El Gobierno nacional formalizó la decisión de vender la totalidad de su participación accionaria en Movistar Colombia, en un proceso que se desarrolla en paralelo a la integración de esta compañía con Tigo, operación que ya fue autorizada por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).
De acuerdo con el decreto expedido por el Ministerio de Hacienda, la Nación pondrá en venta 1.108 millones de acciones que posee en Colombia Telecomunicaciones, equivalentes al 32,5 % del capital de la empresa. El precio inicial establecido es de 772 pesos por acción, lo que permitiría al Estado obtener ingresos superiores a los 850.000 millones de pesos, según las proyecciones oficiales.
La medida se adopta en un momento de reordenamiento del sector de telecomunicaciones en el país, marcado por la consolidación de operadores y por la necesidad de fortalecer financieramente a las empresas para competir en un mercado cada vez más exigente en inversión, cobertura y calidad de servicio.
¿Cómo funcionará la venta de las acciones?
El decreto establece que el proceso de enajenación se realizará en dos etapas. En la primera, el Gobierno hará una oferta pública dirigida a los llamados destinatarios de condiciones especiales, una categoría definida por la ley que incluye, entre otros, a trabajadores, exempleados, fondos de pensiones y organizaciones solidarias vinculadas a la compañía.
Esta etapa tendrá una duración mínima de dos meses y se desarrollará bajo un esquema de amplia publicidad y libre concurrencia. Durante ese periodo, las acciones se ofrecerán al precio fijo determinado por el Gobierno. Si al cierre de esta fase no se logra vender la totalidad de los títulos, se dará paso a una segunda etapa.
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En esa instancia, las acciones restantes se pondrán a disposición del público en general, tanto en el mercado local como en eventuales escenarios internacionales, siempre bajo las condiciones y requisitos definidos en el reglamento del proceso. El precio no podrá ser inferior al valor fijado en la primera etapa, aunque podrá ajustarse de acuerdo con las condiciones del mercado.
El decreto aclara que la venta de esta participación no implica un cambio en el control de la empresa ni afecta la continuidad en la prestación de los servicios de telecomunicaciones.
¿Qué busca el Gobierno con esta decisión?
Desde la perspectiva fiscal, la operación permitirá al Estado obtener recursos significativos en un contexto de restricciones presupuestales. Aunque el decreto no detalla el destino específico del dinero, este tipo de ingresos suele incorporarse al presupuesto nacional para financiar gasto público o reducir presiones sobre las finanzas del Estado.
En términos de política pública, la decisión responde a la línea adoptada por el Gobierno de concentrar su rol en la regulación y supervisión del sector, en lugar de mantener participaciones accionarias en empresas que operan en mercados competitivos. Esta orientación ha sido respaldada en documentos oficiales que recomiendan al Estado desprenderse de activos que no cumplen una función estratégica directa.
La venta también se produce en medio del debate sobre la concentración del mercado tras la integración entre Movistar y Tigo. Frente a ese escenario, el Ministerio TIC ha reiterado que la operación no configura un duopolio y que existen mecanismos regulatorios para garantizar la competencia.
Con esta decisión, el Gobierno cierra un capítulo de su participación directa en Movistar Colombia y deja en manos del mercado el futuro accionario de la compañía, mientras mantiene su papel como autoridad reguladora en un sector clave para la conectividad y el desarrollo digital del país.
