Gobierno defiende Ley de TIC en su último debate

El Ministerio de Comunicaciones le salió al paso a las críticas al proyecto de ley de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones (TIC), que está en sus últimos trámites de aprobación en el Senado, y con el cual se establece un nuevo ordenamiento normativo para el sector de las telecomunicaciones.

La ministra de Comunicaciones, María del Rosario Guerra, fue clara al indicar que este es un proyecto estratégico para el sector, que ha sido discutido por 10 años y al que solamente le ven problema el operador celular Comcel y la Superintendencia de Servicios.

Durante las últimas semanas, la Superservicios ha advertido sobre el presunto estado de indefensión en el que quedarían los usuarios frente a las empresas de telecomunicaciones con la aprobación de esta norma.

Por su parte, algunos operadores privados solicitaron la supresión de un fragmento del texto con el cual, dicen, se privilegia a los operadores públicos de telecomunicaciones.

Entre tanto, las empresas de radio pidieron retirar del articulado una párrafo que las obligaría a entregar «a precios adecuados» o a ceder espacios en su programación para las organizaciones y movimientos sociales.

La ministra respondió a las críticas sobre los tres temas. En lo que se refiere a la protección al usuario, la funcionaria aclaró que una vez aprobada la ley las labores que realizaba la Superservicios serán asumidas por la Superintendencia de Industria, que en la actualidad ya se hace cargo de las quejas de los usuarios de telefonía celular.

Este escenario se mantendrá así mientras es creada una superintendencia de telecomunicaciones, que concentrará todas esta funciones.

Sobre el tema de radio, la ministra señaló que el Gobierno está promoviendo una proposición para eliminar el texto que se cuestiona -incluido en el último debate-, pues lo considera improcedente y las empresas del sector «tienen toda la razón» al
protestar.

Finalmente, en materia de libre competencia,  la ministra Guerra les presentó a los senadores una proposición para suprimir el texto que genera controversia. Incluso algunos operadores públicos rechazaron ayer la inclusión del mismo.
 

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