Los datos financieros se están convirtiendo en una pieza central de la regulación fintech en América Latina. México mantiene una ley específica para las empresas de tecnología financiera; Perú está construyendo su Sistema de Finanzas Abiertas y Colombia ya estableció un modelo obligatorio para el intercambio de información.
Aunque los tres países avanzan hacia una mayor integración entre entidades financieras y compañías tecnológicas, no lo hacen al mismo ritmo ni con las mismas herramientas. La diferencia importa porque las nuevas reglas determinan quién puede acceder a la información de un cliente, bajo qué condiciones y qué controles deben cumplir las empresas.
México partió primero. La Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera fue publicada en 2018 y establece el marco para las Instituciones de Financiamiento Colectivo y las Instituciones de Fondos de Pago Electrónico, entre otras figuras. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores mantiene esta ley dentro de la normatividad vigente para el sector fintech. La versión publicada por la Cámara de Diputados registra una última reforma del 14 de noviembre de 2025.
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En ese país también existen reglas específicas para las interfaces de programación de aplicaciones (API), que permiten la comunicación entre sistemas. La CNBV registra dentro de la normatividad fintech las disposiciones sobre estas interfaces y otras reglas aplicables a las instituciones tecnológicas.
Aquí aparece una precisión necesaria frente al término “Fintech Law 2.0”. No corresponde al nombre de una nueva ley mexicana que ya esté vigente. El marco oficial consultado continúa identificando como norma principal la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera. Por eso, cualquier referencia a una “versión 2.0” debe entenderse como una discusión sobre una posible evolución del marco regulatorio, no como una legislación aprobada.
Perú está construyendo su propio modelo
La situación es distinta en Perú. La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) lleva adelante una hoja de ruta para crear un Sistema de Finanzas Abiertas en el que el usuario tenga control sobre el uso de sus datos.
El proceso ya pasó de la etapa de diagnóstico a la elaboración de normas. En octubre de 2026, la SBS publicó los primeros cuatro títulos del proyecto de Reglamento General del Sistema de Finanzas Abiertas. El documento aborda el alcance y los principios del sistema, los datos incluidos, las responsabilidades de los participantes, su inscripción y habilitación técnica, además de las reglas relacionadas con la experiencia del usuario y el consentimiento.
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El intercambio de información tampoco queda reducido a una conexión entre bancos. La SBS está trabajando además en especificaciones técnicas de seguridad para que los participantes puedan intercambiar datos de forma segura mediante API.
Colombia ya tomó una decisión diferente. El Decreto 0368 de 2026 modificó el marco financiero para establecer un Sistema de Finanzas Abiertas obligatorio. Antes de esta norma existía un esquema voluntario establecido por el Decreto 1297 de 2022. El nuevo modelo parte de una condición: el consumidor debe autorizar previamente, de forma expresa e informada, el acceso y suministro de sus datos personales.
La Superintendencia Financiera de Colombia tiene ahora la tarea de definir los estándares técnicos, tecnológicos, funcionales y operativos que deberán aplicar los participantes. En junio de 2026 ya había iniciado mesas técnicas con 153 entidades y actores del sector para preparar esa implementación.
El proceso colombiano tuvo una actualización reciente. El Decreto 1489, expedido el 7 de octubre de 2026, modificó disposiciones relacionadas con la publicación de estándares, indicadores y la puesta en funcionamiento del directorio de participantes.
La regulación también está intentando resolver qué ocurre antes de que una innovación llegue al mercado. Colombia cuenta con un espacio controlado de prueba para que empresas y entidades vigiladas puedan experimentar con nuevos desarrollos tecnológicos bajo supervisión. La Superfinanciera advierte, además, que estos participantes siguen sujetos a las normas de protección de datos personales.
Los tres procesos apuntan hacia una relación más abierta entre tecnología, información y servicios financieros, pero con reglas diferentes. México tiene un marco fintech que sigue vigente; Perú está redactando las normas de su futuro sistema y Colombia ya comenzó a poner en marcha un esquema obligatorio. Para los usuarios, la discusión termina aterrizando en una pregunta sencilla: quién puede utilizar sus datos financieros y qué autorización necesita para hacerlo.
