Al menos hasta que comenzamos a preguntarnos a quién pertenece realmente esta imagen y cómo se pueden usar, al menos sin arriesgarse a luego tener dolores de cabeza por alguna reclamación de derechos de autor.

¿A quién pertenecen los derechos de autor de las imágenes creadas con IA?

Todo depende de con qué motor o herramienta estés creando la imagen.

Lo primero es que el hecho de que tu des la indicación para la creación de una imagen con IA no te da los derechos de esa imagen. Incluso si las instrucciones que presentaste fueron extremadamente detalladas, los derechos de creación de estas piezas no pertenecen a la persona que ‘tuvo la idea’.

¿Entonces a quién pertenecen? La mayoría de las veces, son del motor utilizado para crear estas imágenes.

Existen ciertas herramientas para creación de imágenes con IA pagas que ofrecen una ‘licencia’ por las imágenes creadas. En este caso el crédito de la imagen pertenece a la herramienta o compañía que la creó, pero lo que se te entrega es la autorización de publicar, modificar y utilizar esta imagen creada con inteligencia artificial.

Sin embargo, la mayoría de modelos gratuitos manejan un modelo en que te ‘autorizan’ a publicar las imágenes que creas utilizando su IA, pero mantienen la licencia de uso. Para dar un ejemplo tomaremos la herramienta de Designer de Microsoft (que es una de las más populares para la creación de imágenes rápidas). Citando sus términos y condiciones sobre los derechos de uso:

“Al utilizar el Servicio, publicar, cargar, ingresar, proporcionar o enviar contenido usted otorga a Microsoft, sus empresas afiliadas y los sublicenciatarios el permiso para utilizar su contenido en relación con la operación de sus negocios en Internet… entre esto los derechos de licencia para: copiar, distribuir, transmitir, exhibir públicamente, ejecutar públicamente, reproducir, editar, traducir y reformatear su contenido; y el derecho a sublicenciar dichos derechos a cualquier proveedor de los Servicios. No se pagará ninguna compensación con respecto al uso de su contenido, ya que proporcionado en este documento, Microsoft no tiene ninguna obligación de publicar o utilizar ningún contenido que usted puede proporcionar, y Microsoft puede eliminar cualquier contenido en cualquier momento a su entera discreción”.

¿Quiere decir esto que puedo recibir un reclamo de derechos de autor por una imagen generada por IA?

Sí. En teoría (y este es un miedo real) puede llegar un momento en el que una nueva tanda de trolls de patentes (personas y organizaciones enfocadas en demandar y ganar casos de derechos de autor aprovechando vacíos legales) en el que se reclame la propiedad de imágenes creadas con inteligencia artificial y de las que ellos adquirieron la licencia a través de algún servicio externo.

No solo esto, sino que debido a que en la actualidad no hay precedentes legales sobre la manera en la que material registrado funciona con estas imágenes creadas, es probable que se pueda realizar un reclamo basados en que la imagen creada con IA tiene como fuente o es similar a otra que se encuentra registrada. Y, de nuevo, a menos que cuentes con una licencia para distribuirla… entonces no tienes muchas bases para luchar con estos reclamos.

Esto no significa que no puedas crear una imagen con IA y, por ejemplo, compartirla en tus redes sociales. Pero sí es más peligroso utilizar este tipo de imágenes en un sitio empresarial, blog o en una pieza publicitaria.

Imágenes: Disney

Las publicaciones insertadas son aquellas en las que el post en las redes sociales se añade al cuerpo de una página o de un artículo directamente desde la red social. Esto significa que no se trata de una captura de pantalla o de una foto tomada copiada e insertada directamente en el sitio web. Y ahora hay un precedente que indica que el utilizar estos posts insertados no cuenta como una violación de los derechos de autor.

En 2016 BuzzFeed (en la época dorada en la que era el rey de las noticias en Facebook) realizó un artículo titulado “estos fotógrafos están cubriendo la campaña presidencia de a través de Instagram” en el que insertó las publicaciones de los fotógrafos Alexis Hunley y Matthew Brauer. Luego, el dúo presentó una demanda en el que acusaban a Instagram de violar sus derechos de autor al permitir que medios de comunicación utilizarán sus fotografías.

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De acuerdo con Hunley y Brauer el medio de comunicación debió pedir su autorización para utilizar el material dentro de sus artículos y que no habían obtenido las licencias respectivas para hacerlo. Como resultado, el caso aseguraba que Instagram había sido cómplice en la violación de derechos de autor y de hecho “incentivaba de manera intencional” a otros portales para que insertaran contenido que estaba protegido por los derechos de autor.

Pero el jurado a cargo del caso determinó que no había violación de derechos de autor y que Instagram no podía ser culpado por cualquier uso de publicaciones insertadas. De hecho, el caso confirmó que los posts agregados de esta manera no son “una copia de la fotografía o video” y, más importante, que un sitio web no podía ser acusado de violar los derechos de autor si el objeto protegido no está almacenado en sus servidores.

Imágenes: Foto de Kate Torline en Unsplash 

Pero ahora un grupo de investigadores de la Universidad de Chicago ha presentado una aplicación que tiene un solo objetivo: modificar imágenes de manera que sea más complicado para una AI el poder utilizarlas y replicarlas.

La herramienta se llama Glaze y lo que hace es poner unas capas, casi invisibles, encima de las imágenes y fotografías que confunden a los modelos AI. Por ejemplo, antes de que un artista comparta una imagen en Twitter puede utilizar Glaze para que añada pequeños cambios a la imagen. Estas modificaciones no son lo suficientemente grandes para que el ojo humano las pueda notar, pero sí para que la AI las integre al momento de ‘crear un perfil del artista’.

1/ This might be the most important oil painting I’ve made:

Musa Victoriosa

The first painting released to the world that utilizes Glaze, a protective tech against unethical AI/ML models, developed by the @UChicago team led by @ravenben. App out now 👇 https://t.co/cNIXNDHMBy pic.twitter.com/Y1MqVK7yvZ

— Karla Ortiz 🎨 (@kortizart) March 15, 2023

Y el resultado final es que, por ejemplo, si alguien pide a un modelo como Stable Diffusion el crear una imagen con un estilo similar al de un artista que ha utilizado Glaze para ‘enmascarar’ sus imágenes, la AI confundirá su estilo por todas estas modificaciones y creará una imagen que no sea similar.

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“Desafortunadamente, Glaze no es una solución permanente contra el mimetismo de la IA”, lee el documento de presentación de la herramienta. “La IA evoluciona rápidamente y los sistemas como Glaze enfrentan el desafío inherente de estar preparados para el futuro (Radiya et al). Las técnicas que usamos para encubrir las obras de arte hoy en día podrían ser superadas por una futura contramedida, posiblemente haciendo vulnerable el arte previamente protegido. Es importante tener en cuenta que Glaze no es la panacea, sino un primer paso necesario hacia las herramientas de protección centradas en el artista para resistir la imitación de la IA. Esperamos que Glaze y los proyectos de seguimiento brindan cierta protección a los artistas mientras se afianzan los esfuerzos (legales, regulatorios) a más largo plazo”.

Por supuesto, hay otros problemas que entregan esta solución. Aunque la gran mayoría de personas pueden no notar la diferencia, lo cierto es que la versión que recibimos a través de Glaze es de ‘menor calidad’ debido al ruido visual que añaden estas modificaciones. Significa también que si la herramienta se vuelve lo suficientemente popular jamás podremos ver la versión ‘original’ de estas piezas en la Internet por el temor del artista a que puedan ser tomadas por algún motor AI para imitar su estilo.

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Actualmente hay diversas disputas legales que quieren poner claridad sobre la autoría de las imágenes creadas con inteligencia artificial y cómo afectan los derechos intelectuales de los artistas que imita y de los que aprende. También hay una documentación extensa de personas que han utilizado modelos como Stable Diffusion para copiar a artistas y luego reclamar la autoría de la obras originales pese a que el parecido demuestra que solo es una versión modificada utilizando inteligencia artificial.

Puedes descargar Glaze así como obtener la información sobre la investigación que llevó a su creación en este enlace. 

Imágenes: Glaze y la Universidad de Chicago

Entonces, ¿puede un medio de comunicación utilizar mi imagen sin problema? Sí y no. Es decir, como todo en Colombia (y en cualquier país) debemos ceñirnos a lo que las leyes nos permiten. Tradicionalmente, este tema se había abordado desde el Derecho de Autor pero, ¿si en la imagen salgo yo, pero no fue tomada por mí? Pensando en estos casos, en el 2012 entró en vigencia la Ley 1581, la cual exige considerar la imagen de cualquier persona como un dato personal.

Dicha ley explica el debido tratamiento para el uso de imágenes personales. Lo primero es que, si se va a usar la imagen de una persona, ésta debe estar enterada de ello; es decir, se debe firmar una autorización previa. Así mismo, la persona de la foto puede conocer, actualizar, rectificar sus datos personales o revocar la autorización cuando no se respete lo acordado. Por otro lado, la omisión de los acuerdos establecidos o la no autorización por parte de la persona puede acarrear sanciones desde la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) para el medio de comunicación evasor. Dicho así, si un medio de comunicación utiliza alguna fotografía tuya sin tu autorización, puedes proceder legalmente.

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Hay que tener en cuenta que aquí también están contempladas las fotografías que se suben a redes sociales. Es decir, el medio no podrá utilizar una foto que publicaste en tus redes personales basándose en que es de “carácter público”. La Ley sostiene que, de igual manera, se debe obtener previa autorización por parte del titular, a menos de que la persona sea un personaje público y siempre y cuando tenga relación la noticia con la imagen usada.

Por su parte, la SIC hace una serie de recomendaciones en su ‘Guía sobre el tratamiento de las fotos como datos personales’: 

• Obtener Autorización previa, expresa e informada para tomar fotos y usarlas.
• Verificar la procedencia legítima de las fotos que le suministran terceros.
• Tener presentes las reglas especiales para tratar fotos de menores de 18 años.
• Informar al fotografiado (Titular del Dato) los fines específicos para los cuales se usarán las fotos.
• Exigir el respeto de la regulación de Protección de Datos a los terceros que contrate para tratar fotos.
• Abstenerse de obtener fotos de manera engañosa y no asumir que las fotos de acceso público puede usarlas libremente.

