El aumento del salario mínimo para 2026 entró en revisión. El Consejo de Estado suspendió provisionalmente el decreto con el que el presidente Gustavo Petro fijó un incremento del 23,7%, y ordenó expedir en un plazo de ocho días un nuevo acto administrativo transitorio mientras se estudia la demanda de fondo.
La decisión no elimina el aumento de manera definitiva, pero sí exige que el nuevo decreto cumpla estrictamente con los parámetros establecidos en la ley. El alto tribunal considera que el porcentaje adoptado debe estar soportado en criterios técnicos verificables y en la fórmula prevista para estos casos.
¿Qué está pidiendo el Consejo de Estado?
El tribunal exige que el ajuste tenga como base principal la inflación causada en 2025, medida a través del Índice de Precios al Consumidor entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de ese año. A ese dato debe sumarse la productividad oficial certificada.
Además, el nuevo decreto deberá considerar la meta de inflación proyectada, el crecimiento del PIB y la participación de los salarios en el ingreso nacional. En otras palabras, el aumento no puede definirse únicamente como una decisión política, sino que debe responder a una estructura técnica sustentada.
Bajo la fórmula tradicional —inflación más productividad— el incremento estaría alrededor del 6% o 7%. Si se toma como referencia una inflación cercana al 5,3% y una productividad de 0,9%, el resultado sería aproximadamente 6,2%.
Esto implica una diferencia significativa frente al 23,7% decretado inicialmente.
La posición del Gobierno
El presidente ha defendido el concepto de “salario vital”, argumentando que la Constitución ordena proteger el poder adquisitivo del trabajador y que el Ejecutivo tiene la facultad de fijar el aumento cuando no hay acuerdo en la mesa de concertación.
Desde el Gobierno se sostiene que el decreto expedido sí incorporó variables económicas y que responde a un criterio social. También se ha anunciado que, por respeto a la decisión judicial, el Ministerio de Trabajo convocará de inmediato una reunión de concertación para expedir el decreto transitorio solicitado.
El Ejecutivo insiste en que suspender un aumento que busca fortalecer el ingreso real puede afectar la demanda interna y, en consecuencia, el dinamismo económico.
| Concepto | Decreto Gobierno (23,7%) | Escenario técnico (6,21%) |
|---|---|---|
| Salario base 2025 | $1.423.500 | $1.423.500 |
| Porcentaje de aumento | 23,7% | 6,21% |
| Valor del aumento | $327.405 | $88.401 |
| Nuevo salario base 2026 | $1.750.905 | $1.511.901 |
| Diferencia entre escenarios | — | $239.004 menos |
Si se aplica estrictamente la fórmula técnica, el salario base quedaría cerca de $1.512.600, es decir, más de $238.000 por debajo del monto fijado en el decreto suspendido.
Es decir:
¿Qué muestran los cálculos?
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Con el decreto del Gobierno, el salario sube $327.405 y llega a $1.750.905.
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Si se aplica la fórmula tradicional (inflación 5,30% + productividad 0,91% = 6,21%), el aumento sería de $88.401.
El debate ahora no es solo jurídico, sino económico y político. De un lado está la interpretación constitucional que impulsa el Gobierno; del otro, la exigencia de un cálculo ajustado a los criterios legales vigentes.
La decisión definitiva del Consejo de Estado definirá si el salario mínimo de 2026 se mantiene en el nivel decretado o si se reduce a un rango cercano al 6%–7%, lo que cambiaría de forma sustancial el ingreso mensual de millones de trabajadores en el país.
