Desde el 4 de febrero, el mercado de las telecomunicaciones en Colombia entra en una etapa decisiva con el inicio formal del control operativo de Tigo sobre Movistar. No se trata todavía de una fusión plena ni de una integración visible para los usuarios, sino de un movimiento administrativo y estratégico que redefine el equilibrio del sector a mediano plazo.
A partir de esa fecha, Movistar deja de operar como una empresa autónoma, aunque mantiene su marca, su portafolio comercial y su relación directa con los clientes. Tigo asume la dirección de las decisiones técnicas, financieras y operativas, marcando el comienzo de una transición que, por ahora, ocurre puertas adentro y no en la experiencia del usuario final.
Por ahora, para los usuarios de Movistar no hay cambios inmediatos; los contratos, planes, precios, condiciones de permanencia, facturación y canales de atención continúan exactamente igual. Tampoco hay migraciones automáticas, cambios de red ni modificaciones unilaterales en los servicios móviles, de internet fijo o de televisión.
Te puede interesar: Gyorgy Zsembery asume como CEO de WOM Colombia: ¿podrá consolidar su transformación en un mercado desafiante?
El proceso que se activa desde febrero está concentrado en la reorganización interna. La nueva estructura contempla la unificación de áreas administrativas y técnicas, la integración gradual de plataformas operativas y redes, la reorganización de sedes en distintas ciudades y la eliminación de duplicidades en cargos y procesos. El objetivo es reducir costos, ganar eficiencia y liberar capacidad de inversión en infraestructura y cobertura.
¿Qué pasará con los usuarios de Movistar y cómo se reorganiza el mercado?
Cualquier ajuste que pueda impactar a los usuarios deberá darse más adelante, de forma progresiva, con comunicación previa y bajo las reglas del regulador. En ese sentido, el corto plazo se caracteriza por estabilidad para los clientes y ajustes silenciosos en la operación.
El último paso pendiente para cerrar el capítulo societario es la venta de la participación del Gobierno Nacional en la compañía. Según el decreto expedido el 30 de diciembre de 2025, el Estado fijó el precio de las acciones en 772 pesos por título. De concretarse la operación, el Gobierno recibiría al menos 855.000 millones de pesos, sin que esto afecte la prestación del servicio, pero sí complete la salida del Estado del nuevo esquema empresarial.
Desde la perspectiva del mercado, el impacto es más profundo. Hoy, tres operadores concentran cerca del 90 % del sector. Claro mantiene el liderazgo con una participación superior al 52 %, seguido por Movistar y Tigo de forma separada. Sin embargo, una vez se materialice la integración, el bloque Tigo-Movistar alcanzaría cerca del 38 % del mercado, consolidándose como el segundo jugador y reduciendo la distancia frente al operador dominante.
Te puede interesar: Los condicionamientos de la SIC a la fusión Tigo–Movistar y la postura de WOM: ¿qué significa para los usuarios?
En un país con 92 millones de líneas móviles activas, donde la cobertura de telecomunicaciones llega al 92 % del territorio, el nuevo escenario plantea un reacomodo competitivo relevante. Claro seguiría siendo el líder, pero enfrentaría a un competidor con mayor escala, músculo financiero y capacidad de inversión, mientras que operadores más pequeños deberán adaptarse a un entorno más concentrado.
Más que un cambio inmediato para los usuarios, lo que comienza el 4 de febrero es una reconfiguración estructural del mercado, cuyos efectos reales se medirán en los próximos meses en términos de competencia, inversión y calidad del servicio.
