El Consejo de Estado suspendió provisionalmente los efectos del decreto con el que el Gobierno fijó el aumento del salario mínimo para 2026 y otorgó un plazo de ocho días al Ejecutivo para expedir una nueva norma ajustada a los requisitos legales.
La decisión se produjo tras la admisión de una demanda que cuestiona la legalidad del decreto firmado por el presidente Gustavo Petro a finales de 2025. En ese documento se estableció un incremento cercano al 23 %, uno de los más altos de los últimos años, luego de que no se lograra un acuerdo en la mesa de concertación entre empresarios y trabajadores.
El Gobierno había fijado el salario mínimo en $1.750.905, más un auxilio de transporte de $249.095, con lo que el ingreso mensual superó los dos millones de pesos. La administración defendió el aumento como una medida para proteger el poder adquisitivo de los trabajadores frente a la inflación y dinamizar el consumo interno.
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Sin embargo, distintos sectores empresariales y analistas económicos advirtieron posibles efectos sobre el empleo formal y la estabilidad de pequeñas y medianas empresas. Las críticas también se centraron en la metodología utilizada para calcular el incremento y en la justificación técnica del decreto.
Al decretar la suspensión provisional, el alto tribunal no tomó una decisión definitiva sobre el fondo del asunto, pero consideró necesario revisar si el acto administrativo cumplió con los criterios constitucionales y legales, entre ellos la debida motivación y la evaluación de variables como productividad, inflación y crecimiento económico.
El Gobierno ahora deberá expedir un nuevo decreto dentro del plazo fijado por la corporación o reforzar la sustentación técnica del aumento. Mientras tanto, la discusión jurídica y económica sobre el salario mínimo entra en una nueva etapa, con impacto directo en millones de trabajadores y en el sector empresarial del país.
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