En un momento donde la Inteligencia Artificial empieza a integrarse en decisiones cotidianas, Colombia quiere establecer reglas claras. No para detener el avance, sino para guiarlo con responsabilidad, ética y visión de país. Esa es la intención del nuevo proyecto de ley presentado por el Ministerio de Ciencia.
La propuesta busca crear un marco legal flexible y funcional para el desarrollo de sistemas de IA en Colombia. Pero no se trata de copiar modelos extranjeros. Aquí el énfasis está en adaptar la tecnología al territorio, a las capacidades locales y a la diversidad social y cultural del país.
Una de las apuestas centrales es la creación de una Autoridad Nacional para la IA. Esta entidad estaría liderada por MinCiencias, y tendría a cargo la clasificación de riesgos, la emisión de lineamientos técnicos y la operación de entornos de prueba controlados.
La clasificación por niveles de riesgo es clave. Los sistemas se dividen en cuatro categorías: riesgo crítico, alto, limitado y bajo o nulo. Cada uno tendrá condiciones de uso distintas, proporcionales al impacto que puedan generar en los derechos o la vida de las personas.
Por ejemplo, una IA que tome decisiones médicas deberá cumplir con altos estándares de supervisión humana y trazabilidad. En cambio, una aplicación que simplemente recomiende recetas de cocina podría operar bajo un régimen más liviano.
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El proyecto no solo se enfoca en lo técnico. También habla de derechos, diversidad, equidad y formación. Propone integrar contenidos sobre IA, ciencia de datos y pensamiento computacional desde la escuela básica hasta la universidad.
Además, promueve la inclusión de mujeres, comunidades rurales, personas con discapacidad y poblaciones étnicas. La idea es que el desarrollo de esta tecnología no quede en manos de unos pocos, sino que sea realmente nacional.
En el campo laboral, la ley establece que la automatización no debe vulnerar la dignidad de los trabajadores. Toda decisión relevante que tome una IA en el trabajo debe ser revisada por una persona. También se fomentan programas de formación para reconversión laboral.
Otro elemento novedoso son los sandbox regulatorios: espacios controlados donde las empresas y organizaciones podrán probar soluciones de IA de alto riesgo con acompañamiento institucional. Así se promueve la innovación sin perder de vista la seguridad.
El texto también toca la propiedad intelectual y la trazabilidad ética de los datos. Busca proteger tanto a quienes desarrollan sistemas como a quienes proveen información, imágenes o contenidos utilizados para entrenarlos. El uso de licencias abiertas será promovido cuando sea viable.
En vez de crear nuevas entidades, la supervisión recaerá en instituciones que ya existen, como la Superintendencia de Industria y Comercio. Y antes que sancionar, se dará prioridad a la orientación técnica y a la corrección voluntaria de errores.
Aunque se contempla una actualización puntual del Código Penal, esta se limitaría a casos graves donde haya daño intencional. El objetivo es evitar el castigo a la experimentación y no frenar la evolución tecnológica.
El proyecto también promueve la participación de Colombia en escenarios internacionales de gobernanza y ética en IA, siempre desde un enfoque soberano. Es decir, cooperar sin renunciar a las particularidades del contexto colombiano.
A diferencia de otros marcos regulatorios, aquí la innovación no está en jaque. La ley no impone un “freno de mano”, sino que define rutas seguras para avanzar. Con normas que protegen, pero también habilitan.
Sectores como salud, educación, agricultura y logística podrían verse profundamente transformados si este marco se aplica con seriedad. Pero más allá de lo técnico, el proyecto busca que la IA esté al servicio de las personas.
Esta podría ser la primera ley en Latinoamérica que le apuesta a una IA con rostro humano, pensada desde el territorio y no desde el escritorio. El debate ya está abierto. Lo que está en juego es cómo queremos convivir con la tecnología que ya está aquí.
Imagen: MinCiencias
