En Colombia aún no se resuelve del todo el lugar de bitcoin dentro del sistema financiero, ya que los criptoactivos todavía no son consideradas como dinero, para efectos legales. Y es que aunque algunas plataformas de exchange cuentan actualmente con autorización del Estado para permitir las transacciones de criptomonedas, según el concepto compartido entre organismos como el Banco de la República, la DIAN o la Superintendencia financiera, los criptoactivos, al no haber sido reconocidos aún como moneda por ninguna autoridad monetaria internacional ni se encuentran respaldados por bancos centrales, tampoco cuentan como divisa dentro del país.
Sin embargo, los esfuerzos estatales del gobierno actual apuntan a que pronto las actividades que involucran el flujo de criptomonedas estén reguladas: iniciativa que también se impulsa desde la Cámara de Representantes. En el organismo legislativo se ha venido debatiendo un proyecto de ley que presentaron en agosto de 2021 los congresistas Mauricio Toro y Rodrigo Rojas Lara, con el que se busca establecer las reglas de juego bajo las cuales las plataformas digitales pueden ofrecer servicios de intercambio de criptoactivos en Colombia.
Si bien el proyecto de ley 139 de 2021 (que aún se encuentra en discusión), no pretende que bitcoin sea considerado como una moneda de curso legal, como sucede en El Salvador, sí tiene la intención de lograr que a las criptomonedas se las caracterice como activos virtuales «con susceptibilidad de ser usados como medio de intercambio de bienes y servicios», sin que el Estado tenga incidencia o control en el valor de los diferentes tokens. Un punto que ha encontrado resistencias, y que, de acuerdo a sus ponentes, pretende garantizar los principios de libre mercado y libre competencia.
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La propuesta también busca que los prestadores de servicios de intercambio de criptoactivos cumplan con ciertos requisitos para poder participar de este mercado que mensualmente es capaz de mover una cifra que ronda los US$ 70.000 millones en el país. Algunos de ellos están relacionados con la obligatoriedad de que dichos actores se constituyan como sociedades comerciales domiciliadas dentro de Colombia, y que dichas compañías cuenten con un sistema de seguridad informática, que blinden a sus plataformas de posibles manipulaciones o hackeos.
La normativa, que a su vez contempla el establecimiento de medidas para prevenir que dichas aplicaciones y transacciones sean usadas para el lavado de activos, no es la única que está puesta sobre la mesa. La Superintendencia Financiera del país, también aseguró que el Banco de la República se encuentra actualmente estudiando el borrador que dicho organismo presentó, en donde propone, desde su orilla, los estándares operacionales, de conocimiento del cliente que deberían aplicarse para garantizar la seguridad en las transacciones nacionales que involucren el uso de criptomonedas.
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