La caída de un helicóptero Black Hawk de la Policía Nacional en Amalfi, Antioquia, que dejó 12 agentes muertos, abrió un nuevo capítulo en la violencia en Colombia. Según las primeras versiones, el ataque fue perpetrado con drones cargados de explosivos, una táctica que se consolida como parte del arsenal de los grupos armados ilegales en el país.
El general Carlos Fernando Triana, director de la Policía, calificó el hecho como “una acción terrorista” contra uniformados que adelantaban tareas de erradicación de cultivos ilícitos. El helicóptero, adscrito a la dirección antinarcóticos, había sido enviado para evacuar a policías emboscados en tierra. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, primero atribuyó el ataque al Clan del Golfo, pero luego señaló a una facción disidente del EMC liderada por Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá.
¿Qué tipo de drones se usan en la guerra irregular?
Aunque las autoridades no han revelado el modelo específico empleado en Amalfi, expertos consultados por medios internacionales coinciden en que no se trata de equipos militares sofisticados, sino de drones comerciales modificados para portar cargas explosivas.
Según The Wall Street Journal, Evan Ellis, investigador de la Escuela de Guerra del Ejército de Estados Unidos, explicó que “estas son tecnologías que simplemente no se pueden contener… la tecnología de drones es barata y fácilmente adaptable de uso comercial a militar”. Ellis ha estudiado cómo grupos como el ELN y las disidencias del EMC han implementado drones en su accionar, siguiendo tendencias vistas en Siria o Ucrania.
De acuerdo con El Colombiano, fuentes de inteligencia señalaron que el ataque en Amalfi ocurrió en dos fases: primero, un hostigamiento con tatucos contra los policías en tierra, y luego, un dron impactó el rotor de la cola del helicóptero, provocando la caída de la aeronave. Se atribuye la acción al frente 36 de las disidencias de las FARC.
El aumento de ataques con drones en Colombia
Los hechos de Amalfi no son un caso aislado. Según cifras citadas por el medio estadunidenses , desde el primer ataque con drones en Colombia en abril de 2024, el Ejército ha registrado 301 ataques con drones hasta la fecha. Más de dos tercios ocurrieron en los departamentos de Cauca y Norte de Santander, regiones cubiertas de coca y disputadas por múltiples grupos armados. Estos ataques han dejado al menos 22 policías y militares muertos.
Ellis, citado en ese medio, advirtió: “Se está convirtiendo en un problema cada vez más grave”, en referencia a la expansión de esta modalidad de ataque. Y añadió que “se puede intentar limitar el acceso a estas tecnologías, pero es realmente difícil impedir que grupos armados adapten drones de uso civil a fines militares”.
El País también ha documentado esta tendencia: entre 2018 y 2025, los drones pasaron de ser equipos de vigilancia a armas ofensivas. Hoy se utilizan en ataques de precisión, como drones kamikaze o de carga explosiva, con capacidad para transportar desde granadas hasta más de 50 kilos de material bélico en modelos modificados.
Un riesgo creciente para las operaciones en Colombia
La capacidad de los drones de atacar desde el aire cambia las reglas de la confrontación. En Afganistán, Siria y más recientemente en Ucrania, estos equipos han demostrado ser letales y difíciles de detectar. En Colombia, representan una vulnerabilidad para operaciones contra el narcotráfico, donde los helicópteros Black Hawk son pieza clave en la movilidad de tropas y la erradicación de cultivos ilícitos.
El atentado en Amalfi coincide con una región que, según Naciones Unidas, tenía más de 110 hectáreas de coca sembradas a finales de 2022. Allí confluyen intereses del Clan del Golfo y disidencias de las FARC, lo que convierte a la zona en un escenario de alta disputa armada.
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, responsabilizó a las disidencias y criticó la política de paz total del gobierno Petro. Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, cuestionó la lógica de la guerra contra las drogas: “Los muertos en la fallida guerra contra las drogas los pone Colombia”, dijo, subrayando que el costo humano recae únicamente en el país mientras las redes internacionales de narcotráfico permanecen intocables.
