La discusión sobre quién paga realmente la conectividad en Colombia volvió a encenderse tras la decisión de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) de no imponer un esquema de Fair Share a las plataformas digitales. Aunque el regulador reconoce que gigantes como Netflix, Meta, Alphabet, TikTok, Disney y Microsoft concentran más del 70% del tráfico en redes fijas y móviles, su conclusión fue que estas empresas no deben estar sujetas a las mismas obligaciones de los operadores tradicionales.
El Fair Share, traducido como “contribución justa”, es una idea sencilla de explicar: que las plataformas que generan gran parte del tráfico en internet también ayuden a financiar la infraestructura que lo soporta. No se trata de frenar la innovación ni de imponer cargas desmedidas, sino de repartir mejor los costos de un ecosistema digital en el que no todos ponen en la misma proporción.
En Colombia, los operadores de red han invertido más de $55 billones en los últimos siete años para mantener y expandir la conectividad. Este esfuerzo ha permitido que las redes no colapsen a pesar de que el tráfico de datos crece alrededor de un 25% cada año. Sin embargo, estas inversiones han golpeado sus finanzas: ingresos y utilidades se reducen mientras que la presión del tráfico no deja de aumentar.
Las plataformas de video y redes sociales, por el contrario, alcanzan altos niveles de rentabilidad sin necesidad de asumir compromisos regulatorios ni de cobertura. Esa asimetría, señala Andesco, termina castigando a los operadores que sostienen la infraestructura y limita los recursos disponibles para llevar conectividad a las zonas rurales y apartadas del país.
La CRC, tras analizar experiencias internacionales, concluyó que obligar a las OTT a pagar un Fair Share no era conveniente. A su juicio, sería injusto aplicarles las mismas reglas que a los operadores tradicionales. Para Andesco, el gremio que reúne a las empresas de telecomunicaciones, esa conclusión no solo es equivocada, sino que también significa una oportunidad perdida para cerrar la brecha digital.
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La brecha digital en Colombia sigue siendo profunda. Mientras en las grandes ciudades los usuarios disfrutan de conexiones rápidas y estables, en zonas rurales millones de personas aún no tienen acceso básico a internet. La realidad es que buena parte de los recursos que podrían destinarse a expandir la cobertura se quedan atrapados en la gestión de la demanda urbana generada, sobre todo, por el consumo de video y redes sociales.
Camilo Sánchez Ortega, presidente de Andesco, lo resumió con claridad: “En Colombia, los diferentes agentes del mercado debemos contribuir en igualdad de condiciones a una industria tan importante como las TIC. De no hacerlo, limitamos la innovación y dejamos de generar recursos que el Estado podría destinar a proyectos sociales”.
El debate sobre el Fair Share no es exclusivo de Colombia. En Europa y Estados Unidos también se han discutido modelos para que las plataformas digitales participen más activamente en el sostenimiento de la infraestructura. Sin embargo, la posición de los reguladores suele inclinarse hacia la defensa de la innovación y la neutralidad, dejando a los operadores con la mayor parte de la carga.
La pregunta que queda en el aire es si este modelo es sostenible en un país como Colombia. Mientras las OTT continúan capturando ganancias y expandiendo sus servicios, la conectividad rural avanza lentamente. La decisión de la CRC puede ser vista como una victoria para las plataformas digitales, pero al mismo tiempo refleja la dificultad del Estado para equilibrar los intereses de la innovación con la urgencia de llevar internet a todos los rincones del país.
En última instancia, el problema de fondo no es técnico sino político, ¿quién debe asumir el costo de conectar a Colombia? Por ahora, la respuesta sigue recayendo sobre los mismos de siempre: los operadores de red.
