El incremento del pasaje del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) y de TransMilenio en Bogotá abrió un nuevo frente judicial. La representante a la Cámara María Fernanda Carrascal y el concejal José Cuesta presentaron una demanda contra el Decreto Distrital 007 del 13 de enero de 2026, que autorizó la tarifa de 3.550 pesos.
La acción fue radicada ante el Juzgado Administrativo del Circuito de Bogotá e incluye una solicitud de nulidad del decreto y de suspensión provisional del aumento. Según los demandantes, la decisión de la Administración Distrital carece de sustento técnico suficiente y afecta de manera directa a millones de usuarios del transporte público.
El eje del reclamo no es menor. Para Carrascal y Cuesta, el aumento vulnera el derecho a la movilidad, al encarecer un servicio esencial para acceder al trabajo, la educación y otros servicios básicos, especialmente para los hogares de menores ingresos.
Aunque el decreto menciona variables como la inflación, el salario mínimo y los costos operativos del sistema, los accionantes sostienen que estas referencias no están acompañadas de estudios técnicos claros ni verificables que expliquen cómo se llegó al valor final del pasaje.
Cuestionamientos técnicos al cálculo del aumento
Uno de los puntos centrales de la demanda es la falta de trazabilidad en el cálculo tarifario. Según los demandantes, el Distrito no presentó documentos públicos que permitan entender la relación proporcional entre las variables económicas citadas y el incremento aprobado.
A su juicio, la motivación del decreto es apenas aparente. No existirían análisis completos que demuestren que el aumento era necesario, equilibrado o inevitable, ni que descartaran otras opciones antes de trasladar el mayor costo directamente a los usuarios.
Esta ausencia de sustento técnico, advierten, no solo debilita la legalidad del acto administrativo, sino que también impide el control ciudadano sobre una decisión que afecta el bolsillo de millones de personas a diario.
Impacto social y alternativas que no se evaluaron
La demanda también pone el foco en el impacto social del alza. Carrascal y Cuesta aseguran que el Distrito no realizó un análisis serio sobre cómo el aumento del pasaje afecta a los hogares más vulnerables, que ya destinan una proporción creciente de sus ingresos al transporte.
Para los demandantes, el transporte público no puede tratarse como un bien de consumo cualquiera. Se trata de un servicio público esencial, cuyo encarecimiento puede profundizar la desigualdad y limitar el acceso efectivo a derechos básicos.
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Además, cuestionan que la Administración Distrital no haya evaluado alternativas menos gravosas. Entre ellas, un uso más eficiente del Fondo de Estabilización Tarifaria, mejoras en la operación del sistema o una mejor focalización de los subsidios existentes.
Según la demanda, la decisión de aumentar la tarifa fue la salida más rápida, pero no necesariamente la más justa ni la más responsable desde el punto de vista social y económico.
Finalmente, los accionantes recalcan que esta acción judicial no responde a motivaciones ideológicas. Aseguran que su objetivo es proteger el interés general y recordar que el transporte público debe ser una herramienta de inclusión social, no un factor que profundice las brechas en Bogotá.