Para mayor información sobre el tratamiento de las fotos como datos personales te invitamos a que revises la Guía diseñada por la SIC.

Imagen: Unsplash

La medida que tomará la red social que en unos meses estará en manos de Elon Musk, es restarle visibilidad al trino duplicado dentro de la plataforma. De acuerdo al comunicado publicado en el blog oficial de la compañía, dicho contenido puede ser un bloque de texto, una imagen o una combinación entre ambos formatos que se haya copiado y pegado sin etiquetar al creador del tuit original.

La estrategia que desplegará Twitter responde a los propósitos bajo los cuales un usuario suele duplicar el contenido de otro. Según la red social, el objetivo puede ser desde ganar adeptos con una idea que ya se ha vuelto popular antes, propagar un mensaje, generar spam, suprimir información o incluso manipular las tendencias de Twitter y la opinión dentro de la aplicación, dado que hasta ahora no hay ningún tipo de penalidad que evite este tipo de comportamiento.

¿Cómo saber si Twitter ha limitado la visibilidad de un trino?

Limitar la visibilidad de un tuit significa que este dejará de aparecer en distintos apartados de Twitter, como en la línea de tiempo de aquellas cuentas no seguidas por el usuario que ha infringido los derechos de autor de alguien más. No obstante, este seguirá apareciendo en otras secciones de aquellas cuentas que sí sigan a ese usuario.

Como se lee en el comunicado, la red social penalizará con esta limitación al contenido que sea idéntico o casi idéntico que haya sido compartido por una o varias cuentas, así estos incluyan menciones o hashtags que pretendan darle un “toque personal” al plagio.

Imágenes: Archivo

Desde hace años la Internet ha puesto a la disposición de los internautas algunas herramientas bastante prácticas para intentar detectar el plagio. En caso de que quieras confirmar que alguna tarea presentada o que la parte de tu compañero de grupo no fue copiada y pegada de algún portal, te presentamos estas cuatro soluciones.

WCopyfind

En caso de que tengas sospechas de que alguien más te ha plagiado a ti, WCopyfind es la solución. No es una herramienta online, sino que es una app de código abierto para Windows que te permite comparar un texto con una base de datos que tengas en tu PC. Su mayor ventaja es que es completamente gratis de usar. Su mayor desventaja es que es algo complicada de usar, aunque si le tomas la maestría encontrarás una herramienta bastante práctica.

Viper

Aunque es una herramienta paga, Viper también cuenta con una versión gratuita que te permite revisar hasta 30.000 palabras cada semana. Esto puede parecer poco, pero es una herramienta bastante útil para revisar fragmentos particulares que te generen sospechas. Una cosa importante es que cuenta con soporte para español y cerca de 10.000 millones de fuentes en la Internet. También tiene una de las mejores interfaces disponibles.

Paper Rater

Para aquellos que están presentando maestrías en el exterior, PaperRater es una de sus mejores opciones. En primer lugar, porque es gratuita (que esos postgrados no salen económicos), pero, además porque está especializada en evaluar textos en inglés. La herramienta permite detectar plagios o coincidencias y determinar cuánto de tu texto se puede considerar original. Otro punto que muchos apreciarán es que también realiza una revisión gramatical.

Edubirdie

La última recomendación de esta lista quizás no tiene tanto alcance, pero es perfecta para realizar búsquedas rápidas y comprobar el plagio. Edubirdie es una página que te permite buscar párrafos y cotejar similitudes con páginas, ensayos o incluso hojas de vida. Incluso puedes subir documentos Tipo Pdf, Doc, Docx, Txt, Rtf y Odt.

Imágenes: Pexels

Que Riot desarrolle música, además de juegos, no debería sorprender a sus fans. La compañía incluso creo una banda de Kpop llamada K/DA, compuesta de personajes virtuales y una campeona de ‘LoL’. Ahora la compañía ha lanzado un álbum con el nombre de ‘Sessions: Vi’ que tiene 37 canciones que pueden ser utilizados en transmisiones (no necesariamente de ‘LoL’) sin necesidad de pagar una licencia. Las canciones fueron creadas por artistas como Junior State y Chromonicci.

Puedes encontrar el álbum de música sin derechos de autor de Riot, ‘Sessions: Vi’ en Apple Music, Spotify y YouTube.

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Las listas de música sin derechos de autor no son necesariamente nuevas, De hecho, se trata de uno de los recursos más apreciados y utilizados por creadores de contenidos y streamers. En Spotify y YouTube puedes encontrar listas dedicadas, que por supuesto puedes modificar para que se ajusten al tipo de juego que vayas a transmitir. Es algo, además, que sugerimos que hagas en caso de que quieras comenzar a realizar algún tipo de transmisión. Servicios como YouTube y Twitch cada vez son más agresivo al remover o advertir a sus creadores que el contenido en sus canales ha sido reclamado. Por desgracia, las compañías musicales son uno de los peores ofensores de este problema.

Imágenes: Riot Music

No hay una confirmación de que una ley se esté trabajando, pero parece que el gobierno nipón sí está investigando la situación. La primera pregunta es cómo los propietarios de estos personajes pueden ejercer mayor control y qué sucederá si  un cosplayer viola esta propiedad intelectual.

Se trata de un asunto bastante complejo. Muchas personas han convertido el hobby de hacer cosplay en una ‘profesión’ que pueden monetizar. Esto lo hacen a través de herramientas en las que solicitan el apoyo de sus fans (como son plataformas como Patreon), siendo contratados por agencias que les pagan por la asistencia de eventos o incluso siendo invitados a ferias y convenciones. No es claro cuáles de estas prácticas la nueva normatividad buscaría penalizar y qué tanto control pueden ejercer los dueños de estos derechos.

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Es, además, un tema delicado por las diferencias culturales. En Japón la visión del cosplay se realiza con una mentalidad de ‘respetar al autor y la obra’. Esto, hasta hace unos años, incluir el solo vestirse como un personaje, pero buscar monetizar esta representación. De hecho, Enako (que es, precisamente, una de las cosplayer más reconocidas internacionalmente y se reunió con representantes del gobierno japonés para discutir la situación) suelen solicitar de manera previa autorización a los dueños antes de realizar apariciones públicas pagas.

Pero, en occidente la perspectiva es diferente. Muchos consideran que las representaciones realizadas por un cosplayer caben dentro del ‘uso justo’ del contenido (idea legal que no tiene ninguna validez para Japón) y que por esta razón el uso de estos personajes cabe dentro de un área gris que no viola los derechos de autor. Un debate que no es nuevo, pero que se ha retomado dado el mismo interés del gobierno nipón en él.

Es un debate que, aunque se esté realizando ahora al cosplay, afecta muchas otras ramas de lo digital. En cierta manera, la regulación que está buscando hace eco con otros debates como el del streaming de videojuegos. Muchos han cuestionado si hay una violación de los derechos de autor de personas que transmiten gameplays completos de títulos, sin pagar por los derechos al propietario (no, comprar un juego no te da los derechos de transmisión) y ganan miles de dólares por esto. Un dilema que, de nuevo, suele ser más tenso cuando el desarrollador es japonés.

Imágenes: WikiCommons

¿El problema? La ley está siendo pasada junto con otra ley mucho mayor que se considera como una ‘obligatoria de pasar’. Lo que esto quiere decir que si no es aprobada el gobierno de los Estados Unidos cerrará. Por lo que es, casi seguro, que terminará pasando.

No es claro cuál puede ser la consecuencia real de esta nueva norma. Lo cierto es que la distribución de material protegido por derechos de autor en plataformas como YouTube y Twitch es un terreno que siempre ha navegado entre lo apenas legal. SI nos apegamos a lo técnico, los creadores de contenido que transmiten un juego a través de plataformas como Twitch o YouTube están violando los derechos de autor pues el acuerdo de compra en ningún momento los autoriza a transmitir el videojuego. De la misma manera aquellos que hacen ensayos o críticas en YouTube están violando el material protegido, incluso si se le realiza modificaciones o críticas.

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YouTube y Twitch han sorteado este problema con su sistema de reclamos. La solución actual,  de manera simplificada, da al dueño del material protegido la potestad de solicitar todos los ingresos que se puedan recibir por pauta o incluso eliminarlo de estas plataformas. Esto ha llevado a problemas, pues las compañías suelen abusar de estas normas al utilizar 5 segundos de una canción para reclamar la totalidad de un contenido. También ha llevado a casos en los que canales enteros han desaparecido cuando un troll de derechos de autor reclama el material.

Es claro que la nueva norma no es una idea del gobierno de los Estados Unidos, sino de las compañías que poseen estos derechos. En la campaña de relección de Tillis parte de los grandes contribuyentes fueron compañías como Comcast, Motion Pictures Association, Sony Pictures, Universal Music, Warner Music… Empresas infames por cómo han utilizado el sistema actual para hacer difícil la vida de aquellos que han encontrado en el streaming una profesión.

Actualmente un canal vive con el miedo de que sus videos sean removidos o reclamados, perdiendo una parte importante de sus ingresos. Incluso está el temor de una cancelación o eliminación de todos sus años de trabajo en una de esas maratones de reclamos que son frecuentes. La legislación nueva pondría más miedo en la producción de este contenido y haría que YouTube o Twitch se vean obligadas a imponer más restricciones o permitir a estas compañías tener más control, precisamente para evitar estos cargos criminales.

Imágenes: Pixabay

Hay varios elementos que hacen de esta nueva oleada de reclamos masivos por derechos de autor un dolor de cabeza. La primera es que todos los reclamos están relacionados con los clips en los canales de los streamers. Para aquellos menos familiarizados con este elemento, se trata de pequeños videos de 60 segundos que los suscriptores de canales pueden hacer, grabando algunos de los mejores momentos de una transmisión. Para muchos canales, los clips son la mejor manera de promocionar su contenido pues su duración y creación (por parte del consumidor) los hace una herramienta de publicidad única y efectiva.

📢 This week, we’ve had a sudden influx of DMCA takedown requests for clips with background music from 2017-19. If you’re unsure about rights to audio in past streams, we advise removing those clips. We know many of you have large archives, and we’re working to make this easier.

