La confrontación entre Telecall y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) se ha convertido en un caso que trasciende lo contractual. El operador brasileño acusa al Gobierno de actuar de manera “ilegal” y advierte que la negativa de la cartera a recibir su pago inicial de más de 318 mil millones de pesos no solo vulnera la ley, sino que expone a la Nación a un grave detrimento patrimonial y envía un mensaje de inseguridad jurídica al mercado internacional.
El conflicto comenzó cuando el ministerio rechazó el primer pago pactado en la subasta 5G, argumentando un incumplimiento por parte de Telecall. La compañía sostiene que esa decisión es jurídicamente improcedente porque el MinTIC aplicó un procedimiento administrativo que no corresponde al régimen sancionatorio especial previsto en la Ley 1341 de 2009. Este error, según la defensa de la empresa, desencadenó una cadena de irregularidades: negar el pago, intentar cancelar el permiso de uso del espectro y amenazar con ejecutar la póliza de seriedad sin que exista un fallo sancionatorio firme.
El argumento de Telecall está respaldado en un concepto del exmagistrado del Consejo de Estado, Jaime Orlando Santofimio Gamboa. El jurista concluye que la ley establece sanciones económicas para pagos extemporáneos, pero nunca la pérdida de la licencia de espectro, y asegura que el ministerio incluso citó normas derogadas y referencias jurisprudenciales falsas. Para la empresa, el problema no radica en su capacidad de pago, sino en la decisión unilateral del Estado de desconocer sus propios marcos legales.
La compañía insiste en que su voluntad ha sido cumplir con todas sus obligaciones y que sus compromisos con la conectividad rural y el despliegue de la red 5G siguen en firme. “Lo único que pedimos es seguridad jurídica y respeto por las reglas que el propio Estado fijó”, señaló un portavoz de Telecall, recordando que los recursos ya están disponibles y que su inversión está pensada para beneficiar al país.
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El trasfondo de este choque no es solo técnico, también es político y económico. Si se confirma que la negativa del MinTIC bloqueó el ingreso de más de 318 mil millones a las arcas públicas, la controversia se convertiría en un problema mayor para el Gobierno, que enfrenta necesidades urgentes de financiación para proyectos sociales y de infraestructura digital.
Más allá de los números, la discusión abre un debate sobre la seguridad jurídica en Colombia. Un operador extranjero que denuncia que el propio Estado desconoce la ley pone en entredicho la estabilidad regulatoria de un sector estratégico para la competitividad y la innovación. El abogado de Telecall advierte que decisiones como esta deterioran la confianza de los inversionistas y afectan la imagen del país en futuros procesos de licitación.
El MinTIC, por su parte, ha manifestado que revisa opciones para recibir el pago sin violar la ley, pero hasta ahora no ha rectificado su decisión inicial. Mientras tanto, Telecall mantiene su defensa con un mensaje insistente: no fue la empresa la que incumplió, sino el Estado. El desenlace de este pulso no solo definirá el futuro de un operador en el mercado, también marcará un precedente para el desarrollo de la tecnología 5G en Colombia y para la credibilidad institucional del país frente al mundo
