La eventual liquidación de varias EPS en Colombia vuelve a poner en el centro una pregunta que inquieta a millones de personas: qué pasará con su atención médica. Aunque el anuncio ha generado preocupación, la legislación vigente establece rutas para garantizar que los usuarios sigan recibiendo servicios sin interrupciones.
El debate surge tras los pronunciamientos del presidente Gustavo Petro y del Ministerio de Salud de Colombia, que han insistido en la necesidad de tomar decisiones frente a entidades con problemas financieros. Según el Gobierno, mantener EPS con deudas pone en riesgo la atención de los pacientes.
En este grupo aparecen siete entidades que concentran más de 12 millones de afiliados: Famisanar, Coosalud, Asmet Salud, Emssanar, Savia Salud, Servicio Occidental de Salud y Capresoca. Su eventual salida del sistema implicaría uno de los movimientos más grandes de usuarios en la historia reciente del sector.
A pesar de la magnitud, el sistema colombiano ya ha enfrentado procesos similares. Más de un centenar de EPS han sido liquidadas en las últimas décadas sin que los afiliados queden sin cobertura. La regla es clara: la atención no se suspende.
¿Cómo funciona el traslado de afiliados?
Cuando una EPS desaparece, los usuarios son trasladados automáticamente a otra entidad habilitada. Este proceso lo coordina el sistema de salud con apoyo de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, que administra los recursos y facilita la reasignación.
En teoría, el cambio no debería afectar tratamientos en curso ni la entrega de medicamentos. Sin embargo, en la práctica, estos traslados pueden implicar ajustes en citas, cambios de clínicas o nuevas autorizaciones, lo que suele generar incertidumbre, especialmente entre pacientes con enfermedades crónicas.
¿Qué cambia con la liquidación de las EPS?
Más allá del traslado de afiliados, la discusión tiene un trasfondo estructural. El Gobierno propone reducir el papel de intermediación de las EPS y fortalecer un modelo en el que los recursos lleguen directamente a hospitales y clínicas.
Esto significa que la ADRES giraría el dinero sin pasar por las aseguradoras, buscando mayor control del gasto y menos retrasos en los pagos a las redes de atención. También se plantea reforzar la red pública, especialmente en atención primaria, con mayor participación de entidades territoriales.
Otro punto en discusión es la creación de una EPS pública con mayor control estatal y la implementación de sistemas de prevención en salud organizados por regiones. La idea es anticiparse a las enfermedades en lugar de concentrar los recursos en la atención de casos avanzados.
¿Qué deben hacer los usuarios?
Para los afiliados, estos cambios no implican acciones inmediatas. Las autoridades recomiendan continuar con citas y tratamientos, y esperar información oficial en caso de que se confirme un traslado.
También es importante estar atentos a los canales oficiales de cada EPS y del Gobierno. Una vez se anuncie la nueva asignación, los usuarios deberán verificar su red de atención, médicos disponibles y puntos de servicio.
En situaciones de fallas o interrupciones, se puede acudir a la Superintendencia Nacional de Salud, que tiene la función de vigilar y garantizar la prestación del servicio.
El proceso también abre interrogantes. La capacidad de las EPS que permanezcan para absorber millones de nuevos afiliados, la estabilidad de las redes hospitalarias y la continuidad en tratamientos de alto costo son algunos de los puntos que siguen en discusión.
La posible liquidación no significa el fin de la atención, pero sí un reordenamiento profundo del sistema. Lo que está en juego no es solo la supervivencia de ciertas entidades, sino la forma en que los colombianos accederán a los servicios de salud en los próximos años.
Imagen: Famisanar
