usuarios de esa red social digital”, afirmó la SIC a través de un comunicado.

La solicitud de Colombia hace eco de otras demandas similares que han sido elevadas por países de todo el mundo. Quizás uno de los escándalos más importantes de la última década fue el de Cambridge Analytica, que llevó a Zuckerberg a testificar frente al congreso de los Estados Unidos. Fue el inicio de un llamado de atención a la empresa de Silicon Valley al que se han sumado el Reino Unido, Holanda, Nueva Zelanda, Francia, Australia y Canadá.

Imágenes: Wikicommons