No es secreto que el negocio de las criptomonedas es uno de los más lucrativos en los últimos años. Por eso, muchos gobiernos han buscado cómo tomar recursos de esta actividad, ya sea apoyando el minado o encontrando maneras de cobrar una parte a los que se dedican a esto. Esta semana en los Estados Unidos se está pasando una ley de infraestructura, con solo la firma del presidente Joe Biden pendiente.
Sin embargo, a muchos ha llamado la atención que parte del paquete incluye un nuevo impuesto que en adelante sería aplicado a los mineros de criptomonedas. De acuerdo con el documento, las personas que realicen esta actividad con transacciones mayores a los $10.000 dólares deberán reportarlas al Servicio de Impuestos Internos (la famosa IRS).
De acuerdo con las expectativas de este nuevo impuesto, se espera que este impuesto reduzca en más de 28 mil millones de dólares en costos de infraestructura en la próxima década para los Estados Unidos.
El impuesto como tal no es preocupante, sino el hecho de la norma no establece muy bien cómo define a quiénes deberán pagar por ella. La razón es que, aunque hoy hay compañías y grupos establecidos con granjas dedicadas a minar cripto activos, también existen personas independientes que con recursos más pequeños también minan cripto activos. La preocupación entonces está en que, en vez de solo afectar a grupos como coinbase, el fan de las criptomonedas también tendrá que reportar a la IRS.
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La administración de los Estados Unidos ha aclarado que la norma no está pensada para ir detrás de pequeños desarrolladores o personas con billeteras de criptomonedas. Sin embargo, la vaguedad en la norma da pie para que un futuro sí se aplique este impuesto a los individuos.
«La declaración de impuestos sobre las criptomonedas es importante, pero debe hacerse correctamente», escribieron en una carta al congreso este año el Blockchain Caucus (un grupo conformado por políticos a favor de estos activos), cuando se anunció originalmente este impuesto. «Cuando la Ley de Empleo e Inversión en Infraestructura llegue a la Cámara, debemos priorizar la modificación de este lenguaje para eximir claramente a los intermediarios de blockchain sin custodia y garantizar que las libertades civiles estén protegidas».
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