Las voces de los ciudadanos fueron un punto clave para que el Parlamento Europeo rechazara ACTA. Foto: Josef Weidenholzer (vía Flickr).

Luego de que 479 diputados votaran en contra, 165 se abstuvieran y únicamente 39 votaran a favor, el Parlamento Europeo rechazó el Acuerdo Comercial de Lucha contra la Falsificación (ACTA, por su nombre en inglés), por lo que el acuerdo no tendrá validez jurídica en los países de la Unión Europea. 

La noticia se dio a conocer a través de la cuenta de Twitter y un comunicado de prensa del Parlamento Europeo, en donde se aseguró que esta es la primera vez que la Eurocámara hace uso de los nuevos poderes que le otorga el Tratado de Lisboa para rechazar un tratado de comercio internacional.

“Estoy muy satisfecho de que el Parlamento haya seguido mi recomendación de rechazar ACTA”, declaró David Martin,  relator de ACTA para el Parlamento, quien además insistió en que el tratado es muy ambiguo, por lo que podría afectar a las libertades civiles de los ciudadanos.  

Así mismo, Martin también comentó que durante el debate sobre si debía o no aprobar ACTA, el Parlamento recibió la presión directa de miles de ciudadanos europeos, que mediante manifestaciones, correos electrónicos y llamadas a las oficinas de sus diputados, pidieron a la Eurocámara que se opusiera al acuerdo.

Otra de las razones, según Martin fue que “el Parlamento Europeo admitió a trámite una petición apoyada por 2,8 millones de personas de todo el mundo que pedía rechazar el tratado”.

Aunque en el debate previo al voto, Christofer Fjellner, diputado sueco defensor de ACTA, pidió aplazar la votación hasta que el Tribunal Europeo de Justicia sentenciara si el acuerdo era compatible con la legislación comunitaria, los diputados rechazaron la petición y mostraron su desacuerdo frente a la aprobación de ACTA. 

Para Carlos Cortés,  investigador del Centro de Estudios en Libertad de Expresión de la Universidad de Palermo (Argentina), en términos generales, el tratado ACTA compartía el mismo objetivo de iniciativas como SOPA, en Estados Unidos, o la ‘Ley Lleras’ (versión 2011), en Colombia: combatir las supuestas violaciones de derechos de autor en Internet por parte de personas como usted o yo.