— Twitch Support (@TwitchSupport) June 8, 2020

El problema está en que este fin de semana la Recording Industry Association of America (RIAA) realizó un barrido masivo que desencadenó una avalancha de reclamos. Lo más curioso es que muchos de estos reclamos no tienen relación con clips recientes, sino que en muchos casos que datan de años atrás. Lo que esto significa que los streamers que llevan mucho tiempo realizando transmisiones en la plataforma corren el riesgo de recibir este tipo de amonestaciones. Más preocupante, porque tres de ellas pueden llevar a una expulsión permanente en Twitch.

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Es, además, molesto porque algunos de estos creadores de contenido han integrado la música en la manera en la que realizan sus transmisiones. Ponen Spotify de fondo mientras que juegan, permiten a sus suscriptores elegir qué álbum escucharán después o incluso realizan transmisiones en las que escuchan estas canciones y hablan con su chat sobre las bandas y la música. Estos son solo algunos de los ejemplos de contenido que hacen de estas transmisiones algo especial.

Twitch ha dejado claro que las prácticas anteriores no son apoyadas por la plataforma. La norma es que si no se tienen los derechos de compartir la música, se están violando los derechos de autor. Pero, de nuevo, considerando el carácter de la plataforma y la manera en la que esta es usada, no tiene mayor lógica. A diferencia de un buscador como YouTube, las personas no acuden a Twitch para poner una canción de fondo mientras estudian.

También es un problema porque Twitch no tiene herramientas que permitan borrar clips que puedan llevar a estos reclamos de manera individual o en grupo. Es decir que si un creador tiene dos advertencias por reclamos de autor, su única opción es borrar toda su librería de clips. Algo que tampoco es realista, considerando que la interfaz tampoco ayuda a esta tarea.

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¿Por qué Twitch tiene que cumplir con las normas de expulsión? Es su manera de protegerse de ser a quién demanden por uso no autorizado de material protegido. Al aplicar la norma, encuentra un vacío que le permite evadir estos problemas legales, de manera similar a como lo hace YouTube.

Se trata de un problema viejo y dolor verdadero de cabeza para los creadores. Uno que deja claro cómo la manera en la que se maneja y castiga el material protegido en la Internet no está funcionando. En el caso de YouTube el terror que muchos sufren es encontrar, de un día para otro, que sus videos más rentables ya no pueden ser monetizados por incumplimiento en los derechos de autor. En el caso de Twitch se trata de reclamos que parecen todavía menos justificaos, considerando que se tratan de clips de menos de 60 segundos.

Más que en la música o las películas, la batalla entre los derechos de autor y el libre acceso es especialmente cruda en el campo de las publicaciones académicas. Casi toda la producción que hacen los investigadores científicos aparece en revistas indexadas. El problema es que, en su mayoría, solo se puede acceder a ellas físicamente o por medio de repositorios muy costosos, a los que normalmente solo las universidades y centros de investigación tienen acceso.

Si un investigador no está vinculado a una institución que tenga acceso a esos repositorios y necesita un artículo de estos, debe pagar cifras exhorbitantes. E, incluso, algunas universidades de renombre global han dicho que tienen problemas para cubrir los elevados costos que eso representa.

“Nuestros profesores hacen la investigación, escriben los artículos, evalúan los artículos de otros investigadores, trabajan en los consejos editoriales, todo gratis… y luego compramos los resultados de nuestra labor a precios escandalosos“, le dijo en 2012 a The Guardian el director de la biblioteca de la Universidad de Harvard por la época, el historiador Robert Darnton.

En ese panorama, una estudiante de Kazajistán llamada Alexandra Elkabyan montó en 2011 un sitio web llamado Sci-Hub, que se ‘colgaba’ de las redes de las universidades que tienen acceso a los artículos y le permitía a cualquiera descargarlos gratis. Además, los almacena en una base de datos pirata, de modo que si alguien más los necesita se puedan bajar directamente, sin volver a pasar por la biblioteca de una universidad.

Hasta la Universidad de Harvard se ha quejado del precio de los artículos

“Pagar 32 dólares no tiene sentido cuando debes hojear o leer decenas o cientos de estos artículos para hacer investigación. Obtuve esos artículos pirateándolos“, escribió Elkabyan en un documento a la corte encargada de su caso, como reporta Torrent Freak.

Elsevier, una de las empresas más grandes en el negocio de las revistas académicas, la demandó, y el juez que falló el caso la obligó a cerrar el sitio. El caso despertó la solidaridad de académicos de todo el mundo, quienes publicaron una carta abierta en noviembre de 2015 en apoyo a Sci-Hub.

El sistema de publicación académica “desvaloriza a los autores, a los editores y los lectores de la misma manera. Parasita de nuestra labor, frustra nuestro servicio al público, nos niega el acceso“, aseveran los académicos firmantes.

Como cuenta The Atlantic, ella decidió reabrir su servicio en otro dominio y, además, montarle una sede en la ‘deep web’. “El sitio está aparentemente a salvo detrás de las muchas capas de cifrado que protegen los sitios en la web profunda“, aseguró el medio. En su cuenta de Twitter, Sci-Hub dice que tiene 48 millones de artículos almacenados. BigThink, por su parte, asegura que éstos han sido descargados cientos de miles de personas cada día, que suman un total de 19 millones de usuarios.

Pagar 32 dólares por artículo “no tiene sentido”

El capítulo de Sci-Hub solo es uno más en una pelea que lleva varios años. El activista Aaron Swarz afrontaba la posibilidad de una pena de cárcel por sustraer artículos de una base de datos académica y ponerlos a disposición del público. Después se suicidó, algo que varios de sus allegados atribuyen al estrés que le causó esa demanda, según se cuenta en el documental ‘The Internet’s Own Boy’. Y en 2012, la policía alemana cerró un buscador de ebooks muy usado por la comunidad académica, llamado Library.nu.

Imagen: www.billionphotos.com (vía Shutterstock)

Gómez, un biólogo de 26 años graduado de la Universidad del Quindío, se dedica a investigar la conservación de las especies de anfibios y actualmente estudia una maestría en Costa Rica. Según cuenta en una carta difundida por la Fundación Karisma, internet le ayudó a suplir las carencias de la biblioteca de su universidad. Por medio de la red, afirma, “solicitaba y accedía a la información necesaria para dar los primeros pasos en investigación y conservación de la biodiversidad de mi región y, como retribución, […] compartía documentos útiles“, algo que –asegura– se convirtió en una “práctica cotidiana“.

Tras compartir uno de esos documentos –una tesis de maestría de una universidad pública de Bogotá–,  fue acusado penalmente por su autor, por el delito de Violación a los Derechos Patrimoniales de Autor y Derechos Conexos, y el proceso se adelanta actualmente en la Fiscalía General de la Nación. La audiencia preparatoria, que había sido programada para el pasado 16 de julio, fue aplazada.

Derechos de autor, al banquillo

“Me sorprende que lo que es indispensable para las actividades de investigación y conservación (compartir conocimiento) pueda ser considerado un delito […] Me sorprende que algunos investigadores en ciencias biológicas también consideren impertinente, y sobre todo ilegal, que otros difundan su trabajo sin buscar ánimo de lucro“, escribe Gómez en su carta. A su juicio, las actividades de investigación y difusión de ciencia y tecnología no deberían ser tratadas por la Ley como los contenidos comerciales, pues, precisamente, son hechos para su difusión libre, y es ella en la que le encuentran valor, especialmente en entornos en los que el acceso ‘legal’ a esa clase de contenidos es tan limitado.

Según el abogado Germán Realpe Delgado, quien representa a Gómez en este proceso, el caso “pone de manifiesto que hay un debate pendiente sobre los derechos de autor en internet“. Tras la caída de las leyes Lleras, el marco legal colombiano sobre estos derechos sigue sin estar pensado para la red, por lo que actos como el de Diego son vulnerables de ser señalados como delitos. En el pasado, los activistas de la red han manifestado la necesidad de llevar a cabo un debate amplio sobre este tema, y aunque el Gobierno ha abierto algunos espacios para la discusión, el tema no se ha movido en los últimos meses.

“Hay un debate pendiente sobre los derechos de autor en internet“

Además, es la primera acusación penal que se hace pública en Colombia en la que se enfrentan los derechos de autor con las dinámicas de internet y los debates que se han dado durante años en diferentes orillas. Como dice María del Pilar Sáenz de la Fundación Karisma en un ‘post’ en Las2Orillas, en este caso “la premisa de que Compartir no es Delito tiene un nombre y un rostro detrás. La injusticia hipotética de enfrentar el desbalanceado sistema de los derechos de autor donde priman los intereses comerciales sobre el interés del acceso se volvió cercanamente dolorosa“.

Mientras eso ocurre, la mejor esperanza para quienes, como Gómez, comparten contenidos de buena fe, es que los jueces entiendan las lógicas de la red. La abogada Carolina Botero asegura en su columna en El Espectador que “si los jueces se quedan en la letra del código, sin mirar lo que los abogados llamamos ‘antijuridicidad’, van a procesar a muchos Diegos“.

Usted, ¿qué opina del caso de Gómez?

Imagen: Shutterstock

Como ya les habíamos contado, el Ministerio de Comercio decidió abrir la discusión de la ley de derechos de autor a la ciudadanía. El pasado viernes se llevó a cabo la primera de cinco sesiones, en las que funcionarios de esa cartera recibirán comentarios sobre la redacción del Proyecto de Ley 306 de 2013, que fue radicado por el ministro Sergio Díaz-Granados hace un par de meses en el Congreso.

Los sectores convocados son los periodistas, representantes de la academia, titulares de derechos de autor, desarrolladores y hackers y representantes de las bibliotecas públicas y de las personas en discapacidad. En la página web del colectivo RedPaTodos –con el que el Ministerio concertó estas sesiones– están los lugares y las fechas de cada una de ellas.

El punto de debate más fuerte en la reunión fue el de las excepciones y limitaciones a los derechos de autor. Algunos preguntamos por qué no se había aprovechado la oportunidad para legislar sobre ellas y ponerlas a tono con las nuevas leyes, y los representantes del Gobierno respondieron dos cosas. Primero, que el Proyecto de Ley 3o6 sí contempla la posibilidad de incluir nuevas excepciones y limitaciones; y segundo que cada una de ellas requiere un debate amplio que no se ha dado hasta ahora.

