Por Simbad Ceballos / CEO de OlimpIA
Colombia está entrando en un punto de inflexión en materia de identidad digital. No es solo una discusión regulatoria, es una decisión que impactará directamente la confianza en los negocios, la adopción de servicios digitales y la competitividad del país.
El contexto es contundente. Según el Global Online Safety Survey de Microsoft, el 71% de los colombianos sufrió algún incidente en línea en el último año y un 17% fue víctima de robo de identidad digital. A esto se suma un cambio estructural, el uso de inteligencia artificial para crear identidades sintéticas, replicar voces y generar deepfakes, lo que está acelerando y sofisticando el fraude a una escala sin precedentes.
Esto obliga a replantear un principio básico, ya no basta con validar datos, se deben validar personas. En la actualidad, la identidad está siendo replicada digitalmente, generando un número importante de fraudes y suplantaciones. Por eso, la seguridad está dependiendo de la capacidad tecnológica para confirmar que quien está del otro lado es real y es quien dice ser.
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Ahí es donde la regulación empieza a ser determinante. Por ejemplo, Colombia avanza hacia un marco normativo que busca fortalecer la protección de la identidad ciudadana, pero el desafío no es solo legislar, sino hacerlo con un enfoque técnico que responda a la velocidad de la tecnología.
Sin estándares claros, los sistemas de autenticación pueden convertirse en un punto crítico de vulnerabilidad, especialmente en sectores como el financiero, la salud, comercio electrónico y servicios públicos digitales, donde la identidad es el eje de la operación.
En este contexto, los mecanismos de validación fuerte, como la biometría dactilar y facial con detección de vida, se consolidan como una respuesta efectiva, al reducir significativamente los riesgos de suplantación, permitiendo confirmar que quien interactúa es una persona presente y autorizada.
Sin embargo, la tecnología no es suficiente si no está acompañada de lineamientos claros, pues desde una perspectiva técnica, la regulación debería avanzar sobre tres pilares: transparencia en los modelos automatizados, trazabilidad en el uso de datos personales y mecanismos de control sobre decisiones algorítmicas que impacten los derechos.
El reto es que este marco no sea estático, ya que los modelos de inteligencia artificial evolucionan a diario y los ataques escalan en segundos. La regulación deberá ser flexible, adaptable y alineada con la dinámica tecnológica.
Para el sector empresarial, este momento es estratégico. La confianza digital se ha convertido en un activo crítico, sin ella no hay crecimiento ni adopción de servicios, así como sostenibilidad en el entorno digital.
Por eso, regular la identidad digital no es una carga. Es una oportunidad para fortalecer la confianza de la economía digital, al proteger a los ciudadanos y habilitar modelos de negocio más seguros y escalables.
