El Gobierno nacional puso sobre la mesa un proyecto de decreto que busca acelerar la instalación de plantas de ensamblaje y producción de vehículos eléctricos e híbridos enchufables en el país. La iniciativa plantea la creación de dos instrumentos: el Régimen de Transformación y Ensamble para Vehículos Eléctricos (RTE-E) y el Instrumento para Nuevos Proyectos Industriales de Movilidad Híbrida Enchufable y Eléctrica (INPIMHEL), con los que se pretende atraer inversión, desarrollar industria local y fortalecer la transición hacia tecnologías limpias.
La propuesta apunta a resolver uno de los cuellos de botella del sector: la falta de capacidades industriales para fabricar o ensamblar este tipo de vehículos en Colombia. Para ello, introduce beneficios arancelarios que facilitan la importación de maquinaria, equipos y componentes técnicos necesarios en las primeras etapas de instalación de plantas. Estos bienes podrían ingresar con arancel del 0 %, siempre que estén destinados a procesos productivos dentro del país.
Además, el esquema contempla condiciones preferenciales para la importación de vehículos en formato CKD y SKD, es decir, desarmados total o parcialmente, con el objetivo de que sean ensamblados localmente. La medida busca que el valor agregado se quede en el país y que se desarrollen cadenas de proveedores nacionales.
Cuotas, inversión y condiciones para acceder
Uno de los puntos centrales del proyecto es la creación de un sistema de cuotas de importación. Entre 2026 y 2027 se permitiría el ingreso de hasta 20.000 vehículos eléctricos o híbridos enchufables por año, con un arancel reducido del 5 %. Sin embargo, estos cupos no se asignarán de forma automática.
Las empresas interesadas deberán cumplir una serie de requisitos técnicos, financieros y ambientales. Entre ellos, demostrar capacidad para desarrollar el proyecto industrial, presentar un Plan de Desarrollo Industrial Inicial y certificar inversiones en infraestructura, tecnología y talento humano. La asignación de los cupos dependerá del nivel de inversión ejecutado y del avance real del proyecto.
El acceso a los beneficios tampoco estará abierto a compañías que solo importen y comercialicen vehículos. El modelo está diseñado para atraer actores que instalen o amplíen plantas productivas en el país, con compromisos de integración progresiva de contenido nacional y generación de empleo. De hecho, el decreto establece metas mínimas de participación de componentes locales y exige que al menos el 70 % de la mano de obra sea colombiana.
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El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo sería la entidad encargada de evaluar las solicitudes, otorgar el reconocimiento como beneficiario y hacer seguimiento al cumplimiento de los compromisos. Para ello, trabajará de forma articulada con otras entidades como la DIAN y autoridades ambientales.
Las empresas interesadas deberán presentar su solicitud formal, junto con la documentación técnica y financiera exigida. El proceso incluye evaluación, posibles ajustes al proyecto y la expedición de un acto administrativo que autoriza el acceso a los beneficios.
El proyecto de decreto ya está disponible para comentarios de ciudadanos, empresas y otros actores del sector. Las observaciones podrán enviarse hasta el 26 de abril de 2026, como parte del proceso de consulta pública previo a su eventual adopción.
Con esta propuesta, el Gobierno busca sentar las bases para que Colombia no solo consuma vehículos eléctricos, sino que también participe en su producción, en línea con la política de reindustrialización y los objetivos de reducción de emisiones.