En la reunión del viernes, los representantes del Ministerio expresaron que todas las propuestas serán escuchadas y respondidas. Quienes no puedan acudir, pueden enviar sus propuestas por escrito al correo cpantoja@mincit.gov.co. Los funcionarios insistieron, sin embargo, que cada una de ellas debe plantearse teniendo como base lo que ya se acordó con Estados Unidos.

Ese día, aprovechamos para hacerles algunas preguntas a los funcionarios del Ministerio y de la Dirección Nacional de Derechos de Autor (DNDA) que estaban presentes. Aquí las respuestas.

¿Por qué se decidió presentar este proyecto por separado del que regulaba la responsabilidad de las ISP?

Según explicó Carlos Corredor, de la DNDA, la decisión se tomó porque, a juicio del gobierno, lo que propone el Proyecto de Ley 306 no es nada nuevo, sino una actualización de los mismos derechos “al entorno digital“ y un ejercicio para hacer que concuerden tanto con el TLC como con la Decisión Andina de Derechos de Autor.

En cambio, como dice Corredor, “las ISP son un tema nuevo” que no estaba contemplado en nuestra legislación. Por eso, el Gobierno los tramitó por separado. Como se recordará, la primera ‘ley Lleras’ buscaba regular la responsabilidad de los prestadores de internet, mientras que los intentos posteriores de legislación pretendían actualizar la regulación de los derechos de autor sin tocar específicamente el tema de las ISP.

¿Qué tan atrasada está Colombia de su compromiso inicial con Estados Unidos en este tema?

Según informó Nicolás Torres, jefe de la oficina de Asuntos Legales Internacionales del Ministerio, Colombia estaba comprometida a poner a tono su legislación de derechos de autor con el TLC cuando este entrara en vigencia, y a regular la responsabilidad de las ISP un año después.

Teniendo en cuenta que el TLC es efectivo desde el 15 de mayo de 2012, el país ya lleva 14 meses de atraso en el primer compromiso y dos meses en el segundo.

¿A qué sanciones está expuesta Colombia por ese retraso?

Torres indicó que Estados Unidos podría convocar a un mecanismo contemplado por el tratado y llamado ‘Mesa de solución de controversias’, en el que ese país podría llegar a “suspender algunos beneficios comerciales” que Colombia obtuvo con el TLC. El funcionario añadió que Washington “ha manifestado preocupaciones serias” por el incumplimiento de Bogotá en este y otros temas.

En concreto, ¿a qué se comprometió Colombia con Estados Unidos en este tema cuando firmó el TLC?

La ‘letra menuda’ del compromiso entre Colombia y Estados Unidos está en el Capítulo 16 del texto del tratado (PDF). En él, se describen al detalle tanto las obligaciones relacionadas con la responsabilidad de las ISP como las que tienen que ver con el tema más amplio de los derechos de autor y de la propiedad intelectual.

Muchas de esas cosas ya estaban incluidas en las leyes colombianas, pero otras no. Entre estas últimas está la ampliación del plazo de derechos de autor de 50 a 70 años cuando el titular es una persona jurídica, la reglamentación de cuándo es posible romper una protección anticopia y la prohibición las retransmisiones de contenidos televisivos a través de internet sin permiso del dueño de los derechos.

Lo que aun no está claro es hasta qué punto el TLC también impone la manera en la que se deben satisfacer esas obligaciones. Algunos activistas sostienen que el Tratado no obliga a Colombia a imitar los procedimientos estadounidenses –como ocurría en la ‘ley Lleras’ original–, y el Ministerio aun no ha sido claro al respecto. En la sesión, los funcionarios prometieron que elaborarían un documento que aclararía ese punto.

Tras las discusiones, ¿qué va a pasar con el Proyecto de Ley? ¿Será cambiado?

El Ministerio insiste en que “hará una evaluación de todas las propuestas“, por lo que algunas de ellas podrían verse reflejadas en un nuevo proyecto de ley que sería presentado al Congreso. Sin embargo, también existe la posibilidad de que ninguna observación sea tenida en cuenta y el proyecto de ley se quede como está.

La famosa ley francesa Hadopi, que fue la pionera en la adopción del sistema de los tres ‘strikes’ o advertencias previas antes de desconectar a un usuario de Internet, está a punto de morir. Pero antes de que eso ocurriera, dejó su primera víctima.

Se trata de un usuario que, según reportes franceses citados por TorrentFreak, “compartió uno o dos archivos” y no respondió a los avisos previos enviados por las autoridades. Una corte de Saint-Denis, a las afueras de París, emitió la orden de desconexión por 15 días y una multa de 600 euros para el supuesto infractor, quien tiene 10 días para recurrir la decisión.

La ley francesa prevé que la ISP que ejecuta el castigo debe garantizar que los servicios en línea del usuario, como su correo electrónico, sigan funcionando. Además, si tiene contratado un paquete que incluye TV y teléfono fijo, estos no deberán ser cortados.

La multa fue impuesta pocos días después de que el Gobierno francés se comprometiera a anular la iniciativa. El ministro francés de Cultura, Aurélie Fillippetti, dijo a finales de mayo que la ley sería invalidada “en el próximo mes“.

Es que Hadopi fue un fracaso. Desde hace dos años, las autoridades encargadas del sistema habían advertido que el proceso era lento, “rústico y poco automatizado”. Al final, le costó millones de euros al fisco francés, a cambio –según ZDNet– de dos multas: esta y otra por 150 euros. Según TorrentFreak, la ley causó la migración de los piratas franceses a otros servicios no vigilados por el sistema Hadopi –que se concentraba en el intercambio de archivos a través de torrents–, como los cyberlockers y las descargas directas. De hecho, un reporte mostró que su aplicación no sirvió para parar el declive de las ventas de la industria musical de ese país.

Sin embargo, el gobierno francés comenzará a probar con una nuevo sistema de sanciones antipiratería, parecido al de las infracciones de tránsito. Quienes compartan archivos serán sancionados con multas emitidas automáticamente, que comienzan por 60 euros pero aumentan si se trata de infractores reincidentes.

Habrá debate: la Ley de Derechos de Autor no estará cerrada a discusiones de parte del Gobierno. Al menos, eso es lo que prometió el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo hace pocos días. Primero lo hizo en una comunicación al colectivo RedPaTodos, y luego en una declaración del ministro Sergio Díaz-Granados a ENTER.CO. El ministro fue quien presentó al Congreso el Proyecto de Ley 306 de 2012, que reedita la ‘Ley Lleras 2’.

“El Gobierno ha estado y sigue abierto a recibir y analizar los comentarios y propuestas de la sociedad civil“, nos dijo Díaz-Granados a través de correo electrónico, y añadió que “todos los comentarios que se reciban serán evaluados“. El Ministerio, por su parte, aseguró que “acordamos abrir un espacio de diálogo en mesas de trabajo para recibir y analizar las propuestas, comentarios y observaciones” de la ciudadanía en el proceso.

Las reacciones comenzaron luego de una reunión que sostuvo RedPaTodos con funcionarios del Ministerio. Un detalle curioso: mientras que el colectivo asegura que la invitación vino directamente del Ministro a través de Twitter, él nos dijo que la iniciativa se originó en RedPaTodos. Además, a pesar de que el grupo da por sentado que habrá diálogo, el Ministro dice que “se considerará la convocatoria” a la sociedad civil, lo que indica que aun no es un hecho.

Pero eso no es lo importante; lo fundamental es que hay –o está cerca de haber– un compromiso para dialogar e intentar construir una mejor ley que busca, por cuarta vez, la aprobación del Congreso. ¿De qué tratará el debate? ¿Cuáles son los temas que se tocarán en él? ¿En qué cosas puede mejorar la Ley?

La agenda del debate

El nuevo proyecto de ley de Derechos de Autor en internet tiene algunas sutiles diferencias con respecto a la Ley 1520 de 2012, que se cayó por vicios de forma a comienzos de este año.

En primer lugar, el Proyecto de Ley 306 elimina las disposiciones sobre la llamada cuota de pantalla –la proporción mínima de programación nacional que los canales de televisión colombianos debían programar– que estaban incluidas en la Ley 1520. En el, la proporción se reducía del 50% al 30% la cuota nacional necesaria durante los fines de semana. Esa legislación ya fue incluida en una iniciativa anterior que presentó el Gobierno al Congreso: el Proyecto de Ley 226 de 2013.

Otra novedad de este proyecto consiste en que busca reglamentar las indemnizaciones que podría pedir un titular de derechos de autor si se comprueba que alguien pirateó sus contenidos.

Las mayores preocupaciones ya estaban en la derogada Ley 1520. La mayoría de las críticas apuntan a que debilita las excepciones y limitaciones a los derechos de autor. Estas excepciones y limitaciones son los casos en los que, según la legislación, está permitido usar un contenido sin permiso del autor, como la copia privada o los usos para la educación.

Por lo general, estas actividades permitidas no tienen fines de lucro. El problema –según un documento publicado por el colectivo– es que este Proyecto de Ley define lucro de una manera innecesariamente cerrada, que “podría perjudicar actividades no comerciales y externas al mercado, que reportan un beneficio individual o colectivo”. El proyecto de Ley entiende ‘lucro’ como “ganancia o provecho que se saca de algo“; una definición de diccionario que no discrimina entre ganancias comerciales y no comerciales y, se teme, podría sustentar que no hubieran excepciones.

¿Por qué es importante que existan estas excepciones? El documento señala que  “son fundamentales para conciliar los intereses protegidos por los derechos de autor con los colectivos e individuales” y hacen posibles “la ampliación del acceso del conocimiento y la estimulación de la creación”. Sin excepciones no sería posible emitir documentales en colegios, ni hacer respaldos personales de contenidos protegidos, ni hacer remezclas y parodias. Sin ellas, la libertad de expresión podría estar en serio peligro.

