Tras meses de incertidumbre legislativa y con un calendario apretado que exige definiciones antes del 20 de junio, el Congreso decidió revivir la polémica reforma laboral. Con 14 votos a favor y 2 en contra, la Comisión Cuarta del Senado aprobó la ponencia mayoritaria, un texto que incluye medidas impulsadas por el Gobierno y que busca revertir parte de los efectos de la Ley 789 de 2002. Pero detrás del entusiasmo oficial, surgen dudas legítimas, ¿realmente esta reforma es viable en el contexto económico actual?
El debate, que se extendió por más de nueve horas, terminó con la derrota de la ponencia alternativa del Pacto Histórico y dio vía libre a un articulado liderado por senadores de La U, el Partido Verde, Cambio Radical y otros partidos aliados.
Entre los puntos más debatidos y finalmente aprobados están el aumento del recargo al 100 % por trabajo en domingos y festivos, así como el adelanto del inicio de la jornada nocturna a las 7:00 p. m., dos horas antes de lo que establece la normativa actual. Estos cambios, que aplican también a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), son el eje de una controversia que trasciende lo político.
Aunque el Gobierno asegura que esta reforma dignifica el trabajo y aumentará el poder adquisitivo de los colombianos, las asociaciones empresariales han mostrado preocupación. La razón es que las Mipymes, que representan más del 90 % del tejido empresarial del país, no fueron eximidas de estos recargos.
El único alivio que tendrán, por ahora, es que están excluidas de las nuevas reglas relacionadas con la representación sindical y la creación obligatoria de comités laborales, según se explicó en el debate, pero en términos salariales y de jornada, tendrán que asumir los mismos costos que las grandes empresas.
Esto plantea un reto mayúsculo, ya que para muchos pequeños empresarios, operar en domingos o en horarios nocturnos no es una opción sino una necesidad. Con los nuevos recargos, mantener esas jornadas podría dejar de ser rentable, lo que eventualmente impactaría no solo la sostenibilidad de los negocios sino también la estabilidad laboral que supuestamente la reforma busca proteger.
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Ahora bien, el dilema está en mejorar condiciones laborales es urgente, pero hacerlo sin una transición técnica ni apoyos reales podría disparar la informalidad o la reducción de empleos formales.
La reforma, en su versión actual, también propone que los contratos a término fijo puedan extenderse hasta cinco años, y que, después de ese periodo, se conviertan en contratos indefinidos. La intención es clara: combatir la inestabilidad laboral que ha caracterizado al sector privado por décadas.
No obstante, al mismo tiempo, esto podría limitar la flexibilidad que muchas empresas necesitan para adaptarse a contextos económicos cambiantes, especialmente en sectores como el tecnológico, el agrícola o el del comercio minorista.
Los promotores de la reforma, como los senadores Juan Felipe Lemos y Angélica Lozano, sostienen que el proyecto recoge acuerdos ya discutidos en la Cámara y mejora la redacción de artículos claves. En total, se mantienen 39 artículos del texto anterior, se eliminan 14 y se reformulan otros 28.
Esta cirugía legislativa, sin embargo, aún está lejos de ser definitiva: falta que el articulado completo sea debatido y votado en la plenaria del Senado, donde podrían revivirse tensiones sobre temas aún sin resolver, como el contrato de aprendizaje del Sena o el alcance de los recargos dominicales.
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, calificó esta aprobación como un paso crucial para “recuperar derechos arrebatados” y aseguró que mejores ingresos para los trabajadores se traducirán en crecimiento económico.
No obstante, la discusión técnica sobre cómo compensar a las empresas por estos costos adicionales sigue sin resolverse. Aún no se habla de incentivos fiscales, de planes de apoyo a las Mipymes ni de mecanismos que mitiguen el impacto de estas medidas en la productividad.
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La reforma laboral, como está planteada, es ambiciosa. Y aunque busca corregir inequidades históricas, su aplicación sin medidas complementarias puede convertirse en un riesgo para el mercado laboral formal.
Colombia necesita una transformación laboral, sí, pero también requiere una visión estratégica que entienda la fragilidad de miles de pequeñas empresas que sostienen la economía real.
Si no se ajustan los instrumentos de implementación, el país podría terminar enfrentando una paradoja dolorosa: una reforma diseñada para proteger el empleo, que termina, en la práctica, amenazando su existencia.
Imagen: Archivo particular/Angelica Lozano
