El nombre del talio volvió a aparecer en la agenda pública tras la captura en el Reino Unido de Zulma Guzmán Castro, empresaria colombiana acusada del homicidio de dos menores de edad que habrían consumido frambuesas contaminadas con esta sustancia. La mujer fue detenida luego de un presunto intento de suicidio y rescatada del río Támesis, según informaron medios británicos. Más allá del proceso judicial, el caso dejó una pregunta incómoda: ¿cómo un veneno prohibido sigue estando al alcance de usos criminales?
El talio no es un compuesto nuevo ni misterioso. Fue utilizado durante décadas en la industria y como rodenticida, hasta que su alta toxicidad obligó a retirarlo del mercado. Sin embargo, su historia revela un problema que sigue vigente: el acceso indirecto a sustancias peligrosas y la dificultad de rastrear su circulación. Para entender ese vacío, hablamos con José Julián López Gutiérrez, químico farmacéutico, doctor en Ciencias Farmacéuticas y miembro de la Comisión Revisora de Medicamentos del Invima.
El talio es considerado uno de los venenos más difíciles de detectar porque combina tres características clave: es soluble en agua, no altera el sabor ni el olor de los alimentos y resulta letal en dosis muy pequeñas. Esa combinación lo convierte en un compuesto particularmente peligroso cuando se usa de forma intencional. No requiere grandes cantidades ni deja señales evidentes en el momento de la ingesta, lo que retrasa el diagnóstico y el tratamiento.
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Aunque su uso está prohibido, el problema no se limita a esta sustancia específica. Existen otros compuestos con propiedades similares que siguen circulando legalmente porque tienen aplicaciones industriales, domésticas o comerciales. Muchos se venden fuera del circuito farmacéutico, en ferreterías o centros de insumos químicos, espacios que no siempre están bajo vigilancia directa de las autoridades sanitarias.
Desde el punto de vista normativo, Colombia no carece de leyes. El país ha desarrollado un marco regulatorio amplio para controlar sustancias peligrosas. El verdadero desafío está en la trazabilidad. Saber quién compra un químico, con qué propósito y dónde termina su uso es una tarea compleja en un mercado fragmentado, con pocos inspectores y alta rotación de establecimientos.
Prohibir más productos no es, necesariamente, la solución. La experiencia demuestra que la prohibición absoluta suele empujar estos compuestos hacia canales informales, donde el control es aún menor. El resultado suele ser el contrario al esperado: menos vigilancia y más riesgo. Por eso, el debate se ha desplazado hacia la necesidad de sistemas de seguimiento más robustos y mecanismos que permitan identificar el recorrido real de una sustancia desde su venta hasta su uso final.
En el ámbito científico, los estudios sobre toxicidad continúan, pero con límites claros. No se realizan pruebas en seres humanos por razones éticas. Hoy se recurre a modelos en tejidos, animales de laboratorio y, cada vez más, a simulaciones computacionales y herramientas de inteligencia artificial que permiten anticipar el impacto de un compuesto antes de su comercialización.
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Para López Gutiérrez, el mensaje de fondo va más allá del caso puntual. La química ha sido uno de los motores del progreso humano: ha permitido desarrollar medicamentos, materiales y tecnologías que salvan vidas. Pero ese mismo conocimiento puede causar daños irreversibles si se usa sin responsabilidad. La diferencia entre avance científico y tragedia no está en la sustancia, sino en el uso que se hace de ella.
El caso del talio no solo interpela a la justicia. También deja en evidencia una deuda pendiente: mejorar la capacidad del Estado y del mercado para seguir el rastro de aquello que, en las manos equivocadas, puede convertirse en un arma silenciosa.
Imagen: jarmoluk
