Meta enfrenta una disputa judicial que podría terminar mucho más allá de una millonaria sanción. En un tribunal federal de Oakland, California, comenzó un proceso que pone bajo discusión una pregunta que afecta directamente a millones de familias: ¿hasta dónde puede llegar una red social para mantener a los menores conectados?
La respuesta podría tener consecuencias para la manera en que funcionan Instagram y Facebook. Cuatro estados de Estados Unidos sostienen que Meta diseñó deliberadamente algunas de sus herramientas para aumentar el tiempo de permanencia de niños y adolescentes y que la compañía conocía los riesgos asociados con ese funcionamiento.
El caso hace parte de una demanda presentada en 2023 por 29 fiscales generales estatales. California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey son los estados que participan en el juicio que comenzó esta semana.
Entre las funciones cuestionadas aparecen los sistemas de recomendación, el desplazamiento infinito de contenidos, los ‘me gusta’ y las notificaciones. Según los demandantes, estos mecanismos no serían simples características de las plataformas, sino elementos utilizados para mantener a los jóvenes conectados durante más tiempo.
La discusión también alcanza la información personal de los menores. Los estados acusan a Meta de haber recopilado datos de usuarios menores de 13 años sin el consentimiento de sus padres, una práctica que podría entrar en conflicto con las reglas establecidas por la ley estadounidense COPPA para proteger la privacidad infantil.
Si los argumentos de los estados prosperan, el resultado podría incluir órdenes para modificar determinadas funciones de las plataformas, además de una eventual indemnización. Los cuatro estados reclaman hasta US$1,4 billones en daños.
La defensa de Meta apunta al funcionamiento de toda la industria
La compañía sostiene que la demanda no demuestra que sus plataformas hayan provocado los daños que los estados atribuyen a sus productos. También cuestiona la interpretación de documentos internos presentada durante el proceso y afirma que algunas de las características señaladas son utilizadas por todo el sector tecnológico.
Meta también pone sobre la mesa un problema difícil de resolver: identificar a los menores. La empresa sostiene que aumentar los controles para detectar usuarios menores de edad puede generar nuevos problemas de privacidad y que las compañías de redes sociales enfrentan dificultades similares.
Mientras las partes presentan sus argumentos, el juicio ya comenzó a revelar testimonios que podrían tener peso en la discusión. Arturo Béjar, antiguo director de ingeniería de Facebook, declaró que Meta habría privilegiado la velocidad para lanzar productos sobre determinadas preocupaciones de seguridad.
El testimonio tiene una particularidad: Béjar trabajó dentro de la compañía precisamente en temas relacionados con la seguridad. Incluso relató que tuvo dificultades para evitar que su propia hija adolescente recibiera solicitudes de desconocidos y encontrara contenido inapropiado en Instagram.
El caso podría prolongarse al menos seis semanas. Entre los posibles testigos están Mark Zuckerberg, Adam Mosseri, director de Instagram, y Antigone Davis, responsable global de seguridad de Meta.
El proceso llega después de otras derrotas judiciales para la compañía. En Nuevo México, Meta fue condenada a pagar US$942 millones en un caso relacionado con la protección de menores, mientras que otro jurado, en Los Ángeles, ordenó a Meta y YouTube pagar US$6 millones por un caso relacionado con la adicción de una joven.
El jurado de Oakland tendrá una función consultiva y será la jueza Yvonne Gonzalez Rogers quien tome la decisión definitiva sobre el caso y las posibles sanciones.
Por eso, el resultado no dependerá únicamente del monto que Meta pueda terminar pagando. La decisión podría establecer qué cambios debe realizar una de las mayores compañías tecnológicas del mundo cuando sus productos están diseñados también para captar la atención de usuarios menores de edad.
