En Colombia, las telecomunicaciones siempre han sido un tema de debate, y ahora, en medio de una crisis del sector, el presidente Gustavo Petro ha reabierto una vieja discusión, la posibilidad de revivir a Telecom. Pero, ¿de qué se trata realmente esta propuesta y qué tan viable es?
Telecom, la antigua Empresa Nacional de Telecomunicaciones, fue creada en 1947 tras la nacionalización de las comunicaciones. Durante décadas, esta entidad estatal fue el principal operador de telefonía en el país, llegando a más de 4.000 localidades, muchas de ellas rurales, donde era el único proveedor. Sin embargo, tras años de ineficiencia, sobrecostos y una pesada carga laboral y pensional, Telecom fue liquidada en 2003 durante el gobierno de Álvaro Uribe.
Su desaparición dejó un legado ambivalente. Por un lado, se abrió el camino a la privatización y a la llegada de nuevos jugadores como Telefónica (Movistar), que hoy controla el 67,5 % de Colombia Telecomunicaciones. Por otro lado, muchos recuerdan a Telecom como el único brazo estatal capaz de garantizar conectividad en las zonas más apartadas del país.
Ahora, el gobierno Petro quiere rescatar esa idea, pero con un enfoque diferente. Según el ministro TIC, Julián Molina, no se trata de revivir Telecom como empresa prestadora de servicios, sino como un actor encargado de desplegar infraestructura de conectividad, especialmente en las regiones olvidadas por el mercado.
Para financiar esta iniciativa, el Gobierno planea vender su participación del 32,5 % en Movistar a la multinacional Millicom, propietaria de Tigo. Se estima que la operación podría dejar alrededor de 200 millones de dólares, recursos que serían canalizados a Internexa, la empresa que construiría una red nacional de fibra óptica.
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La propuesta, en el papel, tiene sentido: Colombia sigue teniendo profundas brechas de conectividad. Según cifras oficiales, más de 10 millones de personas en zonas rurales carecen de acceso a internet de calidad. Sin redes robustas, la inclusión digital, la educación virtual y el desarrollo económico en estas regiones siguen siendo una promesa incumplida.
Sin embargo, el plan también despierta dudas. Primero, porque se basa en la venta de un activo estratégico como la participación estatal en Movistar, sin que haya plena claridad sobre la estructura y sostenibilidad de la nueva “Telecom”. Segundo, porque el costo de mantener y actualizar redes de conectividad es elevado, y experiencias pasadas, como la propia liquidación de Telecom, demuestran que los proyectos estatales mal planificados terminan en déficit y fracaso.
Además, expertos del sector advierten que el problema no es solo técnico o financiero. Existe un contexto global de crisis en las telecomunicaciones: los márgenes de rentabilidad son bajos, la competencia es feroz y la constante actualización tecnológica requiere inversiones multimillonarias. Colombia no es ajena a esta realidad.
Pese a esto, el Gobierno defiende la idea como una apuesta de largo aliento; “no importa si otro gobierno termina la obra”, dijo el ministro Molina, al insistir en que la conectividad puede ser una palanca real de desarrollo. Según sus cálculos, cerrar la brecha digital podría representar hasta 3,5 puntos del PIB.
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Lo cierto es que revivir Telecom, aunque suene nostálgico y prometedor, no será sencillo ni rápido. La clave estará en que el proyecto no se convierta en un elefante blanco burocrático, sino en una entidad eficiente, moderna y con enfoque social.
Más allá de ideologías, lo que está en juego es la posibilidad de que millones de colombianos, hoy aislados digitalmente, se conecten al país y al mundo. La pregunta es si esta vez, aprendiendo de los errores del pasado, el Estado podrá hacerlo de manera responsable y efectiva.
