Las apps de movilidad en Colombia han estado en el ojo de la polémica por muchos meses. Desde el gremio de transportadores se les acusa de ser ilegales y algunas entidades han impuesto sanciones cuantiosas a estas aplicaciones. Ante este panorama, conversamos con José Daniel López, director de Alianza In, para conocer su postura al respecto.
“La falta de una reglamentación no implica que las apps de movilidad sean ilegales”, afirma de forma concreta y lo explica fundamentado en que la operación de este tipo de apps en Colombia están dentro del marco de la legalidad porque «es un sector que paga impuestos». Particularmente en las apps de movilidad «están amparadas en un principio del derecho internacional que es la neutralidad de internet». Pero además, «operan en un principio de la norma de movilidad de transporte colombiano, que es la figura de alquiler de vehículo con conductor». Sin embargo, reconoce que hace falta una reglamentación específica y como gremio están prestos para acompañar esta reglamentación. Cree que con la llegada del nuevo presidente Gustavo Petro, y con su gabinete, están dadas las condiciones para avanzar en este sentido.
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Para López, las plataformas digitales de economía colaborativa significan una oportunidad de formalización de cientos de miles de colombianos. Y ante esto, considera que existe «un reto superior que es entender la magnitud de lo que significa la economía colaborativa para Colombia». Se fundamenta en los resultados de un sondeo realizado durante la pandemia por Fedesarrollo, la economía colaborativa significó ingresos para al menos 150.000 familias. Este mismo estudio muestra que el 44% de los colaboradores de estas plataformas indican que de no estar en una plataforma digital estarían desempleados. Muchos de ellos valores el trabajo en este tipo de plataformas debido a las nuevas condiciones de flexibilidad que ofrecen estos modelos.
Ante este panorama, José Daniel López, como director de Alianza In, aspira a que se pueda adelantar un diálogo constructivo con la nueva administración nacional que definitivamente lleve a diálogos regulatorios en los que se entienda el potencial que poseen las plataformas de economía colaborativa para el país.
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