Durante años, el debate sobre el salario mínimo en América Latina ha estado marcado por una advertencia recurrente: aumentarlo con fuerza genera inflación. Sin embargo, un análisis comparativo de varios gobiernos de izquierda en la región —difundido por Juan Pablo Calvás, periodista de La W— muestra que esa relación no es automática ni lineal. En países como Brasil, México, Bolivia, Ecuador y Argentina, los incrementos significativos del salario mínimo convivieron, en muchos casos, con inflaciones moderadas o controladas.
Los datos revisados abarcan más de dos décadas y distintos contextos económicos. En Brasil, por ejemplo, durante los primeros años del gobierno de Lula da Silva, el salario mínimo creció 20 % en 2003, mientras la inflación cerró en 9,3 %. En los años siguientes, los ajustes continuaron por encima del IPC en varios periodos, sin que se produjera un desborde inflacionario estructural. Entre 2006 y 2013, hubo aumentos salariales de dos dígitos con inflaciones anuales cercanas o incluso inferiores al 6 %.
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Bolivia ofrece otro caso ilustrativo. Durante el gobierno de Evo Morales, el salario mínimo tuvo alzas del 20 % en 2011 y 2013. En ambos años, la inflación se ubicó en 6,9 % y 6,5 %, respectivamente. En otros periodos, incluso con incrementos salariales relevantes, el país registró inflaciones por debajo del 3 %. El dato clave es que el aumento del ingreso laboral no se tradujo automáticamente en una espiral de precios.
En México, bajo la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, el salario mínimo acumuló incrementos históricos: 22 % en 2022 y 20 % en 2023 y 2024. Aunque la inflación repuntó en 2022 y 2023, ese fenómeno estuvo asociado en gran parte al choque global de precios tras la pandemia y la guerra en Ucrania. Aun así, la inflación mexicana se mantuvo por debajo de los aumentos salariales, y en 2024 cerró en 4,88 %, con un nuevo incremento del mínimo.
Ecuador, durante el gobierno de Rafael Correa, también mostró una dinámica similar. En 2008, el salario mínimo subió 17,65 % y la inflación fue de 8,83 %. En los años posteriores, los ajustes continuaron mientras la inflación tendía a la baja, llegando incluso a 0,10 % en 2017. El contexto dolarizado del país introduce particularidades, pero refuerza la idea de que el salario mínimo no es, por sí solo, el motor de la inflación.
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El caso argentino es más complejo. Durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, el salario mínimo tuvo aumentos muy elevados —50 % en 2003 y más del 25 % en varios años— con inflaciones de un dígito durante buena parte de la década. Sin embargo, a partir de 2014, la inflación se aceleró con fuerza, influida por desequilibrios fiscales, controles de precios y distorsiones estadísticas. Aun así, el repunte inflacionario no puede explicarse únicamente por el salario mínimo.
El punto central que deja este comparativo es que el impacto del salario mínimo sobre la inflación depende del contexto macroeconómico, la productividad, la política fiscal y el manejo monetario, no solo del porcentaje del aumento. En varios países de la región, los incrementos buscaron recomponer el poder adquisitivo perdido, dinamizar el consumo interno y reducir la desigualdad, sin provocar el colapso inflacionario que suelen anticipar los sectores más críticos.
Para el debate colombiano, esta evidencia regional resulta clave. No demuestra que subir el salario mínimo sea una receta infalible, pero sí cuestiona la idea de que cualquier aumento significativo conduce, inevitablemente, a inflación descontrolada. La experiencia latinoamericana muestra que el salario mínimo puede ser una herramienta económica y social, siempre que esté acompañada de políticas coherentes y sostenibles.
