El presidente Gustavo Petro defendió el decreto de salario mínimo vital en medio de la controversia jurídica que analiza el Consejo de Estado. El pronunciamiento se produjo luego de que un magistrado solicitara una medida transitoria mientras se estudia de fondo la legalidad del acto administrativo expedido por el Gobierno.
“Respetaré su decisión, pero actuaré de acuerdo a la Constitución”, afirmó el mandatario, marcando una postura firme frente al proceso judicial. Petro sostiene que el decreto está respaldado por el mandato constitucional que obliga a proteger el poder adquisitivo del salario y evitar su deterioro.
Según explicó, la medida incluye criterios técnicos y estudios económicos recientes que reflejan un impacto marginal en el aumento de precios de algunos productos alimenticios. También pidió analizar el efecto de las tasas de interés sobre el empleo, el déficit y la inflación en el país.
Defensa constitucional y debate jurídico
El jefe de Estado argumentó que suspender el decreto pondría en riesgo principios fundamentales, como la garantía de un salario digno. A su juicio, reducir la demanda de alimentos esenciales en las actuales circunstancias podría desacelerar la economía y aumentar el hambre y la desnutrición infantil.
En ese contexto, aseguró que el Gobierno cumplirá cualquier decisión judicial, pero insistió en que su actuación estará alineada con la Constitución. Además, recordó que la administración tiene un mandato democrático derivado del voto popular.
Llamado a concertación y pacto social
Como gesto frente al magistrado que pidió la medida provisional, Petro anunció que el ministro de Trabajo convocará una reunión inmediata de concertación. Allí se revisarán las últimas mediciones económicas y se evaluará la posibilidad de expedir un nuevo decreto si es necesario.
El presidente también solicitó una reunión con movimientos sociales para estudiar la situación y reiteró su llamado a construir un “pacto social de la vida y la paz”. Invitó al pueblo trabajador a pronunciarse sobre el tema y advirtió que el debate trasciende lo jurídico para instalarse en el plano social y político.
La decisión final quedará en manos del Consejo de Estado, que deberá determinar si el decreto se ajusta al marco legal vigente.