Además, RedPaTodos considera que el proyecto de ley también restringe el alcance de estas excepciones. Según el documento, el Proyecto de Ley no tiene en cuenta ni la introducción de cláusulas de uso justo (que sí tiene EE. UU.), ni evalúa si los usos no permitidos son lucrativos o comerciales, si son de una pequeña parte con respecto al todo de la obra y ni si amenazan el mercado real o potencial de la obra.

Otro tema sensible es la prohibición de retransmitir señales televisivas sin permiso del dueño de los derechos “no obstante las limitaciones y excepciones al derecho de autor“. La crítica apuntaba entonces a que no había claridad sobre si estaban o no prohibidos usos que se reconocen como legítimos, como la educación, la construcción de memoria o la difusión cultural.

En el texto de la demanda del senador Jorge Enrique Robledo a la Ley 1520 (PDF), se afirma que ese artículo vulnera “el derecho fundamental de los colombianos al acceso a la información“, pues encarece el acceso a “los bienes que nos permiten acceder a más información y conocimientos” y “evita que la información llegue a más capas sociales“.

En el documento, RedPaTodos señala que pasar por encima de las excepciones y limitaciones “va en contravía del ordenamiento colombiano”. Además, añade que en Estados Unidos “no hay ese tipo de inmunidades para el derecho de autor, porque precisamente serían consideradas inconstitucionales”.

El ministro TIC, Diego Molano, nos había asegurado en su momento que las excepciones al derecho de autor consagradas en otras leyes seguirían vigentes. La Corte Constitucional no se pronunció de fondo sobre el argumento de Robledo.

No se discutirá pronto

Es posible que el debate de este Proyecto de Ley tome algún tiempo. Según la página web de la Cámara de Representantes, aun no tiene un representante ponente, ni una fecha para su primer debate en la comisión correspondiente. Si este no ocurre antes del 20 de junio, el proyecto quedará automáticamente aplazado para la próxima legislatura.

De ocurrir, el Gobierno y la sociedad civil ganarían tiempo para hacer una ley que, como dice el Ministerio,”responda a las necesidades concretas del país“ y sea más que un texto escrito a las carreras.

La ‘Ley Lleras’ vuelve al ring. Luego de que el Congreso decidiera archivar la primera versión, y de que la Corte Constitucional tumbara la Ley 1520 de 2012 (PDF) –que fue bautizada por los internautas como ‘Ley Lleras 2’ o ‘Ley del TLC’– por vicios en su trámite, el Gobierno la puso de nuevo en la agenda del Congreso. Primero por medio del Proyecto de Ley 226 de 2013, que propone de nuevo lo que la ‘Ley Lleras 2’ decretaba sobre las señales de televisión. Y luego con otro proyecto de ley presentado este viernes, que busca que se apruebe el resto del paquete.

Desde la caída de la ‘Ley Lleras 2’, el Gobierno había guardado silencio sobre el tema. Como le dijo el ministro TIC, Diego Molano Vega, a ENTER.CO, era probable que se presentara “el mismo texto” de la derogada Ley, pero eso no se supo a ciencia cierta hasta que se conoció la nueva iniciativa. ENTER.CO no obtuvo respuestas a varios requerimientos de información que hizo a diferentes entidades del Gobierno en el último mes, y luego fuimos informados de que no había posición oficial sobre el tema.

Con el nuevo Proyecto de Ley, el Gobierno finalmente destapó sus cartas y comenzó un nuevo round de su pulso con los activistas de internet.

Activistas piden más debate

Mientras el gobierno callaba, los activistas, los académicos y los internautas ya se estaban moviendo. Su objetivo era evitar que les volvieran a pasar por encima. Decían que el Gobierno tenía en sus manos la oportunidad de evitar los errores del pasado y redactar una buena ley: una iniciativa consensuada, dialogada, que fuera producto de un proceso serio y no del afán de cumplir.

La primera ‘Ley Lleras’ tuvo mucha discusión pública, y gracias a los problemas que salieron a la luz en ese debate el Congreso decidió archivarla. Pero –como recordó el abogado, periodista e investigador Carlos Cortés Castillo– en la segunda Ley “el debate estuvo descartado de plano“. Fue aprobada a las carreras por un Legislativo cuya verdadera preocupación era hacer la tarea para que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, firmara el TLC en su entonces próxima visita a Cartagena.

Lo que esperaban los activistas era que el Gobierno aprovechara la derogación de esa Ley para llevar a cabo la discusión pendiente. “La nueva Ley no puede salir del bolsillo del ministro sin que haya una discusión previa. El Gobierno debería aprovechar el debate para enriquecer el proyecto de ley“, afirma el abogado Lorenzo Villegas, que se ha opuesto en varios escenarios a los proyectos de ley presentados por el Gobierno.

En opinión de Carolina Botero, directora de la Fundación Karisma y la más reconocida vocera de la sociedad civil en estas discusiones, el Gobierno no tiene voluntad de hablar con la sociedad civil sobre este tema. “La posición sigue siendo que el Gobierno sabe lo que nos conviene, se lo presenta al Congreso y confía en su ‘unidad nacional’ para que pase. No se resigna a un proceso abierto con la sociedad“, dice.

Incluso los representantes de la industria musical están de acuerdo con que hay que dialogar más: “Me gustaría ver sistemas adaptados a las realidades de cada país“, dice Gustavo Palacio, director ejecutivo de APDIF Colombia, el gremio de los productores fonográficos. “Lo que quisiéramos –añade– es una discusión franca y abierta, que construyamos un sistema real”.

Si hay alguien interesado en que haya una reglamentación efectiva de los derechos de autor es, precisamente, el gremio de los dueños de esos derechos. La intención de las discográficas, como dice Palacio, es llegar a “mecanismos que permitan acceder a los contenidos, y que la gente se acostumbre a acceder a los contenidos en un entorno de legalidad“. Lo que quieren no es, asegura, enviar a la cárcel a los internautas: “La posición de la industria no es ir detrás de personas que descargan música”.

Pero el Gobierno prefirió el silencio. El diálogo ya no ocurrió, y los malentendidos siguen en el aire. El espacio que les queda a los colombianos para debatir el tema es el Congreso de la República, algo que no le gusta mucho a algunos activistas. “El proceso de participación ciudadana en el Congreso es todo menos amable con ciudadanos“, dice Botero.

El argumento que suele esgrimir el Gobierno para negar que estas leyes fueron presentadas a espaldas de la ciudadanía consiste en que su contenido fue discutido ampliamente cuando se redactó y se negoció el TLC, entre 2000 y 2007. “Este no es un tema que haya sido hecho a la ligera. Estas negociaciones duraron años, y fueron discutidas con el sector privado“, nos dijo el ministro TIC, Diego Molano, en ese momento.

Pero para Botero, desde 2007 han pasado cosas en el mundo TIC que hacen que sea necesario que el debate se actualice. “Es ridículo creer que debemos adoptar las medidas que en EE. UU. ya tienen 15 años. La propia registradora de derecho de autor de Estados Unidos dice que hay que reformar el derecho de autor“, afirma.

Lo que exige el TLC

Ninguna de las dos leyes ‘Lleras’ salió de una iniciativa propia del gobierno colombiano. Fueron producto de los compromisos que adquirió el país para poder firmar un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos. ¿Cuáles son esos compromisos?

El capítulo 16 del texto del tratado (PDF) compromete al país a hacer que sus leyes de propiedad intelectual sean compatibles con las estadounidenses. Para ello, nuestra legislación debe tener varios instrumentos que hoy no tiene. Uno de ellos es lo que se conoce como “limitaciones a la responsabilidad de los proveedores de servicios“. La ‘Ley Lleras’ original tenía el objetivo de incluirlo en las leyes colombianas.

Estas limitaciones buscan que un prestador de servicios digitales (es decir, alguien que enlace, almacene o distribuya contenidos digitales) quede eximido de cualquier responsabilidad civil o penal por piratería si desactiva el acceso a ese contenido siempre que el dueño de los derechos se lo pida.

En Estados Unidos, la ley de derechos de autor en internet, conocida como DMCA (Digital Millenium Copyright Act), establece un procedimiento similar. Por ejemplo: si una disquera descubre que un video de YouTube reproduce sin autorización una canción de cualquier artista representado por ella, se comunica con Google pidiéndole que ‘dé de baja’ ese video. Google podría no hacerlo, pero en ese caso se expondría a ser responsabilizado por piratería. La empresa prefiere jugar seguro, y por eso el resultado suele ser que el video es bloqueado de YouTube.

Otra obligación que se impone en el TLC es la de prohibir “la retransmisión de señales de televisión (sean terrestres, por cable o por satélite) a través de Internet sin la autorización del titular o titulares del derecho del contenido de la señal“. La ‘Ley Lleras 2’, tanto en su primera como en su segunda versión, copian esa prohibición palabra por palabra.

¿Es copiar la legislación estadounidense una buena idea?

En su momento, el ministro TIC, Diego Molano Vega, nos dijo que las dos leyes ‘Lleras’ ponen a Colombia “al mismo nivel de derechos que Estados Unidos”con respecto a las leyes de derechos de autor. Sin embargo, la opinión entre los opositores de la iniciativa es que ceñirse de forma cerrada a la legislación estadounidense no es ni una obligación ni una buena idea.

“El TLC no dice que Colombia deba copiar el DMCA“, dice Villegas. Para él, y para Botero, no es necesariamente cierto que el acuerdo suscrito entre Colombia y Estados Unidos llegue hasta ese punto.

“Nosotros no hemos dicho nunca que no se honren los compromisos adquiridos“, dice Botero. Sin embargo, añade, “el TLC no es una camisa de fuerza. Lo que dice es que debes usar camisa; pero el color, el tipo de manga, de cuello e incluso el material todavía está por decidirse“.

Incluso Palacio, representante de las discográficas, dice que copiar el sistema estadounidense no es obligación. “Nadie dice, ni la industria, que necesariamente tengamos que tener acá exactamente el sistema norteamericano“.

Los activistas han señalado que otros países que también tienen TLC han creado legislaciones que no son copias exactas de las leyes de Estados Unidos. “Los tratados de EE. UU. con Chile, con Europa o con Australia, tienen condiciones similares a las nuestras, pero los procedimientos en cada uno de esos países han sido diferentes“, asegura Botero.

