La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) impuso en Bogotá la condena más alta registrada hasta ahora por competencia desleal relacionada con la venta de cables eléctricos falsificados. El fallo supera los 500 millones de pesos en daños y deja un mensaje claro para un sector históricamente afectado por prácticas ilegales que ponen en riesgo a consumidores y empresas.
La decisión recae sobre un establecimiento comercial que durante años comercializó cables que imitaban a la marca Centelsa by Nexans, uno de los referentes del mercado eléctrico. Además de la sanción económica, el proceso civil permitió el embargo del local, una medida que no solo detiene la actividad ilícita, sino que busca evitar su reaparición bajo nuevas fachadas comerciales.
Este caso no surgió de la noche a la mañana. Es el resultado de más de dos años de investigaciones, denuncias y trabajo articulado entre la empresa afectada, la SIC y la Policía Nacional. Uno de los momentos clave ocurrió a comienzos de 2024, cuando se aplicaron medidas cautelares que permitieron retirar del mercado cerca de 1.800 rollos de cable falsificado en distintos puntos de Bogotá. El decomiso incluyó más de cinco toneladas de cobre y mercancía valorada en unos 300 millones de pesos.
Más allá del impacto económico, el trasfondo del caso tiene una dimensión de seguridad pública. La falsificación de cables no solo vulnera la propiedad industrial o distorsiona la competencia, también representa un riesgo directo para hogares, comercios y obras de infraestructura. Datos de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios muestran que una parte significativa de los incidentes asociados al uso ilegal de energía termina en quemaduras, muchas de ellas con consecuencias irreversibles.
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Desde Centelsa by Nexans, el fallo es leído como un precedente histórico. Para la compañía, la decisión de la SIC confirma que la venta de productos eléctricos falsificados no es una falta menor, sino una práctica que atenta contra los derechos de los consumidores y la seguridad colectiva. La estrategia de la empresa ha combinado acciones legales con campañas de prevención y verificación en la cadena de comercialización.
Como parte de ese enfoque, se habilitó un canal de denuncias confidencial para reportar productos o establecimientos sospechosos, una herramienta que busca involucrar a instaladores, distribuidores y ciudadanos. Cuando existe un riesgo inmediato, la recomendación es acudir también a las autoridades locales.
De cara a 2026, el reto sigue siendo el mismo: cerrar el paso a un mercado ilegal que se alimenta del desconocimiento y el bajo precio, y consolidar una red eléctrica más segura, legal y transparente en Colombia.
