Un proyecto de ley que promete transformar el sistema judicial colombiano está cerca de convertirse en realidad. Se trata de la propuesta para crear el Banco Nacional de Perfiles Genéticos, una base de datos que concentraría muestras biológicas con fines exclusivamente judiciales, y que ya fue aprobada en sus cuatro debates en el Congreso. Solo falta la sanción presidencial para que esta iniciativa entre en vigor.
El proyecto, impulsado por el representante Juan Sebastián Gómez González (Nuevo Liberalismo), busca fortalecer las capacidades del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para recopilar, procesar y consultar información genética en investigaciones penales. La base de datos estaría enfocada en delitos graves como homicidio, violencia sexual, secuestro, actos terroristas y otros contemplados en el Código Penal.
Según la ponencia aprobada, el banco permitiría comparar perfiles genéticos recolectados en escenas del crimen con los ya almacenados, facilitando la identificación de responsables, víctimas y testigos. Esto no solo reduciría los tiempos de respuesta en procesos penales, sino que también reforzaría la calidad de las decisiones judiciales y contribuiría a disminuir la impunidad.
Además, el proyecto incluye salvaguardas estrictas de privacidad. El uso de los datos estaría limitado a procesos judiciales específicos y bajo el control del Instituto de Medicina Legal. No se trata de una base de vigilancia masiva, sino de una herramienta con alcance definido, sujeta a controles institucionales y garantías de protección de derechos fundamentales.
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La propuesta tiene carácter de ley estatutaria, lo que implica un mayor nivel de exigencia en su trámite legislativo. Ha recibido el respaldo técnico del Ministerio de Justicia y de Medicina Legal, y cuenta con la firma de congresistas de diversos partidos, entre ellos Humberto de la Calle, Paloma Valencia, Andrea Padilla, Catherine Juvinao, Ariel Ávila y Germán Blanco.
La iniciativa también busca alinear a Colombia con estándares internacionales de uso de tecnología genética en procesos judiciales. Países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido o España ya cuentan con bases de datos similares que han resultado efectivas para resolver crímenes, proteger a inocentes y evitar la reincidencia de agresores.
El avance legislativo ha sido sostenido: desde su radicación en agosto de 2024, el proyecto superó sus debates en el Senado y la Cámara, incluyendo aprobación en comisión y plenaria, y culminó con la conciliación de textos el pasado 17 de junio. Todo está listo para que el presidente decida si convierte la iniciativa en ley de la República.
¿Qué falta para que se materialice? Solo la sanción presidencial. Aunque el contexto político parece favorable, aún hay sectores que advierten sobre la necesidad de controlar estrictamente el uso de los datos y garantizar recursos suficientes para implementar el banco. No se trata solo de aprobar una norma, sino de asegurar su eficacia y sostenibilidad a largo plazo.
Si se concreta, este banco de perfiles genéticos se convertiría en una de las apuestas más ambiciosas del país por una justicia basada en evidencia científica, con capacidad real para enfrentar el crimen organizado y dar respuestas más rápidas y confiables a las víctimas. Una justicia del siglo XXI, respaldada por la genética.
Imagen: Generado con AI