El problema es que no conocemos el problema

El temor de los activistas es que el Gobierno y el Congreso estén creando leyes para solucionar un problema que no conocen bien, y que de hecho ni siquiera están seguros de que exista.

En el primer acto público a favor de la ‘Ley Lleras’, aparecieron varios trabajadores de las industrias culturales a intentar convencer al Congreso de que esa ley iba a salvar de las garras de la piratería al producto de su sufrido trabajo. Para conmover al auditorio, la productora de cine Paula Jaramillo comparó los cinco rollos de una de sus películas –que, asevera, le costó “ocho años de trabajo“– con la copia pirata que consiguió en un semáforo. “La piratería nos imposibilita la recuperación de la inversión en una producción de cine“, dijo.

Nadie estaba intentando penalizar esa clase de piratería. Eso ya era delito entonces, y sigue siéndolo hoy.

La ‘Ley Lleras 2’ también fue tramitada en medio de la falta de información de muchos de los actores de las dos partes del debate. Entre otras imprecisiones, el senador ponente de la Ley 1520, Carlos Ramiro Chavarro, confundió en una de sus intervenciones las protecciones anticopia DRM con los archivos PDF, seguramente con la idea de que los segundos no podían ser editados con un procesador de textos.

Por otra parte, muchos activistas también han cometido desatinos y ligerezas en sus declaraciones públicas: el que esa ley haya sido llamada tan prontamente ‘Ley Lleras 2’, cuando en lo fundamental era diferente de su antecesora, es una prueba de ello. Además, según Cortés, algunos detractores de la Ley se han equivocado al “dar una conversación demasiado sofisticada, que de pronto no sirve para el debate“.

Para Cortés, para crear un ambiente apto para la discusión hay que aclarar estos malentendidos y definir de qué se está hablando. La clave, según dice, es aclarar sobre qué –y sobre qué no– es lo que se pretende legislar. “Necesitamos volver al debate sobre qué es la piratería, cómo está el tema de la piratería en Colombia y qué relación tiene con el uso de Internet“, anota.

Cortes dice que los músicos y los directores de cine “tienen que perderle un poco el temor a inspeccionar ese paradigma que les vende el gobierno de que esta ley es para salvarles el empleo“. Mientras tanto los internautas, añade Cortés, deberían “dejar de pensar que esta ley es la que va a volver piratas y delincuentes a los usuarios de internet“.

Otro problema es que se desconoce el tamaño de la situación que se intenta atacar. Nadie sabe a ciencia cierta cuál es el tamaño de la piratería, ni la proporción que ocupa con respecto al mercado legal. A pesar de esto, hay algunas cifras que ayudan a perfilar el fenómeno:

• Business Software Alliance (BSA), el gremio de los creadores de programas informáticos, publicó un estudio el año pasado que dice que el 53% del software es pirata, y su valor comercial equivaldría a 295 millones de dólares.
• En una entrevista reciente con El Espectador, Juan Hardoy, director legal antipiratería de Microsoft para América Latina, dijo que la red es –por encima de las ventas callejeras– el espacio más ‘pirata’ en Colombia. “A través de internet se ejecutan el 45% de las acciones que tienen que ver con la piratería“, aseguró.
• MusicMetric, un servicio que mide la popularidad en internet de los músicos y rastrea la cantidad de descargas por BitTorrent, dice que en nuestro país hay 3.041.490 personas que bajan música a través de ese servicio.  

Ninguna de esas cifras fue mencionada en alguno de los debates, a pesar de que algunas ya estaban disponibles en ese momento. Y más allá de los números, nadie sabe quiénes son los piratas colombianos. Nadie conoce nada sobre su demografía, su educación, su nivel de ingresos o sus intereses. No se sabe bien si lo hacen para robar o para obtener contenidos que no están disponibles de otra manera.

Si eso no se sabe, no se puede avanzar en una solución. Las leyes ‘Lleras’ buscan ponerle talanqueras penales a la piratería; y sus promotores nunca se detuvieron a pensar si, como dicen algunos empresarios y académicos, lo que alimenta el fenómeno son las deficiencias del mercado.

Faltan más ’rounds’

Aunque el nuevo proyecto de ley hasta ahora comienza su camino, ese no es el único tema pendiente. El asunto más fuerte, que es la responsabilidad de las ISP y el procedimiento para el bloqueo de contenidos, sigue sin discutirse tras el hundimiento de la primera ‘Ley Lleras’.

El ministro Molano nos dijo el año pasado que ese debate se haría sobre la mesa: la discusión, aseguró, la “daremos abiertamente al país […] y le explicaremos a todo el mundo cuál es el alcance del TLC en esa materia“. De hacerlo, el Gobierno tendría la oportunidad de crear una mejor ley, y de pagar un menor costo político por ella. No es gratuito que, después de más dos años de haber radicado la primera iniciativa, hoy nada de esto esté vigente en nuestra legislación.

Mientras tanto, como dice Villegas, “la sociedad civil toma conciencia de su importancia en todo este tema“. Y a pesar de que ya le pasaron por encima dos veces, esa misma sociedad civil está esperando que el Gobierno cumpla esa promesa.

Actualización 5:45 p.m.: La Dirección Nacional de Derechos de Autor le confirmó a ENTER.CO que este fue el proyecto de Ley  radicado en el Congreso y firmado por el Ministro del Interior, Fernando Carrillo, y por el Ministerio de Comercio, Sergio Díaz Granados.

Su texto coincide plenamente con el que publicamos en esta misma nota esta mañana. En próximos días el Ministerio divulgará más información sobre la iniciativa.

Nota original:

Como ENTER.CO lo había anticipado, el Gobierno habría presentado de nuevo ante el Congreso de la República la ‘Ley Lleras 2’ o ‘Ley del TLC’. Se trataría de un nuevo proyecto de Ley, esta vez firmado por los ministros del Interior, Fernando Carrillo, y de Comercio, Sergio Díaz Granados, que fue revelado por varios grupos de activistas.

ENTER.CO se comunicó con el Ministerio de Comercio y con fuentes del Congreso de la República para verificar la veracidad del Proyecto de Ley. Cuando haya confirmación o desmentido actualizaremos esta nota.

El texto (PDF) básicamente transcribe el texto de la Ley que fue derogada por la Corte Constitucional, excepto el apartado relativo a las cuotas de pantalla, que ya había sido presentado anteriormente al Congreso por el Gobierno.

Desde ya se avecina una nueva batalla de opinión entre los activistas y defensores de internet con el Gobierno. Antes de la radicación de la Ley, grupos como Red Pa Todos estaban abogando por una oportunidad para discutir y negociar seriamente una legislación de derechos de autor en internet.

El Gobierno, hasta ahora, había guardado silencio sobre el tema: el Ministerio TIC le había dicho a ENTER.CO que no había posición oficial sobre el tema, y el Ministerio de Comercio no respondió una serie de preguntas que ENTER.CO le hizo llegar sobre la Ley. Hasta el momento, no hay comunicaciones oficiales ni boletines de prensa sobre este proyecto de ley.

Actualización: El colectivo RedPaTodos nos aclaró en un tuit que el texto no fue una filtración como publicamos en un principio, sino que fue rastreado y publicado este viernes por el servicio de información jurídica Articulo20.com.

Todas las citas de tecnología son, al final, citas con el futuro. En SXSW esto era celebrado deliberada y conscientemente. El tema era el mismo –explícita o implícitamente– en cada charla, en cada esquina del Centro de Convenciones de Austin, casi en cada asado con barra libre de los cientos que hubo en esa ciudad la semana pasada: ¿Para donde vamos? ¿Cuál es el futuro que la tecnología nos está ayudando a construir?

La siguiente es la lista de algunas de las respuestas más intrigantes que pudimos encontrar en el festival.

La revolución de la interacción hombre-máquina

La forma en la que interactuaremos con las máquinas está a punto de cambiar para siempre. El principal lazo que tienen casi todos los gadgets –menos Ouya, que de hecho propone regresar a un escenario de uso más tradicional– que vimos en SXSW es que buscan cambiar la relación entre las personas y el hardware+software.

Repasemos los gadgets que generaron noticias en el festival. Leap Motion está en camino de lograr que dejemos de necesitar gadgets como ratones o teclados para interactuar con los computadores, pues detecta el movimiento de los diez dedos de las dos manos. El proyecto a largo plazo de Oculus VR, creadora del Rift, es similar: desarrollar tecnología que permita no solo jugar, sino tener una experiencia completa –es decir, con los cinco sentidos– de inmersión en mundos virtuales sin que haya otro hardware, como un gamepad o un joystick, que medie en la experiencia. Google Glass quiere, por su parte, eliminar la noción de pantalla: su objetivo es integrar la información de Google Now y otras aplicaciones con la experiencia cotidiana del usuario.

¿Qué tienen en común? Que su objetivo es ‘humanizar’ la tecnología: hacer que las personas no tengamos que adaptarnos a ella, sino que ella se adapte a nuestra anatomía, nuestra psicología y nuestra forma de hacer cosas. El mantra podría ser este –cortesía de Michael Buckwald, cofundador de Leap Motion–: “La gente no va a aprender otro lenguaje para usar un computador“.

Cabe notar que casi todos estos desarrollos de hardware están siendo inventados por ‘outsiders’ y financiados con ayuda de las masas. Con la notable excepción de Google Glass, la historia de los gadgets que más futuro tienen hoy es la misma: un don nadie, que no está afiliado con ninguna corporación y solo cuenta con mucho conocimiento técnico, decide que al mundo le hace falta un gadget revolucionario y que es posible construirlo. Para eso arma un equipo, crea una empresa, acude a Kickstarter o al capital de riesgo y consigue millones de dólares para convertir su idea en un producto.

Podríamos hablar de una primera generación de gadgets independientes que cumplen a grandes rasgos con este libreto y que están en etapas similares de desarrollo de producto: tanto Oculus Rift, como Ouya y Leap Motion, han transitado por todas esas etapas de forma más o menos simultánea; y hoy están solucionando la pesadilla logística de despachar millones de unidades para salir finalmente al mercado en los próximos meses.

