La regulación del alojamiento turístico volvió a convertirse en motivo de disputa entre el Gobierno, los hoteles y las plataformas digitales. El Ministerio de Comercio publicó un segundo borrador de decreto con el que busca actualizar las reglas del Registro Nacional de Turismo (RNT), una propuesta que ha sido celebrada por el sector hotelero, pero que despertó el rechazo de plataformas digitales y organizaciones que representan a la economía digital.
Aunque la discusión gira alrededor de un decreto, el fondo del debate es mucho más amplio: definir si quienes arriendan apartamentos o casas a través de plataformas como Airbnb y Booking deben cumplir prácticamente las mismas obligaciones que un hotel tradicional o si, por tratarse de un modelo distinto de alojamiento, necesitan una regulación diferente.
Te puede interesar: ¿Quién es Alexandra Falla? La nueva ministra TIC que liderará la transformación digital
La propuesta del Gobierno busca que todos los prestadores de servicios turísticos registrados puedan demostrar el cumplimiento de requisitos que ya existen en diferentes normas, entre ellos certificados sanitarios, conceptos de bomberos, verificación del uso del suelo y otros documentos relacionados con la operación de los inmuebles.
Para el gremio hotelero, esta actualización busca cerrar una brecha que, durante años, ha permitido que algunos alojamientos compitan bajo reglas menos exigentes. José Andrés Duarte, presidente de Cotelco, sostiene que el decreto no crea nuevas obligaciones, sino que fortalece los mecanismos para verificar que quienes ofrecen alojamiento turístico cumplan las normas vigentes.
Sin embargo, esa interpretación es precisamente la que rechazan las plataformas y los representantes de la vivienda turística.
Dos modelos de negocio enfrentados
Asohost, la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE), AMCHAM Colombia, la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI) y la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones (CCIT) consideran que el proyecto desconoce las diferencias entre un hotel y una vivienda destinada al alquiler turístico.
Según estos gremios, exigir a un propietario que arrienda ocasionalmente un apartamento los mismos requisitos de un establecimiento hotelero convertiría esa actividad en una carga difícil de cumplir.
Además de certificados de sanidad, bomberos y otros documentos, las organizaciones advierten que el decreto obligaría a las plataformas digitales a desarrollar mecanismos de interoperabilidad con entidades estatales, un proceso que, aseguran, tendría altos costos tecnológicos, especialmente para empresas pequeñas y emprendimientos locales.
Su principal preocupación es que muchos propietarios opten por dejar de utilizar plataformas reguladas y comiencen a ofrecer sus inmuebles mediante redes sociales, grupos de WhatsApp o marketplaces informales, reduciendo los controles para los viajeros y aumentando la informalidad.
Te puede interesar: SIC confirma el cierre de World Foundation en Colombia por el escaneo del iris
La Cámara Colombiana de Comercio Electrónico afirma que el país ya venía mostrando avances en la formalización del sector desde la reglamentación de la Ley 2068 de 2020. Según las cifras presentadas por el gremio, hasta marzo de 2026 el número de prestadores formalizados había aumentado un 208 %, por lo que consideran que imponer nuevas cargas podría frenar ese crecimiento.
La controversia también llegó al terreno político. Algunos congresistas calificaron el proyecto como un beneficio para la hotelería tradicional, mientras que Cotelco rechazó esa interpretación y recordó que gran parte de los hoteles colombianos son pequeñas empresas familiares que también deben asumir elevados costos para cumplir con la regulación.
Por ahora, el decreto sigue siendo un borrador y continúa abierto al debate. Lo que está en juego no es únicamente la operación de plataformas como Airbnb o Booking, sino el modelo de regulación que tendrá el alojamiento turístico en Colombia durante los próximos años. El reto del Gobierno será encontrar un equilibrio entre garantizar condiciones de seguridad para los viajeros, promover la formalidad y evitar que las nuevas exigencias terminen desplazando parte de la oferta hacia la informalidad.
