El Ministerio TIC y el Ministerio de Ciencia radicaron en el Senado de la República el Proyecto de Ley de Inteligencia Artificial. Se trata de una propuesta normativa que busca establecer principios, derechos, deberes y estructuras institucionales para el desarrollo y uso de esta tecnología en el país.
La iniciativa se inspira en el enfoque de la Unión Europea, pero con una mirada ajustada a las necesidades nacionales. Su objetivo central es garantizar que la IA se desarrolle de forma segura, confiable y centrada en el ser humano.
El proyecto define un marco ético, técnico y jurídico que busca prevenir riesgos y fomentar un entorno favorable para la innovación. Para ello, clasifica los sistemas de IA según su nivel de riesgo y propone diferentes exigencias regulatorias dependiendo del impacto potencial.
Uno de los aspectos clave es la creación del Sistema Nacional de Inteligencia Artificial (SIA), una instancia interinstitucional de coordinación. Este sistema estará acompañado por la Autoridad Nacional de Inteligencia Artificial, que ejercerá funciones de inspección, vigilancia y control.
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El proyecto reconoce derechos fundamentales en el contexto de la IA, como la protección de datos, la transparencia algorítmica y el derecho a la explicación de decisiones automatizadas. También promueve principios como la equidad, la inclusión y la no discriminación.
En cuanto a los usuarios, la ley busca asegurar que cuenten con mecanismos de información clara y comprensible sobre los sistemas que interactúan con ellos. Además, se plantea la posibilidad de solicitar revisión humana de decisiones automatizadas que tengan efectos jurídicos o significativos.
Para las empresas, la normativa establece obligaciones diferenciadas. Los desarrolladores y proveedores de IA deberán garantizar el cumplimiento de requisitos de seguridad, trazabilidad, gobernanza de datos y supervisión humana, según el nivel de riesgo de su tecnología.
A nivel práctico, los sistemas de “alto riesgo” —como los usados en salud, transporte o selección laboral— estarán sujetos a evaluaciones técnicas previas y auditorías. En cambio, los sistemas de “riesgo limitado” deberán cumplir con principios de transparencia sin mayores cargas administrativas.
Esta diferenciación busca no frenar la innovación en sectores emergentes, al tiempo que protege a la ciudadanía en ámbitos críticos. Para ello, se incluyen medidas de fomento como entornos de prueba regulatoria (sandboxes), incentivos fiscales y apoyo a PYMES y startups.
El impacto social de esta ley puede ser significativo. Al garantizar derechos y reducir riesgos, se fortalece la confianza pública en la tecnología. Esto es esencial para su adopción en campos como la educación, la justicia, la salud o el transporte inteligente.
Además, el proyecto propone una Estrategia Nacional de Capacidades en IA. Esta incluirá programas de formación técnica, ética y jurídica para servidores públicos, empresas, universidades y ciudadanía en general. Se busca cerrar brechas digitales y evitar un sesgo tecnocrático en el desarrollo del ecosistema.
Para los desarrolladores, el proyecto representa tanto una oportunidad como un reto. Por un lado, tendrán un marco claro que les permitirá crear soluciones alineadas con estándares internacionales. Por otro, deberán adaptarse a nuevas exigencias que requieren documentación, supervisión y evaluación continua.
Uno de los temas más novedosos es la propuesta de crear un Registro Nacional de Sistemas de IA. Este será obligatorio para tecnologías de alto riesgo y permitirá a las autoridades hacer seguimiento y control sobre su uso en el país.
También se incluye un capítulo sobre cooperación internacional. Colombia busca integrarse a iniciativas globales sobre gobernanza de IA y fomentar estándares compartidos. Esto es crucial en un contexto donde las tecnologías no conocen fronteras.
El proyecto, que iniciará su trámite legislativo en comisiones del Senado, cuenta con respaldo técnico de diversas entidades nacionales e internacionales. Entre ellas están la Comisión de la OCDE, la Unión Europea y centros de investigación como el CENIA.
Sin embargo, aún queda camino por recorrer. Expertos advierten que la implementación dependerá de la capacidad institucional y presupuestal del Estado. También será clave lograr una articulación efectiva entre entes públicos, privados y académicos.
El debate público sobre la regulación de la IA apenas comienza en Colombia. Esta ley puede convertirse en una herramienta para aprovechar el potencial transformador de la tecnología, sin perder de vista los riesgos que implica su mal uso o adopción irresponsable.
Imagen: MinCiencias