Esto es posible gracias a que la capacidad de procesamiento, el tamaño y el costo ya no son temas críticos, pues todo eso quedó solucionado con la revolución móvil: la demanda global por smartphones y tabletas creó una demanda global por componentes superpoderosos y muy pequeños, lo que los hizo muy baratos.

Para que este proyecto culmine aun faltan varias cosas, y existe la posibilidad de que uno o varios de estos gadgets se queden a medio camino. Pero si eso ocurriera no sería por culpa del hardware. Todos estos proyectos dependen de que los desarrolladores los adopten, los comprendan y creen cosas atractivas para ellos. Los ‘fierros’ ya hicieron sus jugadas; la pelota está –de nuevo– en el lado del software.

El contenido social domina y dominará internet

Por si alguien aun no se había dado cuenta, SXSW dejó clarísimo que el márketing y las redes sociales están en medio de un feliz matrimonio. Los usuarios tienen una relación mucho más personal con la red 2.0 que la que tienen con la TV, la radio o incluso la web tradicional; la usan en espacios mucho más privados y les genera mucho mayor confianza que esos otros medios.

Además, pudimos ver que ‘big data’ se metió a este campo. Se ha avanzado mucho en el último año en medir la respuesta de los usuarios y la efectividad de las campañas en redes sociales, lo que permite todo tipo de análisis, comparaciones y modelos predictivos. De hecho, parece que esa es la próxima ‘mina de oro’ –o de humo, probablemente– del mundo digital: si uno le preguntaba  a qué se dedicaba al que se sentaba al lado en una conferencia, o al que estaba delante de la fila en la puerta de un bar, lo mas probable es que respondiera que a las “social analytics” (métricas sociales).

Ambas cosas configuran el escenario soñado de cualquier ‘marketero’. Un lugar al que los consumidores acuden desprevenidos, al que les gusta asistir y en el que pasan cada vez más tiempo, que no riñe con otros espacios de consumo de contenidos –la gente ama tuitear mientras lee noticias o ve televisión por la noche–, y que además es medible y verificable completamente y al segundo. Eso augura un largo matrimonio entre el mercadeo y las redes sociales; es que están hechos el uno para las otras.

Los memes y los GIF, las otras grandes monedas de cambio de la web social, también estuvieron presentes en el festival. Uno de los páneles más populares discutió el resurgimiento de los GIF gracias a una combinación de accidente y ‘cancha’ en internet, y quizás el personaje del festival fue el gato gruñón (‘grumpy cat’), protagonista del meme del mismo nombre: Mashable lo trajo y lo puso en una carpa para que la gente se tomara fotos con él. La fila le daba la vuelta a la manzana dos veces (por eso no lo pude ver).

Quizás el próximo año tengamos que decir que ‘los memes y los GIF son tan de 2013…’, pero seguro serán reemplazados por otra moda que se difunda de la misma manera: por medio de links e imágenes que viajan a través de Twitter y Facebook.

Las peleas de siempre seguirán estando ahí

Lástima que no todo tienda a mejorar. La exhibición de varias películas sobre el tema de la piratería y los derechos de autor puso sobre la mesa la vieja pelea entre internet y la industria de contenidos. A pesar de toda el agua que ha pasado debajo del puente desde el cierre de Napster en 2002, no hay mucho entusiasmo por parte de quienes están en la primera línea en el ejército de la red.

“Si los músicos tienen que seguir firmando contratos, estamos jodidos“. “La industria [del cine] no ha aprendido nada“. “Hasta ahora estamos llegando a un modelo económico que sustente y haga posible” un modelo como el de Napster. “La industria ‘mainstream’ de medios no le da a nuestra generación una manera de consumir las películas de la forma en la que queremos consumirlas“. No son arengas de tuiteros enfadados, ni extractos de algún video de Anonymous. Son todas ellas palabras de jugadores muy importantes, como activistas de primer nivel, realizadores de cine o incluso empresarios que hoy están en el negocio de la música en línea.

La otra bandera roja que algunos levantaron en SXSW fue la de la privacidad en internet, que  –según dicen– está en riesgo hoy más que nunca. Alan Gardner, fundador de una pequeña compañía llamada Behavio, nos hizo caer en cuenta de que los sensores de los celulares pueden obtener más de 20 tipos de datos diferentes sobre nosotros: desde nuestra ubicación y movimientos (con GPS) hasta la temperatura (sí, algunos smartphones tienen termómetros) y el ruido del ambiente (con el micrófono), pasando por las personas que están nuestro alrededor (por medio de Bluetooth). Pueden dar pistas sobre –por ejemplo– qué lugares visitan los usuarios, qué actividades está haciendo y con quiénes están a su alrededor.

Gardner dice que, antes de salir al mercado, la herramienta de Behavio fue usada como una herramienta de investigación para averiguar cómo las personas de una comunidad construían y mantenían relaciones entre sí: con la información del teléfono era posible saber dónde estaban, qué hacían y con quién se reunían las personas que estaban siendo estudiadas. También añade que Behavio “no arroja ningún dato legible para los seres humanos“; pero eso no minimiza el potencial que tiene esta herramienta para monitorear a los usuarios incluso cuando no quieren ser observados: las cifras siempre se pueden traducir.

Ese es el temor que comparten otros activistas que pudimos escuchar en SXSW. Harlo Holmes trabaja en Guardian Project, un proyecto que busca analizar qué tanto respetan la privacidad de sus usuarios las apps de comunicación más populares, y estuvo en un panel. Holmes dice que todos estos servicios aprovechan esa posibilidad técnica para vender publicidad. “Ellos saben exactamente lo que quiero“, y –según afirma– eso nos pone en riesgo frente a posibles interesados en espiarnos, como autoridades abusivas o empleadores mal intencionados.

“Pueden pasar cosas malas: los servicios pueden darle permiso a alguien de acceder a la puerta de atrás, lo que equivale a ponerle toda nuestra información en sus manos“, aseguró. Además, parece que todos los jugadores del ecosistema digital están recopilando nuestros datos, aun cuando no tendrían una razón aparente para hacerlo. “¿Por qué Angry Birds quiere tener acceso a mi libreta telefónica?“, preguntó.

Los dejamos con una galería para revivir tantos buenos momentos.

Un documento de la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI, por sus siglas en inglés), publicado accidentalmente y revelado por TorrentFreak, muestra que la estrategia de la industria musical para luchar contra la piratería es una combinación de medidas restrictivas para controlar la actividad de los usuarios de Internet, movimientos legales y acuerdos con otros actores.

En el mundo ideal de las fonográficas, las ISP no les prestan el servicio de acceso a Internet a usuarios que no están plenamente identificados. Esto haría posible que las medidas legales contra los usuarios que suben o descargan contenidos protegidos por derechos de autor fueran más efectivas, pues los infractores estarían plenamente identificados ante los tribunales.

Además, la industria también quiere que los proveedores “implementen un sistema de respuesta gradual para los usuarios de P2P infractores, que incluyan desde advertencias hasta sanciones disuasivas efectivas,” y también que bloqueen el acceso a cyberlockers y otros sitios y servicios que den acceso a material pirata, incluso cuando estos estén alojados por fuera de la jurisdicción en la que opere la ISP.

Sobre los cyberlockers, la IFPI quiere que no solo cumplan con su obligación legal de retirar los contenidos que los dueños de los derechos les pidan retirar, sino también que implementen “filtros proactivos para contenidos infractores“. De no ceñirse a estos lineamientos, de acuerdo con el informe estos sitios deberían ser cerrados.

Según el documento, otra “amenaza” son los sitios que se lucran con los archivos piratas, bien sea por publicidad o cobrándoles a los usuarios. En el primer caso, la estrategia de la IFPI es adelantar estrategias con los proveedores de avisos y las redes de anunciantes para que bloqueen las páginas infractoras, y en el segundo lo que desearían hacer las disqueras es “estrangular las finanzas de los sitios con ayuda de los procesadores de pagos“, para lo cual –dice el informe– ya se trabaja en acuerdos con firmas como Visa o MasterCard.

A la IFPI también le preocupan las aplicaciones móviles que –según afirma– podrían servir como plataformas de piratería. Para atacarlas, buscaría lograr acuerdos rápidos con los dueños de los ecosistemas (Apple, Google, Nokia, Microsoft, etc.) que les permitan dar de baja las apps que, a su juicio, se presten para violaciones del copyright.

Este documento no es más que una hoja de ruta para el lobby y los esfuerzos regulatorios que impulsa y apoya la industria musical. Sin embargo, es revelador porque, al ser privado, no está obligado a ser ‘políticamente correcto’ y muestra lo lejos que están dispuestas a llegar las disqueras –y, presumiblemente, otros gremios de productores y dueños de contenidos protegidos– para satisfacer sus intereses, incluso en ocasiones por encima de algunos derechos de los internautas (como en el caso del empadronamiento de los usuarios de las ISP).

Que estas medidas se vuelvan realidad depende de los gobiernos y los sistemas legislativos. Y aunque algunos de ellos han mostrado capacidad de resistir el lobby de la industria o al menos de escuchar a las demás partes antes de tomar cualquier decisión, la agresividad de estas medidas es una nueva alerta para evitar que el pretexto de atacar la piratería sirva para lesionar a los ciudadanos.

Por Carlos Cortés Castillo*.

El pasado jueves fue un buen día para Internet. El Acuerdo Comercial Antifalsificación (ACTA, por su nombre en inglés) quedó a punto de hundirse en el Parlamento Europeo. Un escenario que nadie habría soñado en enero. Sí, fue un buena día, pero un día breve. En la batalla por restringir y controlar el uso de contenidos en línea, los gobiernos y la industria del entretenimiento nos llevan una ventaja larga.

En términos generales, el tratado ACTA comparte el mismo objetivo de iniciativas como SOPA, en Estados Unidos, o la ‘Ley Lleras’ (versión 2011), en Colombia: combatir las supuestas violaciones de derechos de autor en Internet por parte de personas como usted o yo.

Para hacerlo, ACTA busca que los intermediarios –Telmex, Facebook o Google, por ejemplo– trabajen de la mano con los dueños de los derechos de autor –Sony, EMI, Universal–. Una colaboración que implica revelar datos de los usuarios, bajar contenidos, cortar conexiones e, incluso, imponer sanciones económicas. Mecanismos que se aplican indiscriminadamente y sin instancias previas de defensa.

