Trump prohíbe la entrada a ciudadanos de 12 países a partir del 9 de junio, en un movimiento que refuerza su línea dura en materia migratoria. La nueva medida impactará también a otros siete países con restricciones parciales, ampliando los controles fronterizos de Estados Unidos. Según la Casa Blanca, esta decisión responde a la necesidad de proteger la seguridad nacional frente a naciones que no cumplen con estándares adecuados de verificación de antecedentes ni cooperación migratoria.
El endurecimiento llega en un momento de alta tensión política y reafirma uno de los principios clave de la administración, basado en la prioridad de la seguridad sobre la migración. Con esta acción, el gobierno busca blindar el ingreso de extranjeros considerados de riesgo en un contexto donde las políticas migratorias han sido un eje central del discurso oficial desde el primer mandato.
Seguridad nacional como argumento central
La administración Trump defendió la iniciativa señalando que las naciones afectadas no cumplen con los estándares exigidos en materia de verificación de antecedentes y cooperación en seguridad. “El presidente Trump está cumpliendo su promesa de proteger a los estadounidenses de actores extranjeros peligrosos que quieren venir a nuestro país y perjudicarnos”, explicó la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson.
Entre los factores considerados, se incluyen las tasas de personas que permanecen ilegalmente tras el vencimiento de sus visas y la falta de intercambio de información criminal y de seguridad. Trump, en su red Truth Social, sostuvo que “no podemos permitir la migración abierta desde países donde no podamos investigar y evaluar de forma segura y fiable a quienes buscan entrar”.
Casos particulares: Cuba y Venezuela
Dentro del grupo de países alcanzados por las nuevas medidas, destacan dos naciones latinoamericanas. En el caso de Cuba, el gobierno estadounidense argumenta que se trata de un “Estado patrocinador del terrorismo”, que no colabora adecuadamente en el intercambio de información policial y que se niega sistemáticamente a aceptar el regreso de sus ciudadanos deportados.
Sobre Venezuela, la administración señaló que carece de una “autoridad central competente o cooperativa” para la emisión de documentos de identidad y que históricamente ha rechazado recibir a sus ciudadanos sujetos a deportación.
Aunque las restricciones son amplias, el gobierno ha previsto excepciones. No se verán afectados:
- Residentes permanentes legales en Estados Unidos
- Titulares de visas válidas emitidas antes del 9 de junio de 2025
- Personas con doble nacionalidad
- Atletas y sus familiares inmediatos
- Minorías religiosas o étnicas que enfrenten persecución, especialmente provenientes de Irán
- Ciudadanos afganos con visas especiales de inmigrante (SIV)
- Titulares de visas diplomáticas y funcionarios gubernamentales
- Personas con visas de inmigrante por reunificación familiar o adopciones
- Excepciones por razones humanitarias o de interés nacional
Te puede interesar: Trump prohíbe a Harvard matricular estudiantes extranjeros y la universidad responde con una demanda
¿Qué países están afectados?
El anuncio establece dos niveles de medidas según la gravedad de las deficiencias detectadas.
Por un lado, se aplicará una prohibición total de ingreso a los ciudadanos de doce países. Estos son: Afganistán, Birmania (Myanmar), Chad, República Democrática del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen.
Por otro lado, siete países enfrentarán restricciones parciales. Se limitará específicamente la emisión de visas de turismo (B-1/B-2), negocios, estudios (F y M) y programas de intercambio (J) para ciudadanos de Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela.
Para estos casos, visas humanitarias o aquellas relacionadas con intereses estratégicos de Estados Unidos podrán ser evaluadas de manera individual.
Reacciones políticas e internacionales
La respuesta internacional fue inmediata. Desde Caracas, el ministro de Relaciones Interiores, Diosdado Cabello, calificó la medida de “fascista” y sostuvo que “estar en EE.UU. es un gran riesgo para cualquier persona, no solo para los venezolanos”.
Dentro de Estados Unidos, la oposición política también alzó la voz. La congresista demócrata Pramila Jayapal advirtió que esta política “expande el veto a musulmanes del primer mandato de Trump y no hará más que aislarnos en la arena internacional”. El congresista Don Beyer agregó que “el uso de prejuicio y odio para impedir el ingreso a EE.UU. no nos hace más seguros, solo nos divide”.
Un patrón que se repite
Este no es el primer movimiento de Trump en este sentido. Durante su primer mandato, su administración implementó restricciones a países de mayoría musulmana, medidas que generaron fuertes debates legales y sociales.
En esta nueva ofensiva, el mandatario advirtió que “la intensidad de las restricciones dependerá de la gravedad de la amenaza planteada”, y que la lista de países podrá modificarse conforme cambien las condiciones de seguridad y cooperación internacional.
Con esta decisión, Donald Trump consolida su estrategia migratoria de control estricto, apostando a un enfoque selectivo que, más allá de sus consecuencias diplomáticas, busca enviar un mensaje claro: la seguridad nacional no es negociable.
Imagen: Generada con IA / ChatGPT
