El gobierno de Donald Trump volvió a poner el foco en los datos biométricos como herramienta para reforzar los controles migratorios en Estados Unidos. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) presentó una propuesta de norma que le permitiría recopilar ADN, huellas dactilares, imágenes faciales y oculares, así como firmas manuscritas de prácticamente cualquier persona que solicite un beneficio migratorio o que enfrente un proceso de deportación.
La iniciativa, publicada en el Registro Federal y ahora sujeta a 60 días de comentarios públicos, ampliaría de forma significativa el alcance de la recolección biométrica. Hoy, estos datos solo se exigen en trámites concretos como naturalización, residencia, permisos de trabajo o procesos de asilo. Con el cambio, el DHS tendría la facultad de pedirlos a cualquier extranjero involucrado en un trámite, sin importar su edad. Eso supone desmontar una práctica de años: evitar este tipo de controles en menores de 14 años y adultos mayores de 79.
Según el texto oficial, el objetivo es fortalecer la verificación de identidad, prevenir fraudes y mejorar la precisión en las revisiones de antecedentes. También señala que el ADN podría ser solicitado en casos donde se necesite confirmar parentescos o cuando sea relevante aclarar información relacionada con el sexo biológico del solicitante.
Para especialistas en migración, la propuesta abre un capítulo más amplio en la relación entre tecnología y control fronterizo. Morgan Bailey, exalto funcionario del DHS y hoy socio en Mayer Brown, señala que la norma no solo ampliaría el número de personas sometidas a estos procedimientos, sino también la variedad de datos recolectados. Antes se limitaba a huellas y fotografías; ahora incluiría voz y escaneos oculares, además de muestras genéticas.
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La discusión se cruza con un debate más amplio en el Congreso sobre el uso de tecnologías de reconocimiento facial. Esta semana, un grupo de senadores demócratas, encabezado por Ed Markey, volvió a pedir explicaciones sobre Mobile Fortify, una aplicación usada por ICE para identificar personas con solo apuntar la cámara del teléfono. Los legisladores alertan sobre riesgos de privacidad y posibles afectaciones a las libertades civiles si estas herramientas se vuelven parte rutinaria de los procesos migratorios.
En paralelo, el Gobierno federal avanza con otro proyecto que contempla registrar el rostro de todos los viajeros que entren o salgan del país por puertos terrestres, marítimos y aeroportuarios. Con estas medidas combinadas, la administración Trump confirma su intención de crear sistemas más estrictos de control y seguimiento, en un escenario donde la biometría se vuelve pieza central del aparato migratorio estadounidense.
