Con la expedición del Decreto 0858 del 30 de julio de 2025, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud y Protección Social, oficializa la adopción del Modelo de Salud Preventivo, Predictivo y Resolutivo, una medida que busca transformar la manera en que se organiza y presta el servicio de salud en Colombia, sin modificar el actual esquema de aseguramiento ni reemplazar el trámite legislativo de la reforma estructural. El decreto, aunque técnico, representa un giro político y operativo que responde a la necesidad urgente de reorientar el sistema hacia la atención primaria y territorial.
Este nuevo modelo, según el Ministerio, es coherente con los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo (Ley 2294 de 2023) y propone reorganizar los servicios de salud para hacerlos más cercanos a la gente, especialmente en regiones con débil capacidad en el primer nivel de atención. A través de la creación de las Redes Integrales e Integradas Territoriales de Salud (RIITS), se busca articular la atención entre prestadores públicos y privados, reducir la fragmentación del sistema, priorizar la prevención y dignificar las condiciones laborales del personal médico.
En esencia, el decreto no introduce una reforma estructural, ese debate continúa en el Congreso, pero sí materializa algunas de las medidas que desde el Ejecutivo se consideran urgentes para enfrentar la crisis de desfinanciación del sistema, marcada por la deuda creciente con prestadores, la tensión financiera de las EPS y el descontento generalizado de los usuarios. Se trata de una intervención administrativa que reconfigura el modelo operativo sin romper con el marco legal vigente.
Una respuesta ante la crisis y la inercia legislativa
El Decreto 0858 se expide en un contexto político en el que la reforma a la salud impulsada por el gobierno de Gustavo Petro ha sufrido múltiples tropiezos en el Congreso. Tras el hundimiento del proyecto inicial en la Comisión Séptima del Senado, y mientras se intenta avanzar con nuevas iniciativas, el Gobierno opta por activar los mecanismos que ya le permite la Ley del Plan Nacional de Desarrollo. En otras palabras, actúa dentro de los márgenes legales disponibles, sin necesidad de una nueva ley, para implementar un modelo que considera prioritario.
En términos prácticos, esto significa que el Ministerio comenzará a redistribuir recursos, asistencia técnica y capacidades institucionales a los territorios, priorizando aquellos con menor desarrollo del primer nivel de atención. También se contemplan inversiones en infraestructura hospitalaria pública, formación del talento humano y formalización laboral del personal de salud. La implementación será progresiva y se ajustará a criterios territoriales y diferenciales.
Para los usuarios del sistema, este modelo podría representar mejoras en el acceso efectivo y oportuno, especialmente si se logra disminuir la centralización del sistema y fortalecer la prevención de enfermedades. Sin embargo, los resultados dependerán en gran parte de la capacidad del Estado para ejecutar estas medidas en condiciones reales de cobertura, calidad y sostenibilidad.
Impacto y retos: entre el realismo y la expectativa
Aunque el decreto no desmonta a las EPS ni modifica la figura del aseguramiento, sí marca una ruta que pone en entredicho la lógica de intermediación financiera que ha dominado el sistema desde los años 90. Al orientar los esfuerzos hacia un modelo preventivo y territorial, el Ministerio apuesta por cambiar el centro de gravedad del sistema, pasando del hospital como lugar de urgencias al territorio como espacio de cuidado anticipado.
El impacto real dependerá de cómo se implemente el plan en regiones con debilidad institucional, conflictos de contratación o baja presencia estatal. La ejecución requiere una articulación compleja entre actores públicos, privados y comunitarios. También demanda una coordinación rigurosa con las gobernaciones y alcaldías, que no siempre cuentan con capacidades técnicas o voluntad política para ejecutar políticas nacionales.
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En ese sentido, el Decreto 0858 puede entenderse como una maniobra intermedia: no sustituye la reforma estructural, pero sí permite avanzar en una transición hacia un sistema más equitativo. Sin embargo, como todo cambio en política pública, su efectividad dependerá menos del papel y más de la implementación.
Lo cierto es que, en medio de la crisis del sistema de salud, el Gobierno ha encontrado en el decreto una vía para responder con acciones mientras el Congreso debate. Para los usuarios, el reto sigue siendo el mismo: que el derecho a la salud se traduzca en acceso real, en todo el territorio y sin barreras administrativas.
Imágenes: Archivo ENTER.CO
