Una contraseña y un límite de tiempo pueden ayudar a supervisar el uso de un chatbot. Pero no responden qué hace la plataforma con las confidencias de un adolescente ni cómo está diseñada para mantener la conversación. Un análisis jurídico publicado en octubre de 2026 propone llevar la protección a ese terreno: las decisiones del proveedor, antes de que una familia abra el menú de ajustes.
El trabajo es de Paula Gutiérrez Arboleda, uniandina vinculada a la Universidad de Valladolid, y apareció en la Revista Electrónica de Direito. Su planteamiento es que la seguridad de niños y adolescentes frente a la inteligencia artificial generativa no puede descansar únicamente en el consentimiento de sus padres o en su capacidad de supervisión.
La diferencia importa porque aceptar las condiciones de uso no siempre permite a una familia decidir cómo funciona el producto (aplicación, videojuego, red social o herramienta de IA generativa). El proveedor define qué información solicita, cuánto tiempo la conserva, con quién la comparte, qué inferencias hace de ella, con qué fuentes de información la cruza y qué incentivos incorpora para que el usuario vuelva. Esas decisiones preceden al control parental.
No se trata de un experimento clínico que demuestre que todos los chatbots causan adicción. El artículo reúne normas, bibliografía y casos para defender una respuesta preventiva. Su aporte es cambiar la pregunta: además de enseñar a usar la herramienta, ¿qué protección debería venir incorporada?.
La privacidad debe empezar antes de los ajustes
Gutiérrez Arboleda desarrolla dos conceptos que suelen quedar encerrados en el lenguaje legal: privacidad desde el diseño y por defecto. El primero exige pensar la protección mientras se construye el servicio, durante su desarrollo y por supuesto, en el periodo de uso. El segundo busca que la configuración inicial limite el tratamiento de datos a lo necesario, sin obligar al usuario a descubrir cómo protegerse.
En el Reglamento General de Protección de Datos europeo, este principio alcanza la cantidad de información recogida, su uso, conservación y acceso. No significa que cualquier aplicación deba tener exactamente los mismos botones. La protección debe corresponder a sus funciones y riesgos.
Para las familias, la consecuencia práctica es mirar más allá del filtro de contenido. Antes de autorizar un servicio, conviene revisar qué datos pide para funcionar y cuáles son opcionales. También, si explica de forma comprensible qué ocurre con las conversaciones y cómo solicitar su eliminación.
Hay preguntas distintas que no deberían confundirse: si el servicio conserva el historial, si recuerda información entre conversaciones y si utiliza esos datos para entrenar modelos. Una respuesta sobre una de ellas no resuelve las demás automáticamente. Si la política resulta ambigua, esa incertidumbre merece atención antes de compartir información íntima.
La supervisión tampoco tiene que convertirse en acceso indiscriminado a todo lo que escribe un adolescente. El reto que plantea el paper incluye proteger su privacidad y autonomía, no sustituirlas por vigilancia permanente. Ya existen controles de este tipo, como el ChatGPT para adolescentes que OpenAI presentó en agosto.
El diseño también decide cuándo termina la conversación
La protección de datos no agota el problema. Un asistente para resolver tareas y una aplicación creada para simular una relación tienen propósitos distintos. El artículo invita a examinar las formas de personalización y persuasión, en lugar de tratar toda interacción con IA como si fuera equivalente.
Los casos analizados evidencian, con nombres propios, la gravedad de los riesgos que los patrones oscuros, como el desplazamiento infinito y otras arquitecturas que obstaculizan la desconexión, entrañan para la salud mental, el desarrollo emocional e incluso la vida de los menores.
La Comisión Europea ofrece un ejemplo concreto. Sus directrices de julio de 2025 recomiendan desactivar por defecto funciones que favorecen el uso excesivo, como las rachas, la reproducción automática y las notificaciones push. También proponen salvaguardas para chatbots integrados en plataformas en línea.
Ese documento se refiere a la protección de menores bajo el Reglamento de Servicios Digitales europeo. Seguir sus recomendaciones es voluntario y no garantiza cumplir la ley. Tampoco permite afirmar que todos los chatbots disponibles en América Latina estén sujetos a esas mismas medidas.
Aun con ese límite, sirve para formular preguntas útiles: ¿la herramienta identifica claramente que se está interactuando con una IA?, ¿envía avisos para recuperar la atención?, ¿ofrece mecanismos comprensibles para reportar problemas? Las respuestas deben comprobarse en cada servicio, no deducirse de la etiqueta “apto para menores”.
El acompañamiento familiar sigue teniendo un papel crucial, limitando por ejemplo, los tiempos de conexión. Lo que cambia es la distribución de responsabilidades. Si una plataforma necesita recopilar menos información o dejar de insistir para prolongar el uso, la solución depende de quién puede modificar el producto. Ningún padre puede corregir esa decisión desde una casilla de consentimiento.
Fuentes: Paula Gutiérrez Arboleda, Revista Electrónica de Direito 41(3). https://bit.ly/4kbatZc ; Comisión Europea.
