El Gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, avanza en una serie de medidas que podrían cambiar de forma profunda el acceso a la atención médica para menores transgénero. Funcionarios federales de salud anunciaron que se preparan normas para bloquear el uso de fondos públicos en tratamientos asociados a la atención de afirmación de género en niños y adolescentes, una decisión que ya genera choques con organizaciones médicas y defensores de derechos civiles.
La propuesta, impulsada desde el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), plantea que los hospitales que ofrezcan bloqueadores de la pubertad o cirugías relacionadas con la transición de género a menores de edad no puedan participar en los programas federales de Medicare y Medicaid. En la práctica, esto implicaría retirar una de las principales fuentes de financiación del sistema de salud estadounidense a las instituciones que mantengan este tipo de atención.
Robert F. Kennedy Jr., secretario de Salud, defendió la iniciativa al afirmar que estos procedimientos no cumplen con estándares médicos reconocidos y los calificó como negligencia. Desde su perspectiva, permitirlos equivale a mala praxis. Esta postura fue respaldada por otros funcionarios clave del sector salud, quienes señalaron que el Gobierno reforzará, en cambio, el acompañamiento psicológico y el asesoramiento psicosocial “apropiado para el desarrollo”, aunque reconocieron que existe una oferta limitada de profesionales en salud mental.
Las reacciones no se hicieron esperar. Asociaciones médicas de peso, como la Academia Estadounidense de Pediatría, advirtieron que estas decisiones interfieren directamente en la relación entre médicos, pacientes y familias. Para estos gremios, trasladar al Gobierno la facultad de decidir qué tratamientos son aceptables para ciertos grupos abre un precedente que podría afectar la atención médica en general, no solo a la población transgénero.
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El debate va más allá de la salud. En los últimos meses, la administración Trump ha impulsado acciones que impactan a las personas trans en distintos ámbitos: desde la eliminación de referencias a esta población en portales oficiales, hasta la exclusión de personas trans del ejército y demandas contra estados que permiten su participación en deportes escolares. En ese contexto, la atención médica se convierte en otro frente de una agenda política más amplia.
A la par de las restricciones financieras, agencias federales como la FDA enviaron advertencias a fabricantes de productos utilizados por jóvenes con disforia de género, mientras que los Institutos Nacionales de Salud anunciaron que dejarán de apoyar investigaciones relacionadas con la transición de género, cuestionando su rigor científico.
Estas decisiones contrastan con la posición de la mayoría de organizaciones médicas profesionales, que consideran la atención de afirmación de género como parte del estándar clínico, y subrayan que las cirugías en menores son poco frecuentes y no recomendadas de forma generalizada.
El anuncio del HHS coincidió con la aprobación, en la Cámara de Representantes, de un proyecto de ley que propone sanciones penales para médicos que brinden este tipo de atención a menores, con penas que podrían llegar hasta los 10 años de prisión. Aunque su futuro en el Senado es incierto, refuerza el clima de confrontación.
Organizaciones como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles ya anunciaron que llevarán estas medidas a los tribunales, argumentando que violan derechos constitucionales. Desde el Gobierno, sin embargo, aseguran estar preparados para ese escenario. El resultado de esta disputa legal y política podría definir no solo el acceso a la atención médica de miles de menores, sino también el alcance del poder federal sobre decisiones médicas en Estados Unidos.