Digo que es un triunfo breve porque la inminente caída de ACTA no cambiará, en esencia, lo que ya existe en varios países: Estados Unidos, Francia y España, entre otros, cuentan con normas que permiten hacer básicamente lo mismo. Y no se olviden de que en Colombia el gobierno regresará en cualquier momento con el virus de la ‘Ley Lleras’.

La noticia de ACTA es importante, sobre todo, por la manera como se está hundiendo. Y tal vez ese antecedente –el cómo, más que el qué– sea lo más importante:

• Abrieron el cuarto oscuro. Los delegados de varios países y el lobby de la industria del entretenimiento negociaron ACTA de manera silenciosa y de espaldas a la gente. Nada de esto es nuevo. Lo que sí es nuevo es que la luz alcanzó a prenderse antes de que todos firmaran. Cada vez será más difícil obviar el debate público.
• La sociedad civil se pone al día. La propiedad intelectual siempre ha sido un área vetada para el ciudadano común y corriente (para todo el mundo, realmente). Es un debate técnico y largo. Pero el cabildeo de la sociedad civil en contra de ACTA (o SOPA) demuestra que la gente está empezando a entender el tema, al menos lo suficiente para dar la pelea.
• Podemos revisar el sistema. El marco de protección de los derechos de autor se remonta a la Convención de Berna de 1886. Después de eso vienen convenciones, tratados, leyes y miles y miles de abogados. Pensar que este sistema se puede revisar y adaptar a nuestro entorno digital –para potenciar el uso de la información, la interconexión y la innovación– parece imposible. Por eso es tan importante que la Unión Europea se niegue a incorporar un tratado ya firmado. Puede ser la cuota inicial. Tal vez quiere decir que este carro sí tiene reversa.

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* Carlos Cortés Castillo es abogado y periodista, investigador del Centro de Estudios en Libertad de Expresión de la Universidad de Palermo (Argentina) y estudiante de maestría en Gobernanza de Medios de Comunicación en el London School of Economics. Fue director ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) en Colombia. Tiene un blog en La Silla Vacía y en Twitter lo encuentran como @CCortesC.

Mientras en estas latitudes las decisiones sobre los derechos de autor en Internet se toman en unas pocas semanas, en Dinamarca la discusión tomó varios años. El resultado final, que se conoció este miércoles, fue contundente: no combatir a la piratería con garrote, sino con zanahoria.

El Ministerio de Cultura de ese país anunció que su lucha contra la piratería no se basará en el cuestionado modelo de los tres ‘strikes’, en el que una persona queda ‘desterrada’ de Internet luego de que las autoridades la descubran descargando contenidos piratas por tercera vez. En contraste, según informa TorrentFreak, la estrategia consistirá mayoritariamente en fortalecer la creación de modelos de negocio alternativos y legales y en educar acerca de los problemas que causa la piratería.

El llamado ‘Paquete Pirata’, como ha sido bautizado el conjunto de medidas en ese país, crea un espacio llamado ‘Foro de Innovación’, una plataforma para apoyar a quienes estén interesados en crear modelos de negocio innovadores que sustituyan la piratería. El Foro, según el gobierno danés, “ayudará a crear una base para la colaboración futura entre industrias (…) con el objetivo común de asegurar que los consumidores tengan un acceso libre y equitativo a tanto contenido creativo como sea posible”.

Además, también compromete a las ISP, a los dueños de los derechos de los contenidos, al gobierno y al Consejo del Consumidor de ese país a llevar a cabo una campaña para informar al público cuáles servicios son legales y cuáles no, así creando conciencia sobre el “significado y las consecuencias” de la piratería.

El paquete también determina el procedimiento para que los dueños de los derechos puedan pedir el bloqueo del acceso a un sitio ‘pirata’ en ese país –lo que quería reglamentar la primera ‘Ley Lleras’ en Colombia–: las empresas deben demandar a una ISP ante un juez, quien debe determinar si el sitio debe ser o no restringido. La ISP se compromete a no apelar la decisión y a comunicársela a las demás empresas proveedoras de Internet para que la ejecuten.

La decisión fue bien recibida entre los activistas daneses. “Las campañas antipiratería y las organizaciones de copyright no se salieron con la suya esta vez. Pienso que es una decisión valiente de los políticos”, le dijo a TorrentFreak Troels Møller, fundador de un centro de pensamiento sobre legislación de Internet llamado Bitbureauet. “Es buena idea concentrarse en la operación de servicios legales que aseguren que la gente querrá usarlos”, añadió.

¿Qué opinan de este modelo de lucha contra la piratería? ¿Qué lecciones podríamos aprender por estos lados? Esperamos sus comentarios.

Mientras los usuarios y las grandes empresas de Internet se movilizaban generando fuertes protestas en contra de la ley SOPA, lo que incluso provocó que el mismo Lamar Smith retirara el proyecto del Congreso hasta que haya un acuerdo más amplio sobre el tema, un acuerdo comercial que trata de poner límites a las vulneraciones de derechos de propiedad intelectual e industrial en todo el mundo estaba tomando ventaja en diferentes países.

Según han reportado varios medios, el ACTA (Anti Counterfeiting Trade Agreement, o Acuerdo comercial anti falsificación), podría resultar incluso peor que SOPA o PIPA, por lo que su aprobación por la Comisión Europea, que se llevó a cabo el pasado 26 de enero, ha generado una gran ola de protestas en la Red que se han materializado en varias ciudades alrededor del mundo.

A diferencia de SOPA que nació como un proyecto de ley de Estados Unidos, el ACTA es un tratado internacional por lo cual recae sobre cualquier contenido que se publique en Internet en cualquier país del mundo, por lo que es importante estar enterados de qué se trata ACTA y cuáles son los principales puntos que se deben tener en cuenta.

A continuación presentamos 5 pautas que deben saber sobre el tratado internacional que ha sido considerado como una amenaza para la libertad de expresión en internet.

¿Qué pretende ACTA?

Aunque las protestas de los usuarios de la Red lograron derrotar a SOPA, el tema de las leyes que pretenden proteger los derechos de autor no ha terminado. Según el texto del Acuerdo comercial anti falsificación su  principal objetivo enfrentar el problema de la infracción de los derechos de propiedad intelectual, incluidos los que se lleven a cabo en el entorno digital para combatir los altos niveles de piratería a nivel mundial.

Además, con la firma de este tratado, los países están de acuerdo para trabajar unos con otros sobre temas como la falsificación y el robo de derechos de autor. Sin embargo, pese a que los gobiernos de los países que se unieron al tratado aseguran que ACTA no pretende atacar a personas individuales, su privacidad o la propiedad de los individuos, siempre y cuando no se dediquen a comercializar a gran escala productos falsificados o pirateados, el acuerdo ya cuenta con varios detractores.

Sitios web como accessnow.org, aseguran que ACTA es una norma con una gran indefinición que podría “poner la libertad de expresión en manos de empresas privadas e impedir el uso del patrimonio cultural de la sociedad  por sobreproteger los derechos de propiedad intelectual”.

A través de una carta abierta el cofundador de Google, Sergey Brin; los cofundadores de Twitter, Jack Dorsey, Biz Stone y Evan Williams; David Filo y Jerry Yang, de Yahoo!; el fundador de eBay, Pierre Omidyar, y Jimmy Wales, de Wikipedia, entre otros, criticaron y protestaron en contra del proyecto de ley Stop Online Piracy Act (o SOPA, como es conocida por muchos), pues aseguran que esta ley “daría al gobierno estadounidense el poder de censurar Internet a través de procedimientos similares a los que utilizan China, Malasia o Irán”.

Hace algunos meses, se reveló que el gobierno de Estados Unidos contemplaba la idea de poder ‘apagar Internet’ de ser necesario, como lo hizo Egipto en su momento, y ahora este proyecto de Ley, presentado en el Congreso de Estados Unidos, pretende el cierre cualquier sitio web sospechoso de contener material que viole los derechos de autor en la Red.

Si el proyecto de ley SOPA es aprobado, sitios web como YouTube, Wikipedia y Google tendrían que entrar a responder por los contenidos que publican los usuarios, algo que, dado el volumen de contenido que surge cada segundo, sería prácticamente imposible de lograr.

Según los ejecutivos del Silicon Valley, que ya habían pagado un anuncio en noviembre en The New York Times contra SOPA, sus empresas tuvieron la oportunidad de fundarse bajo un ambiente regulador que promovía el sector empresarial, la innovación, la creación de contenido y la libre expresión en la Red.

“Le pedimos al Congreso que piense muy bien antes de cambiar la regulación en la que se basa Internet. No hay que negar a la próxima generación de empresarios y fundadores las mismas oportunidades que hemos tenido todos”, dijeron en su carta abierta.

Además, las empresas hacen referencia a las principales amenazas que traería la aprobación de la Ley:

• Exigir que los sitios web, como los que ellos fundaron, hagan un monitoreo de todo lo que los usuarios enlazan y descargan. Esto tendría un efecto negativo para la innovación.
• Negar a los propietarios de sitios web el derecho al libre proceso.
• Dar al gobierno de Estados Unidos el poder de censurar la Red, utilizando técnicas similares a las que se emplean en China, Malasia e Irán.
• Debilitar la seguridad en línea cambiando la estructura básica de Internet.

Esta posición de las grandes empresas de la Red se opone a la de las industrias de contenidos en Estados Unidos –en especial las del cine y la música– que están abiertamente a favor de SOPA e incluso, por medio de Creative America, coalición compuesta por los principales estudios de Hollywood, ha promovido la aprobación de la Ley por medio de cartas y ‘lobby’ al Congreso.

Incluso se ha revelado que la coalición ha llegado a coaccionar a las empresas de Internet. A través de un correo electrónico, Creative America amenazó a los gigantes de Internet asegurando que si no están a favor de evitar el robo de contenidos en la Red, es posible que ellos decidan suspender los negocios que están sosteniendo.

“Si la tendencia actual continúa, es necesario decir que esta amenaza (contra el negocio) podría afectar negativamente nuestra relación comercial con ustedes”, aseguró la coalición.

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